El decreto antidesahucios de IU y los velociraptors del PSOE

El decreto-ley de función social de la vivienda, el decreto antidesahucios, aprobado esta semana por el Gobierno andaluz ha supuesto un espaldarazo para un “bipartito”, como le gusta llamarlo al PP, que con unos presupuestos ajustados al céntimo parece que ha sabido dar en la tecla para poner fin a un drama. Y lo hace poniendo contra las cuerdas a la banca, ese enemigo común y principal responsable de esta crisis. Pero este éxito normativo, este “sí se puede” que ha despertado el interés de otras comunidades, tiene otras lecturas. Ha puesto a Andalucía en ese mapa geopolítico dominado por Cataluña y País Vasco. Y las tiene partidistas: de puertas adentro en IU; de puertas afuera para el PSOE, y ambas en el caso del PP.

Para la coalición de izquierdas este decreto da brío a ese pacto con el PSOE que se firmó justo hace un año. Costó conseguirlo. La alianza con los socialistas revolvía las tripas a muchos. Se hizo una consulta a las bases. Hubo una importante movilización de los mandos superiores en el organigrama de la coalición: era el momento de dejar la oposición y demostrar capacidad para gobernar. Hubo un 80% que dijo sí. Pero el proceso levantó ampollas. Como ese referéndum alternativo capitaneado por la CUT-BAI de Sánchez Gordillo que no tuvo mucho recorrido, y que se materializaría en un voto nulo a la investidura de Griñán como presidente.

Ahora con este decreto se acallan algunas voces, aunque no todas, que estaban protestando ante la falta de resultados. Es verdad que la lentitud para que la maquinaria gubernamental se engrasara, las estrecheces presupuestarias, y el caso de los ERE, in crescendo en imputaciones y encarcelamientos coincidiendo con el retorno de la juez Alaya, estaba atascando el cogobierno. Por eso, Valderas reclamaba una y otra vez en los últimos meses que había que dar un “impulso”. Y el primero ha sido este decreto. Pero vendrán otros. A la vuelta de la esquina está el decreto de solidaridad alimentaria y el de transparencia y participación ciudadana, donde estarán incluidas las consultas populares.

Tras estos golpes de efecto, IU se crecerá, como ya lo está haciendo, en intención de voto. Pero siempre quedará espacio para el que ve la botella medio vacía. La CUT sigue en las mismas: “Una medida por sí sola (el decreto antidesahucios) no justifica que se esté apuntalando a un Gobierno que recorta día a día y que tiene más paro que hace un año”.

El PSOE, en cambio, ha demostrado con este decreto que es un auténtico velociraptor. Un dinosaurio del Cretácico, traducido del latín como un ladrón veloz, que ha sabido apropiarse rápidamente del decreto al completo y presentarlo como una enmienda al proyecto de Deudores hipotecarios (el texto híbrido resultante de la fusión del proyecto de ley del Gobierno y de la iniciativa legislativa popular de dación en pago) que se tramita en el Congreso. Una maniobra astuta para rentabilizar el tirón mediático del decreto, pero que no deja de sorprender. Porque los socialistas andaluces han estado más que reacios a la ambiciosa redacción que había puesto sobre la mesa la consejera de Vivienda, Elena Cortés. Ella misma lo admitió. La negociación fue compleja, pero el texto ha salido tan “contundente” como ella misma esperaba. Había logrado que el PSOE no lo descafeinara.

Los socios, ahora, sacan pecho y se apuntan el tanto. Tanto, como para intentar diluir que las decisiones no son de uno, sino de dos. Y tanto, como para que Griñán, socialdemócrata convencido, vire más a la izquierda, se erija en su mayor defensor, y anime a Rajoy a importar esta medida al resto del país.

En este escenario, los populares son los que están noqueados. Sevilla y La Moncloa no reaccionan al unísono y ofrecen un discurso deslavazado. El Gobierno está pensando cómo paralizarlo vía recurso de inconstitucionalidad o bien como conflicto de competencias (fórmula que ven más probable algunos expertos), mientras dicen que el decreto es una copia de las medidas puestas en marcha por Rajoy. Por tanto, la coherencia se diluye. Y en Andalucía, aunque lo ataquen por el flanco de que tendrá pocos beneficiarios, en el fondo se afanan porque el recurso no vea la luz. Son conscientes de que se les puede volver en contra. Un sondeo de La Sexta ya lo apunta: seis de cada diez votantes del PP están a favor del decreto.