El paisaje de casos de corrupción en Cádiz
Como ha sucedido con otras provincias, la de Cádiz no ha sido la excepción en el apartado de la corrupción. Han sido muchos los casos que han florecido en la última legislatura. Son varios los salpicados que siguen siendo candidatos de sus partidos, con el correspondiente amparo de los mismos.
El nombre de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, apareció recientemente vinculado a un caso que dio mucho que hablar a nivel nacional. Santiago Cobo, marido de la alcaldesa de Cádiz, preside desde hace seis años la sociedad Donald Inversiones, una sicav investigada por la Agencia Tributaria en el caso de Rodrigo Rato. Preguntada al respecto, la alcaldesa afirma que ella responde de sus actividades políticas como alcaldesa y como diputada y que su marido “de sus actividades, responderá si lo cree necesario. La oposición puede decir lo que quiera pero no tengo por qué contestarles, ya les contestaré cuando lo crea oportuno. A los familiares de los políticos, desde hace años, se les hace un verdadero escrutinio de qué hacen o qué no hacen”. Bien es cierto que la alcaldesa no ha sido imputada ni implicada.
Otro asunto que ha dado mucho que hablar en Cádiz capital ha sido el conocido como Caso Matadero, en el que la justicia vio indicios de prevaricación por intento de adjudicación arbitraria de unos pisos sociales. Hace unos días trascendió la noticia de que el Ayuntamiento de Cádiz no había podido entregar los documentos que le ha solicitado el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz en relación con la adjudicación de los 102 pisos de la promoción de Matadero porque un virus borró los archivos informáticos. Sin embargo, al día siguiente los concejales Carmen Sánchez y Juan José Ortiz se personaron en comisaría para facilitar la documentación que reclaman los agentes que investigan una posible prevaricación. Carmen Sánchez es una de las dos ediles que la Fiscalía pidió que fuera interrogada. Ella y su compañera del equipo de Gobierno municipal, Carmen Colombo, fueron señaladas por la Junta de Personal como las artífices de las presiones que recibieron supuestamente los técnicos del área de Servicios Sociales para que alteraran el sistema de elección de familias adjudicatarias de viviendas.
También en la capital, Marta Meléndez, concejala del grupo municipal socialista, fue imputada en 2014 por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, cooperación necesaria en un delito de malversación de caudales públicos y cohecho en su labor de administradora de Gestión de Servicios del ISE (infraestructuras y Servicios Educativas). Ha sido apartada por el partido y no figura en la lista para el día 24.
Ya fuera de la capital, el alcalde de San Roque y candidato del PSOE a la reelección, Juan Carlos Ruiz Boix, tendrá que declarar en calidad de imputado ante el Juzgado Mixto número 2 de San Roque el 3 de agosto por los supuestos delitos de coacciones y prevaricación. Según la notificación de la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial, el regidor está imputado por los presuntos delitos de coacciones y prevaricación tras expulsar de un pleno, en el mes de febrero de 2013, a un empleado municipal que intentó grabar el mismo a través de su móvil cuando se producía una protesta de agentes de la Policía Local.
La alcaldesa de Rota, la popular Eva Corrales, ha sumado un tercer auto de procesamiento, en el que un juez la acusa de prevaricación y malversación de caudales públicos en la adjudicación de obras a un empresario, un caso que supone el cuarto frente judicial abierto contra. Ya fue juzgada por el caso “horas extras” junto a su socio de gobierno Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos). El fiscal anticorrupción ha pedido para ella una condena de 4 años y 8 meses de prisión y quince de inhabilitación y la acusa de disfrazar deliberadamente un contrato ilegal con un funcionario municipal.
En Jerez, las sospechas se ciernen sobre la alcaldesa, María José García-Pelayo, después del último informe de la Intervención General de la Administración del Estado, donde se ratifica las irregularidades en el proceso de contratación de FITUR 2004 cometidos por el Ayuntamiento de Jerez.
La misma ciudad fue noticia después de que la Audiencia Provincial de Cádiz condenara a cuatro años y medio de cárcel a la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez por varios delitos relacionados con las ayudas que concedió a una empresa para que se instalara en la ciudad. Es la segunda condena para la exregidora de Jerez, que el año pasado fue condenada a dos años de prisión por fraude y prevaricación en el desvío de fondos del plan E para pagar gastos corrientes municipales.
Por otro lado, el alcalde de Barbate, el socialista Rafael Quirós, ha tenido que declarar este mismo año como imputado por prevaricación en un asunto donde se investiga la adjudicación del servicio municipal de gestión de viviendas declaradas en régimen asimilado fuera de ordenación (AFO) a una empresa privada. La lista es interminable y abarca, entre otros, a la andalucista Maribel Peinado (Puerto Real) y al socialista Antonio Verdú.
