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La modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía frente a la Constitución y contra los medios públicos locales

Estudio de radio

El Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado 9 de marzo el Decreto-ley 2/2020, por el que modifica 21 leyes autonómicas y 4 decretos, que recibió en medio del estado de alerta por la pandemia de la COVID-19, la convalidación de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, hurtando la posibilidad de ser tramitado como proyecto de ley para ser debatido en profundidad por los grupos parlamentarios, alegándose una urgencia cuestionable social, política, económica y jurídicamente.

Entre los preceptos modificados por este Decreto-ley, el Gobierno de España, ha planteado la posible inconstitucionalidad de algunos de ellos y en concreto de aquellos que modifican la legislación sobre Patrimonio andaluz y la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía (LAA), una ley que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, después de un intenso trabajo de consenso con el sector y la sociedad civil, entre los más relevantes de la última década.

El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional admitido a trámite con la consiguiente suspensión de la entrada en vigor de los preceptos recurridos, no ha entrado en analizar uno de los más flagrantes ataques a la pluralidad y la competencia en el sector audiovisual andaluz y por extensión español, al no cuestionar la modificación del artículo 46 de la Ley Audiovisual de Andalucía que ahora posibilitará la “privatización” del servicio público de comunicación audiovisual local, mediante la adjudicación de este servicio para su prestación por empresas privadas para su gestión indirecta o mediante acuerdos público-privados.

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Carta de una Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería del Hospital Virgen Macarena

Hospital Macarena

Necesito decir lo vivido, necesito gritar lo que siento. Hemos vivido auténtico pánico por no estar protegidos, pánico a la actitud de los que supuestamente nos protegen, pánico de ver el sufrimiento del paciente COVID-19. ¡Entra dentro de mi profesión! 

Esta carta está llena de calma, hablo desde el corazón, no desde la rabia vivida. Cada día me pregunto “¿Hemos aprendido algo? El ciudadano, el profesional y ¿el político? ¿Hemos aprendido?”. La COVID-19 nos dejó al ser humano un mensaje cruel y a la vez justo; él no entiende de poder.

Miro hacia delante y veo que volvemos a lo mismo: la política incapaz de reconocer errores, los grandes jefes de la sanidad -“los todopoderosos del Olimpo”- esos que desde sus casas han tenido desprotegido al personal sanitario ¡Ah no, perdón que es mentira! ¡Ah no, perdón, son errores de información!

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En Podemos Sevilla luchamos por los derechos de la gente

Ayuntamiento de Sevilla

En Podemos, un partido democrático y plural, saludamos la crítica compañera y fomentamos la autocrítica, como método de debate y acercamiento de posiciones. Las contribuciones siempre son bien acogidas, sobre todo, si se expresan mediante los canales de participación democrática establecidos, como son la asambleas. Por eso llama poderosamente la atención que compañeros que nunca antes plantearon en dichos espacios crítica alguna acudan a medios de comunicación en medio de un proceso andaluz de renovación de órganos de dirección.

Ahí está la clave del asunto. Personas que han sido incapaces de presentarse pero que sí utilizan la prensa para atacar nuestro proyecto político. Personas que utilizan un círculo sectorial, legalizado por la dirección saliente de Anticapitalistas, que ya ha abandonado Podemos, para seguir creando malestar en lo interno, justo cuando nuestras energías como partido están concentradas en el afuera y lo hacemos desde la acción de Gobierno, desde las instituciones pero también desde la movilización social.

Porque nos preocupa el presente y el futuro de la gente trabajadora, a la que nos debemos. Y por ello, estamos contribuyendo con todas nuestras energías a dar respuesta a la dramática situación económica que vivimos ocasionada por la pandemia del COVID-19.

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Vivir de nuevo

Delegada del Gobierno en Andalucía en la Plaza de España /Foto: Delegación

Hemos vivido semanas llenas de dolor y de resistencia que nos han puesto a prueba y nos han demostrado lo insignificante que es cualquier cosa que no sea la propia vida. Así que, en primer lugar, como delegada del Gobierno de España en Andalucía, quiero agradecer el esfuerzo y la responsabilidad con la que el conjunto de la sociedad andaluza ha respondido a este inmenso desafío.

Estamos siendo ejemplo de sacrificio y de solidaridad, de disciplina y de paciencia. Estamos demostrando la fortaleza que nos caracteriza, desde la certeza de que de esto también se sale, a pesar de las ausencias y las cicatrices que nos va dejando la pandemia del COVID-19.

Escribió Blas Infante que “Andalucía es un pueblo amante de la vida”. Y nuestra historia delata todas las lágrimas que hemos derramado, todo el sudor con el que hemos sembrado y toda la sangre con la que hemos abonado nuestra tierra. Así ha crecido nuestra esperanza, nuestro verde. Así hemos hecho Andalucía.

