El doctor Casado contra el coronavirus Sánchez

Mientras Roma ardía, Nerón tocaba la lira. Eso cuenta la leyenda pero sigue siendo cierto: mientras el mundo conocido se derrumba y entramos en territorio comanche, la política sigue siendo un problema en lugar de la solución.

Tirios y troyanos siguen sin darse cuenta de que ocurra lo que ocurra –y nada será bueno--, unos y otros saldrán malparados de la crisis global del coronavirus porque ya hay demasiados muertos desenfocando el paraíso de las fotos amables. Claro que el Gobierno y su mando único tendrán que asumir la mayor responsabilidad política de esta catástrofe, pero tampoco se salvarán de la quema los presidentes autonómicos aunque mayor suerte –y la merecen—correrá la mayoría de los alcaldes, que hacen más de lo que pueden y de lo que saben, como suele ocurrir casi siempre. La gran hoguera inquisitorial que montaremos para la quema de culpables terminará convirtiéndose en una sopa de siglas.

Y si controvertidas resultan ya las indecisiones del Gobierno central a la hora de decretar el estado de alarma para así impedir una semana partidos de liga, manifestaciones del 8 de marzo y charlotadas de Vox en Vistalegre, entra en el terreno de lo pintoresco el hecho de que Pablo Casado, presidente del Partido Popular, se convirtiera esta semana en una mezcla entre Madame Curie y Gregorio Marañón, a la hora de sacar pecho por lo que los conservadores vienen haciendo con la salud pública española.

Pinocho en la pandemia

A estas alturas de la pandemia, los investigadores tienen algo claro: a Pinocho no le afecta el coronavirus aunque el tamaño de su nariz está superando ya la curva prevista. Esta semana, defendió a capa y espada que el PP haya hecho recortes en Sanidad ni siquiera “en los peores años de la crisis” y que estuvo a la altura en aquel momento histórico. No es lo que percibe la ciudadanía, ni siquiera sus propios votantes que aceptaron pulpo como animal de compañía y que tener un seguro privado en vez de un centro de salud sobrecargado podía equipararles a los más pudientes. En aquel viaje colectivo, pero con los neoliberales al volante, se movieron muchos euros y también se perdieron muchas vidas, aunque probablemente nunca llegue a concretarse ni su número ni su relación causa efecto.

Debería saberlo el máster Casado: una cosa son las declaraciones y otra, los datos. Como aquel célebre Real Decreto Ley 16/2012, que bajo el pretexto de promulgar “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, arrambló con la salud universal dejando fuera de cacho a los inmigrantes que supuestamente venían a contagiarnos sus bacterias.

También, negocio redondo, impulsó el copago farmacéutico, entre otras grandes restricciones que se vieron multiplicadas en algunas comunidades autónomas como Madrid, bajo el signo de las gaviotas o de los charranes.

La crisis, la bendita crisis. Y es que, en 2011, el Gobierno se comprometió ante la Comisión Europea a reducir el presupuesto español en más de 7.000 millones de euros. Mientras salvábamos a la banca, arruinábamos a los ambulatorios. Las mareas verdes sabían que, en 2015, el sistema sanitario español contaba con alrededor de 55.000 trabajadores menos. La falta de dinero se tradujo, claro, en cierres de quirófanos, consultas, plantas hospitalarias y otros desastres artificiales.

La cuantía del recorte en materia de salud estriba entre 13 y 20.000 millones € desde 2009, que fue el año de mayor presupuesto sanitario público, descendiendo mucho más allá que el PIB durante buena parte de aquel periodo, con casos tan extremos como el de Castilla La Mancha de María Dolores de Cospedal, que redujo el gasto sanitario por debajo del 28,5 por ciento, casi ocho puntos por debajo del promedio del resto del país.

