El juez abre diligencias para investigar el destino de 300.000 euros de una cuenta de la Junta

La actuación judicial se inició a raíz de la denuncia interpuesta el 1 de febrero por el actual titular de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono, quien deberá prestar declaración en calidad de perjudicado el próximo día 30 para ratificar el contenido de la citada denuncia.

Las irregularidades en la cuenta bancaria, de aprovechamientos forestales e intervención en montes públicos, y los “muchísimos movimientos supuestamente delictivos”, se detectaron durante el proceso de fusión de los departamentos de Agricultura y Pesca, y Medio Ambiente de la Junta andaluza en Almería.

“La secretaria de la Delegación me lo comunicó y yo lo puse en conocimiento inmediato de los servicios jurídicos para interponer la denuncia”, ha indicado a Europa Press Ortiz Bono, quien ha precisado que se trata de una cuenta que “no se ha sometido a fiscalización y en la que se han registrados muchísimos reintegros sin justificar y sin memoria que detalle a qué se destinaron”.

Según publica este miércoles la prensa local de Almería, en la denuncia de la que deriva la incoación de diligencias previas por parte de la juez Alejandra Dodero se indica que, con el exdelegado Clemente García al frente de Medio Ambiente, se produjeron movimientos por un valor de 180.000 euros mientras que, bajo responsabilidad de su sucesora en el cargo, Sonia Rodríguez, se habrían defraudado presuntamente unos 100.000 euros.

La citada denuncia recoge que, durante un breve periodo con Ortiz Bono, los movimientos sospechosos en esta cuenta, donde se ingresarían las tasas de aprovechamientos de montes públicos que pagan los cazadores, habrían llegado a los 20.000 euros.

En este sentido, en declaraciones a los periodistas la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Sonia Ferrer, ha revelado que los poderes para operar en la cuenta y emitir “cheques al portador” lo ostentaban “un funcionario y un cargo político”.

Ferrer ha trasladado que la cuenta “está ya normalizada y sometida a fiscalización” y que tendrá que ser la juez instructora de la causa la que dirima la naturaleza delictiva de los hechos, “quienes son los responsables y si se produjo o no adecuado control” de los fondos.

“La Junta es la primera interesada y está deseosa de que se aclaren los hechos, de que se depuren responsabilidades y de que quien la haya hecho, la pague”, ha indicado al tiempo que ha subrayado la necesidad de “diferenciar entre la institución y las personas que pudieron cometer el delito”.

En la misma línea se ha expresado Ortiz Bono, quien ha asegurado que la denuncia viene motivada por la “obligación y el convencimiento en defensa de la transparencia e intereses públicos”. “Queremos que cuanto antes esos fondos se reintegren en las arcas públicas y demostrar que se puede confiar en la clase política”.