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Discriminados

El carácter afable, tolerante, hospitalario de las mujeres y hombres del medio rural es conocido. Sabemos todos de la buena gente del campo. Debe resultar llamativo por ello el creciente movimiento de rabia que está removiendo los territorios que apenas tienen ya gente para quejarse.

Esta voz de alarma que se propaga comienza a colarse en los periódicos, en los noticieros y en los discursos de los partidos políticos. Está muy bien que se sumen, a base de repetirlo, propios y extraños que acabarán entendiendo que la situación es angustiosa y preocupante para todos.

Porque, en primera instancia es un error de base plantear que el debate consiste en una dicotomía, en una elección entre el medio urbano y el rural. El problema de falta de gestión del territorio al que está llevando el despoblamiento del interior tiene consecuencias sobre todos. Acuciado por el tensor que es el cambio climático.

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Formas de romper España

Casado, en la concentración de Colón

Incluso antes de que comience la campaña electoral, ya sabemos que uno de sus ejes fundamentales de competición será el nacionalista. El mantra “España se rompe”, que con Aznar asomaba tímidamente, se despliega con toda su fuerza en 2019. Ese discurso merece más atención de la que se le ha prestado hasta el momento.

Sin duda, España se rompe cuando el nacionalismo catalán pretende segregar la Comunidad Autónoma al margen de la legalidad vigente y sin un acuerdo para la reforma constitucional. Resulta una obviedad plantearlo, ya que esa cuestión ha dominado todos los ámbitos del debate social y político en los últimos tiempos. Con todo, es mucho más raro escuchar -especialmente desde posiciones no independentistas- que, de existir un riesgo de ruptura de España, no se debería sólo a la actuación del nacionalismo catalán, sino también a la del nacionalismo español.

Desde que la equivalencia entre nación y estado quedara firmemente establecida en nuestra visión del mundo moderno, los que se han denominado como “empresarios de identidad” –personas u organizaciones que activan políticamente diferencias étnicas o culturales para crear grupos sociales diferenciados y centrados alrededor de dichas características- se han aplicado en construir identidad nacional como paso previo a sus reivindicaciones de poder político.

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Mercasevilla y la injusticia de la justicia

El 12 de junio de 2017, el Tribunal de los Penal número 13 de Sevilla absolvía a todos los acusados de la supuesta venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla, y eran exonerados de toda culpa o delito en relación a dicha venta. De igual modo, una sentencia de la Audiencia Provincial Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, del día 25 de marzo de 2019, hacia lo mismo con los acusados por los delitos de prevaricación, malversación, y falsedad documental, vinculados todos, sin fundamento como quedó demostrado, con la macrocausa de “los eres de Mercasevilla”.

Los jueces, desde el punto de vista legal, impartieron justicia. No cabe duda. Y se pronunciaron a favor de los acusados ante la evidencia de unas acusaciones infundadas, sin pruebas ni sospecha alguna. Quizá, la única excepción que, como siempre suele salir bien librada de casi cualquier causa sin pasar por los banquillos, fue la política, mejor dicho, la mala intención de algunos políticos.

¿Pues qué podría hacer la justicia ante los daños morales y los perjuicios económicos y humanos ocasionados por todos estos años de imputaciones maniqueas, acusaciones deliberadamente oportunistas, y el consecuente linchamiento mediático de unos imputados, hoy exonerados de toda culpa, a los que nadie pedirá jamás disculpas por ser utilizados salvajemente por la política o, mejor dicho, nuevamente, la mala intención de algunos políticos? ¿Quién y cómo van a resarcirlos? ¿Quién le pondrá ese cascabel al gato? Todos sabemos la respuesta, unos dirán qué gato, otros qué cascabel y otros no dirán nada y haciéndonos mirar hacia otro lado, todo se acabará.

