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Opinión - Vivir sobre un polvorín. Por Rosa María Artal
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Muertes en centros de menores

Vídeo grabado hace años por ex empleados del centro Tierras de Oria para denunciar los maltratos y por cuya difusión estos denunciantes van a ser juzgados.

María Iglesias

Ya sé que el tema estrella es el desacuerdo suicida de las izquierdas y sus crudas consecuencias: gente que morirá con dolor, no podrá pagar el piso, ni alimentar a sus hijos, jóvenes sin beca, trabajadores con menos sueldo que hace una década, bajo un aire irrespirable. Frente a esto, la muerte de un hombre aparece como daño colateral del sistema. Aunque tuviera 18 años y estuviera bajo tutela del Estado. Ser migrante, marroquí, humilde, moreno, sureño minimiza la pérdida. Así de bestia.

Ha muerto Ilias T. en el centro Tierras de Oria (Almería). Dice el informe preliminar de autopsia, que atado a la cama, boca abajo, “reducido por seis guardias” y con “signos asfixiáicos generales”. El forense “no descarta la compresión abdominal o la sofocación con almohada/colchón”. El centro lo gestiona Ginso que, en su web se dice “asociación sin ánimo de lucro”. La empresa es la misma a quien se le murió otro joven de 19 años en su centro de Brea de Tajo (Madrid) en 2011. Pero la titularidad de Tierras de Oria es de la Junta de Andalucía. Y este centro almeriense tiene preocupantes antecedentes, como prueba la denuncia de tres ex empleados y un ex interno con vídeos de hace tres años de la contención de dos menores atados con gomas rogando “por favor” que se las quitaran. Un caso en el que los que van a ser juzgados son los denunciantes del maltrato.

El Defensor del Pueblo alertó en marzo. Hasta el Comité de Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa testimonió en 2017 que “en Tierras de Oria se sujetaba a la cama, boca abajo, con los tobillos y muñecas (y a veces el torso) atados con correas (...) Los menores no podían ir al baño mientras estaban sujetos y (…) se veían obligados a orinarse encima”. “Trato degradante o inhumano”, según el CPT, al “que las autoridades deben poner fin”. 

Los tribunales juzgarán. Con su celeridad habitual. Pero, hay que exigir respuestas a las autoridades de Gobierno, institucionales, administrativas.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Justicia, Juan Marín (Ciudadanos) dijo al trascender la muerte que el joven había convulsionado y cuando el personal le ayudaba sufrió un infarto. Lo que el informe forense ha desmontado. Luego silencio.

Falta también pronunciamiento de esos gobiernos del PSOE que el pasado otoño sembraron votos para el fascismo al defender las deportaciones de menores:

- El que fue Ejecutivo andaluz hasta diciembre, 37 años, con la ex presidenta Susana Díaz y su ex consejera de Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio que, antes de perder el poder, defendían las expulsiones ilegales con el  peregrino símil de que las familias españolas querrían que Alemania devolviera a sus hijos si se fugasen.

- Y el Gobierno de Pedro Sánchez, cuya secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, defendió también esas devoluciones, y cuya secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ya tarda en salir a comprometerse con que no morirá un menor más en centros pagados con impuestos para protegerlos. O la vicepresidenta Carmen Calvo, abanderada de principios éticos y feministas. ¿Por qué no se compromete con Khadija, madre de Illias, vecina de Algeciras, a acabar con el infierno de “sótanos de castigo” y “pies negros de tan apretados” intolerable en este país democrático, cuarta economía de la UE?

Obviar las muertes y que Marruecos es país de origen

Adelante Andalucía y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exigen el cierre de Tierras de Oria. Pero en plena campaña de la ultraderecha de Vox para criminalizar a los menores migrantes con bulos –denunciada por el Defensor del Pueblo y Unicef-, se prefieren obviar los cadáveres en el armario. Eso y que la mitad de cuantos llegan en pateras, y el 68% de los 13.012 menores migrantes tutelados son de Marruecos, país al que se paga para que frene a los subsaharianos.

¿Por qué la inversión europea no dará resultados? Inexplicable, ¿no? Con la democracia, libertad, derechos humanos que incentiva nuestra diplomacia en el socio prioritario. Y lo que España y la UE apoyan su crecimiento, con acuerdos como el que el ministro Planas anuncia de que “a final de mes los pescadores andaluces, gallegos y canarios podrán volver a faenar en los caladeros de Marruecos”.

La ciudadanía se inhibe sobre migración porque lo ve un tema complejo y lejano. Pero Ilias ha muerto aquí, a nuestro lado. Evitar su muerte no habría sido difícil y si seguimos pasando no podemos ser tan ingenuos de esperar que los menores no escapen de los centros y puedan acabar en la calle, drogados o enfermos mentales.

Sin ir a la raíz, cosecharemos bien cerca frutos del éxodo. Dan testimonio de ello los bañistas de Matalascañas (Huelva) que el domingo se toparon con la insólita llegada de una patera a su playa: 23 supervivientes de 40, una de ellas embarazada. Dos eran senegaleses y 21 compatriotas de Khadija, madre de Illias, el daño colateral.

Por cierto, la persona que hace 20 años utilizó las palabras “daño colateral” (concepto que apareció por primera vez en 1961) y les dio resonancia internacional en el conflicto de los Balcanes, Javier Solana, acaba de ser premiado con presidir el Patronato del Museo del Prado. Sin duda coherente con la maestría que alcanzamos, como sociedad, en el arte de la perversidad.

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