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Sevilla necesita un Podemos de la calle, no de los sillones y de las comisiones

Ayuntamiento de Sevilla

Vivimos unos tiempos en los que la gente a la que representa Podemos, la gente de abajo, tiene por delante un panorama muy negro si no se organiza en una lucha por unas condiciones de vida dignas que deje atrás los parámetros capitalistas según los cuales la economía depende de los beneficios de la élite.

Estos momentos convulsos están marcados por la reacción de la derecha, que está ensayando una movilización contra el Gobierno progresista, que ha tomado algunas medidas en favor de los trabajadores y la juventud. Lo va a hacer en defensa de los intereses de las élites, pero usando la demagogia, que debe ser combatida conscientemente por una fuerza política armada no sólo de razón sino también de voluntad popular. Esta misión corresponde a Podemos, respondiendo a su espíritu original. No hacerlo, o tratar de hacerlo con participación en comisiones con la “otra derecha”, sólo dará más cancha a la ultraderecha.

El papel de Podemos no es hacer política a la vieja usanza. No es parecerse a la izquierda acomodada en las instituciones y absorbida por su lógica. Sin embargo, la secretaria general de Sevilla, Susana Serrano ha llevado a ese punto a la organización en el que Podemos ni se plantea organizar la movilización popular.

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El Consejo Audiovisual de Andalucía entre el zugzwang y el harakiri

La renuncia del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) a responder nueve preguntas sobre la Ley Audiovisual de Andalucía, formuladas por asociaciones y entidades del ámbito audiovisual presentes en Andalucía (prácticamente todas las existentes junto a otras organizaciones significadas de la sociedad civil, 27) integradas en la Plataforma en Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía (PDCPA), constituye un caso único en la historia de esta autoridad independiente reguladora creada por el Parlamento de Andalucía en 2004 y pone en evidencia, tal vez por impericia, cierta subordinación en las obligaciones del CAA.

La modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía de 2018 (LAA) mediante el Decreto Ley 2/2020 de nueve de marzo, aprobado por la Diputación Permanente el 2 de abril en ausencia de un debate social, sectorial y parlamentario, sin un mínimo análisis que oriente verdaderas razones para este cambio realizado por el Gobierno andaluz, supone sin duda un atropello que no solo ataca la pluralidad del mapa audiovisual y los derechos de acceso de la ciudadanía dando estatus de legalidad a irregularidades muy graves, sino incluso a la regulación básica del Estado al invadir competencias exclusivas relacionadas con el uso del espectro radioeléctrico, la obligatoriedad de disponer de título habilitante, y la concesión obtenida en concurso público para poder emitir, entre otras.

El silencio del CAA llama la atención (salvando el voto discrepante de cuatro consejeros nombrados a propuesta por el PSOE y Adelante Andalucía) ante una modificación que propone alterar radicalmente el mapa audiovisual por la dejación de funciones y considerar que la obligación de responder corresponde al Parlamento de Andalucía, interpretando que al estar en cuestión una “Ley” aprobada por el órgano parlamentario le corresponde a éste responder. El trabajo del Consejo se fundamenta en la observancia del cumplimiento de la ley, por lo que este razonamiento cae por su propio peso, teniendo además en cuenta que sus decisiones no son vinculantes.

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Carta al presidente de la Junta de Andalucía: cuidar lo colectivo

Árboles detrás de San Telmo /Paco Casero

Estimado presidente:

Es conocida y reconocida la costumbre del pueblo andaluz de cuidar lo colectivo. En mi pueblo, una de las primeras tareas de la mañana de los vecinos consistía en barrer y limpiar la acera, el arbolado y el trozo de calle correspondiente a cada vivienda.

Similares hábitos se han mantenido tradicionalmente en muchos lugares en el cuidado de jardines, plazas, calles y espacios comunes. Son numerosos los edificios públicos y comunitarios que se han venido encalando mediante trabajos comunitarios y voluntarios. Una costumbre muy extendida y que distingue a Andalucía, por su esmero, cuidado y respeto de lo que es de todos a la vez que es una seña de identidad y una manera de reforzar la convivencia.

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Julio Anguita y la Mezquita

La Mezquita-Catedral

Una buena definición para el mejor alcalde que ha tenido Córdoba en la época contemporánea sería el de un gobernante al servicio de su pueblo y de lo público. En los últimos años Julio Anguita pidió incansablemente que se cumpliera la Declaración Universal de los Derechos Humanos así como la Carta Magna de nuestro país para poner fin, por ejemplo, al desmantelamiento de los pilares de nuestra sociedad: la educación y la sanidad.

A Julio también le importaba, y mucho, la historia de su tierra, de su pueblo; no en vano fue profesor en la materia. Desde un principio apostó por el reconocimiento del patrimonio de su ciudad, encabezado por la Mezquita de Córdoba, pidiendo formalmente a la UNESCO en 1982, en su condición de alcalde, la declaración del monumento como Patrimonio de la Humanidad. Dos años más tarde recibiría la contestación afirmativa. La prensa local, nacional e internacional se hacía eco de este gran acontecimiento para la ciudad de Córdoba. Julio se unía a través de la historia con otro gran defensor del monumento, el corregidor Luis de la Cerda, que encabezó las protestas del pueblo de Córdoba en el siglo XVI para la protección de la Mezquita.

