Jarsia: la cara más social e integradora del derecho andaluz

Pastora Filigrana es mujer y gitana. Una cara visible de ese 1% de las personas de etnia gitana con estudios universitarios que, tras años de carrera en la abogacía, decidió emprender junto a dos socios y crear una cooperativa de abogados. “El abogado es el autónomo por excelencia y a nosotros nos gustaba la idea de crear una cooperativa porque nuestra filosofía de trabajo también lo es y queremos trabajar en esa dirección”. La crisis ha reformulado el mundo de la abogacía y en Andalucía poco a poco se van creando despachos de abogados bajo esta fórmula jurídica. “Creo que por ahora hay cuatro en activo. Dos en Sevilla, una en Granada y otra en Málaga”, apunta esta sevillana firme defensora de los derechos sociales y de la mujer.

“En mi familia, mi hermana y yo somos la primera generación con estudios superiores”, explica. “Nos han animado muchísimo y poco a poco hay más mujeres gitanas con estudios, el porcentaje es mayor respecto al hombre gitano”, apostilla. Un 80% de las personas de etnia gitana que acceden a la universidad son mujeres. Son datos de la Asociación de Mujeres Gitanas UniversitariasAsociación de Mujeres Gitanas Universitarias, entidad a la que Filigrana ha pertenecido. “Mi paso por la Federación me orientó quizás a elegir la vertiente más social del derecho”, afirma.

“Con el pueblo gitano sigo trabajando realizando asesoría jurídica para las asociaciones”, cuenta. Jarsia Abogados ha impulsado un proyecto innovador (cuenta con la categoría de I+E de la Consejería de Economía e Innovación) trabajando con asociaciones de vecinos, culturales y pequeños sindicatos. Según Filigrana, “nos centramos en la defensa del trabajador, aunque también llevamos casos penales, civiles y administrativos”. Algunos de los colectivos con los que trabajan son, por ejemplo, las unidades locales del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), la CGT, la CNT o Ecologistas en Acción.

Antes de impulsar esta cooperativa, estos jóvenes abogados ya formaban parte de la Asociación de Juristas 17 de marzo, por lo que siempre han mostrado una especial sensibilidad hacia el compromiso político y social de su profesión. “Como creemos en la función social de la vivienda, que además es un derecho fundamental, hemos defendido los derechos de las familias de la Corrala Utopía”, cuenta. “Como observadores de los derechos humanos queríamos defender una causa en la que creemos y que visibiliza la situación en la que se encuentra ahora la ciudadanía para acceder a la vivienda”, añade.

Pastora abunda en un tema de especial trascendencia estos días, más si cabe cuando el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso del Gobierno central que paraliza el Decreto antidesahucios impulsado en los últimos meses por la Junta de Andalucía. “Sólo en el centro de Sevilla hay 22.000 viviendas vacías. Eso nos da una pista de cómo la vivienda se está utilizando con fines especulativos”, explica. “El decreto no es la panacea porque realmente la solución tiene que llegar por los niveles legislativos más altos. El Gobierno central tiene la obligación política y social de legislar respecto a este tema”, remarca. Para Filigrana, “la salud o la alimentación, como la vivienda, no se pueden someter al poder adquisitivo”, sostiene.

Esta abogada admite que emprender no es tarea fácil: “Supone toda una labor de investigación burocrática. En aquel momento acababa de cambiar la Ley de Cooperativas y los mismos técnicos de los servicios de la Junta y el Ayuntamiento tenían dudas. Fue una decisión personal y estamos contentos porque, por ahora, hemos ido cumpliendo el plan de empresa que elaboramos con los servicios de emprendimiento de la Junta especializados en cooperativas”.