La escasa salud de la derecha

Sin embargo, mucho antes de que Lehman Brothers se fuera a comprar tabaco y no volviese, en 1997, el primer Gobierno de José María Aznar ya abrió la puerta a que la prestación y gestión de servicios sanitarios y sociosanitarios pudiera “llevarse a cabo, además de por medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas”.

Claro que tan sólo cuatro años después de que el primer Gobierno del PSOE promulgara la Ley General de Sanidad en 1986, ya otros gobiernos de distinto signo como la droite divine de Jordi Pujol, impulsaron la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña, muy propensa a externalizar la cuestión.

Aunque tampoco muchos barones socialdemócratas se convirtieron, durante ese tiempo, en paladines demostrados de la salud pública, la derecha española se empeñó en privatizar la Salud y la Educación, las dos joyas de la corona. Se calcula, de hecho, que los gobiernos de Mariano Rajoy efectuaron recortes por más de 20.000 millones de euros en I+D+I, desaprovechando a la generación mejor formada de este país que terminó volviendo a emigrar a Europa, con el microchip de su inteligencia en lugar de un canasto y de una maleta de cartón.

Esta deriva afectó a toda la cadena sanitaria, de arriba abajo. Hasta hace un año, los informes oficiales hablaban de la temporalidad del trabajo sanitario con contratos de un mes, por ejemplo, alcanzando hasta al 70 por ciento de los médicos de familia y el 64% para otros especialistas, en algunos años escalofriantes. En 2017, sin ir más lejos, sólo el 6.9% de los contratos de los médicos de familia fueron indefinidos, según reconoce el propio Ministerio de Sanidad. Por no hablar de las 3.000 camas hospitalarias cerradas en la Comunidad de Madrid en los años de plomo de la recesión.

Los recortes de Madrid

Según el Observatorio Madrileño de Salud, la Comunidad de Madrid, zona cero del coronavirus en España, durante la legislatura autonómica de 2014 a 2019, la destrucción de la estructura de la salud pública en dicha región fue sistemática. De hecho, en 2019, si la autonomía madrileña hubiera querido equipararse al promedio per cápita que gastaron en salud las otras comunidades, le hubieran faltado 1.400 millones de euros, ya que aprobaron 8.106 frente a la media de 9.514 de los gobiernos periféricos.

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), en base a datos de 2015, intentó establecer una comparativa entre las distintas comunidades autónomas en esta materia, a través de una serie de variables extraídas de fuentes oficiales. Y, como resumen, puede decirse que Madrid, Cataluña, Galicia y Baleares plantean un alto grado de privatización sanitaria, mientras que Canarias, País Vasco, Aragón, Valencia –que maquilló durante veinte años su pobre gasto sanitario--, Cantabria, Navarra y Rioja presentan un grado intermedio. Con bajo grado, la supuesta España roja de Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha o Extremadura, aunque también las privatizaciones se incrementaron en dichos territorios, al tiempo que se multiplicaban en el resto. En conjunto, entre 2009 y 2013, se produjo un recorte presupuestario del 13,7 por ciento en la salud de las distintas autonomías.

Pero los lobbies privados también han entrado a saco en el Gasto Sanitario Público. En los 5 primeros meses de 2015 los distintos gobiernos autonómicos auspiciaron una deuda con los proveedores sanitarios próxima a 6.309 millones de euros. Por no hablar de las farmacéuticas y la profunda aversión del PP a las subastas de medicamentos.

Así las cosas, el problema no estriba en qué rentabilidad política intentan sacar los diferentes partidos de esta catástrofe. No creo que una población aterrada por el coronavirus salga de sus casas aceptando que el desgaste de la salud pública se siga perpetuando. A menos que, como el caso de Pablo Casado cuando muta en Doctor Extraño, intente convertir en simples anginas la lepra sobre el sistema sanitario público que su partido extendió especialmente durante la última década. Si hay alguien todavía que crea su relato es que decididamente el confinamiento del coronavirus afecta de una manera u otra a la salud mental.