Por aquellos años también tuvo algunos encontronazos con el obispo de Córdoba, José Antonio Infantes, a raíz de ciertos acontecimientos ligados con el monumento y con actos relacionados con la interreligiosidad y la interculturalidad. El primero tuvo lugar con motivo del I Encuentro de Amistad Hispano-Musulmán, celebrado a comienzos de 1982, en el que cien representantes de países islámicos aprovecharon la visita a la Mezquita-Catedral para orar ante el mihrab, lo que fue considerado por el obispo como “un atropello”. La organización del encuentro, como respuesta, recordaba que “no era la primera vez que los musulmanes habían orado ante el mihrab de la Mezquita de Córdoba”. Con anterioridad lo habían hecho bajo el episcopado de José María Cirarda Lachiondo, en 1974 y 1977.

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¿Dónde quedó la revolución verde en la Andalucía pos-COVID-19?

Hace tan sólo tres meses que la Junta de Andalucía publicó un publirreportaje que abría manifestando: “La revolución verde ha comenzado y ya es imparable”. Con dichas palabras anunciaba una serie de medidas que, teóricamente, acercaban a Andalucía a la senda de la sostenibilidad, y que el Gobierno andaluz ya se afanó en presentar en la Cumbre del Clima celebrada el pasado diciembre en Madrid. Si ya eran poco ambiciosas y ambiguas entonces, hoy esos términos quedan lejos. Los hechos y las políticas implementadas muestran que este Gobierno tiene un proyecto social y económico que, además de no desarrollar políticas urgentes y valientes para hacer frente a la situación de emergencia climática que afrontamos, promueve su empeoramiento. Su enfoque para afrontar la salida de la crisis, además, incrementa esta tendencia. En las próximas líneas explico las razones.

El sociólogo Loïc Wacquant apuntó hace tiempo que el neoliberalismo es un proyecto político que presiona a las instituciones públicas para que adapten las normas e influyan a la ciudadanía de forma que trabajen al servicio de las lógicas del mercado. Ejemplos de esto pueden ser el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, apodado popularmente como “decretazo” y que modifica 21 leyes y seis decretos, o el recién aprobado anteproyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Esta última ley, que tramitará por el procedimiento de urgencia, viene a suplir la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), fusionando la del Suelo y la de Ordenación del Territorio y reduciendo un 30% el articulado de las normas urbanísticas. Ambas ocurrencias suponen un “adelgazamiento” o supresión normativa que, bajo la excusa de la agilización de trámites administrativos, privilegian intereses especulativos y favorecen una fórmula de desarrollo territorial con un demostrado currículum de degradación de ecosistemas. Todo ello, alentado por la crisis económica provocada por el coronavirus, la cual actúa como excusa. 

Uno de los sectores beneficiados de este adelgazamiento está siendo el ladrillo. Bien es cierto que ya asistíamos a un rebrote del picorcillo inmobiliario antes de la aprobación de esta reforma. Una serie de proyectos urbanísticos que, por su tamaño o su ubicación en enclaves de alto valor ambiental y paisajístico, son un peligro para la biodiversidad y los ecosistemas andaluces.

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Un presupuesto hecho añicos

El pasado 13 de enero, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobaba de forma definitiva, con los votos a favor de PSOE y Adelante Sevilla, el Presupuesto Municipal para este año. Algo más de 1.000 millones de euros que el Ayuntamiento, los Organismos Autónomos y las Empresas Municipales tenían previsto emplear en inversiones, programas sociales y servicios públicos que "permitan una transformación de la realidad social y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía", tal y como se especifica en su Memoria.

Después de que en 2019 (año electoral) se tuviera que prorrogar el presupuesto del año 2018, el alcalde Espadas conseguía aprobar a principios de año el primer presupuesto de su segundo (y quizás su último) mandato, lo que le proporcionaba un colchón de estabilidad para llevar a cabo sus políticas aún sin tener mayoría absoluta. A pesar de que este presupuesto fue diseñado en un escenario de incertidumbre, ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde el año 2018 y al mantenimiento de las limitaciones establecidas por el techo de gasto introducido por la Ley Estabilidad Presupuestaria (más conocida como Ley
Montoro) en 2012.

La crisis de la COVID-19 ha dado al traste todos los planes de Espadas y su equipo. Se ha encontrado, de buenas a primeras, con una crisis sin precedentes que le ha obligado, entre otras medidas, a plantear un ERTE en TUSSAM que afecta al 75 % de su plantilla, y previsiblemente en Contursa. O poner en marcha ayudas para el alquiler de las viviendas de EMVISESA y reforzar la prestación social para atender a miles de familias que viven ya una situación económica límite.

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