Es la misma historia del uso y el abuso de una tierra y una gente. Como si se tratase de otra de las antiguas potencias coloniales, la historia del vertedero de residuos tóxicos de Nerva es una nueva vuelta de engaños y despotismos desde hace treinta años.
Y a la vez de tesón, orgullo y dignidad de un pueblo. El que tiene el récord de constancia y resistencia a un proyecto que sólo sirve para esconder la peor basura de nuestro sistema de consumo y agotamiento de los recursos. El pueblo de Nerva, para evitar que en su suelo se enterraran miles de toneladas de residuos tóxicos, se echó de manera persistente más de 1.000 veces a la calle. Porque tantas o más fueron las manifestaciones, muchas de ellas prohibidas por la Junta de Andalucía. Hubo que pedir a los tribunales el derecho constitucional a manifestarse. La tensión social generada fue aprovechada por los intereses económicos y las empresas concesionarias para chantajear a algunos, dividir a los vecinos y enquistar diferencias que obligaron a demasiados a abandonar su tierra porque el clima se hizo irrespirable.
El vertedero se puso en marcha. A menos de 1.000 metros de las viviendas, junto al río Tinto. Las obras tuvieron que ser custodiadas por los Grupos de Reserva de la Guardia Civil. Y durante estos últimos veintidós años, las administraciones y las empresas que lo explotan han incumplido sistemáticamente lo prometido y lo firmado. Ninguna se salva. La rentabilidad económica del basurero tóxico por encima de cualquier criterio. Abengoa, Terraire, Befesa, Triton Partners y Ditecsa. Y en las entrañas de la cuenca minera hay hoy inyectadas miles de toneladas (ninguna fuente oficial ofrece una cifra precisa) de residuos tóxicos y peligrosos que son la más cancerígena herencia para las futuras generaciones. Miles de toneladas procedentes de las más recónditas industrias químicas europeas.
Los momentos complicados en los que la atención pública está volcada con otros asuntos suelen ser aprovechados por los que utilizan el poder con irresponsabilidad para tomar decisiones arbitrarias e interesadas. Así ha ocurrido con la aprobación del decreto-ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía que en pleno estado de alarma en primavera ha modificado o derogado parcialmente 21 textos legislativos y seis decretos que afectan a toda la actividad económica, especialmente al ámbito medioambiental, comercial o urbanístico y que ha favorecido que, de manera rápida y sibilina, la Junta haya sacado a información pública en abril la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, pues DSM Soluciones Medioambientales de Ditecsa, la empresa gestora desde 2017, propone un proyecto que denomina “de mejora”.
La intención es ampliar el vertedero en volumen y a lo largo del tiempo, esto es, mayor cantidad de residuos, mayor variedad de residuos. El objetivo que buscan es lograr que la cuenca minera sea el cementerio latente más grande y peligroso de Europa. Por eso la respuesta social ha sido amplia y contundente. Más de veinte entidades han presentado alegaciones al proyecto, el pueblo de Nerva ha vuelto a echarse a la calle de manera unánime. La dignidad de Huelva y Andalucía quieren decir alto y claro “NO” a este atropello tan mezquino, tan cruel.
La política de menosprecio que desde el principio se ha llevado a cabo para poner en Nerva el vertedero, en contra de la opinión de los habitantes del territorio, en contra de todos los criterios éticos y de responsabilidad pública tiene que acabar. La ampliación del proyecto no puede llevarse a cabo, supone una irresponsabilidad con el territorio, con su gente, con los que vendrán. Va siendo hora de que las administraciones públicas ejerzan su obligación de velar por la integridad del territorio, por la salud de la población, la actual y la futura. Basta de rendir tributo y pleitesía a los intereses económicos de unos pocos a costa de la inmensa mayoría. La cuenca minera de Huelva hace siglos que lleva marcada en su piel el extractivismo, el vampirismo de los que se llevan la riqueza y dejan miseria, y en este caso, contaminación de por vida.
En las próximas semanas se hará pública la valoración de las alegaciones que las entidades de la sociedad civil han hecho en tiempo y forma, oponiéndose de manera clara y con argumentos contundentes, convincentes y conforme a la ley y la normativa vigentes. Será el momento en que la administración pública andaluza y su Gobierno se retrate y evidencie con ello si está con su gente o con los que quieren llenarse los bolsillos a costa de los onubenses. Si es esta última opción, se encontrarán con una respuesta firme y permanente de los nervenses, onubenses y andaluces, cuya unión logrará que, entre todos resuene hasta el último confín QUEREMOS EL CIERRE DEL VERTEDERO EN NERVA.
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