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26M: en Sevilla hay motivos para la esperanza

La candidatura de Adelante Sevilla, este miércoles con el lider de IU, Alberto Garzón

Se avecina un doble ciclo electoral en el que, aunque suene a tópico, nos jugamos muchísimo. En las elecciones generales del 28 de abril y en las municipales del 26 de mayo tendremos ante nosotros la oportunidad de empezar a construir un país más justo, más democrático y más igualitario o, por el contrario, la posibilidad de que nos hagan retroceder hacia un pasado en blanco y negro.

En tiempos confusos, ruidosos y líquidos, como los actuales, es cuando más se necesitan organizaciones políticas de izquierdas sólidas y proyectos colectivos democráticos que defiendan los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares y que actúen con responsabilidad histórica. Por eso, podemos decir que en Sevilla tenemos motivos para la esperanza.

La irrupción de la candidatura unitaria municipalista Adelante Sevilla en el escenario político hispalense ha quebrado de raíz muchos de los prejuicios y estereotipos existentes sobre la sempiterna división de la izquierda transformadora de esta ciudad y ha supuesto, además, un ilusionante aldabonazo para mucha gente que venía reclamando, desde hace tiempo, unidad para hacer frente a las necesidades de los barrios y a las demandas de pan, trabajo, techo e igualdad de la mayoría social.

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Frente al derecho a la venganza, el derecho a la reparación

En el nuevo periodo político que estamos viviendo en Andalucía y en España empiezan a escucharse discursos que abiertamente justifican y promueven la violencia interpersonal como medio para solucionar los conflictos. Siguiendo la estela de Trump y Bolsonaro, se plantea el espacio social como una guerra de todos contra todos, en el que la supervivencia del más fuerte se logrará a través del uso de armas de fuego, que han de estar disponibles para los “ciudadanos de bien” que deben enfrentarse a la “chusma”. Este peligroso discurso neofascista, ha alcanzado un punto álgido en la reciente promesa de VOX de que otorgará medallas al mérito civil a quien dispare a un ladrón.

En nuestro ordenamiento jurídico, como en todos, el derecho a la legítima defensa está reconocido y exime de responsabilidad penal a quien repele un ataque que se lanza contra su persona o contra otras personas o bienes. No solo es un derecho, sino que es una obligación de todos y de todas impedir cualquier delito que ataque la vida, la integridad, la libertad o la libertad sexual de cualquier persona. Este derecho y deber de impedir un daño surge de la necesidad de preservar la vida, nuestra propia vida y la vida en común, y por tanto, es una obligación que nace del respeto a nuestra propia dignidad y a la de las demás personas con las que compartimos el mundo.

En cambio, las promesas de VOX de dar libertad al uso de armas y premiar a quien las use contra sus semejantes surgen de otros valores. Estas promesas pretenden legitimar el derecho a la venganza, el derecho al ojo por ojo, el derecho al linchamiento, el derecho a la pena de muerte privada. Estas promesas son las promesas de instituir el derecho a matarnos entre nosotros. El derecho a convertirnos en asesinos. Son promesas que tratan de sembrar miedo para que, así, nos convirtamos en bestias asustadas dispuestas a morder. Y son promesas que olvidan que cualquier respuesta frente a una agresión, debe ser proporcionada y necesaria; no una reacción alevosa, que pretenda castigar al agresor fuera de los cauces de la justicia que nos hemos dado, como miembros de una sociedad avanzada.

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Del usar y tirar a la nueva minería urbana

Camión de reciclaje

La cultura actual mayoritaria en nuestra sociedad es la de usar y tirar. Está firmemente enraizada en campañas publicitarias que acompañaron a la desaparición de los envases retornables para la leche y los refrescos y su sustitución por latas y tetrabrik. Algunas personas aún recordarán, quizá compartiendo nuestra indignación, aquella campaña en la que unos jóvenes sonrientes bebían refrescos en esos modernos recipientes y acababan el anuncio diciendo: ¡Y se tiran! Y las latas que lanzaban se encestaban limpiamente en la papelera. Gracias al invento nos liberamos de la tiranía de tener que pagar por un recipiente y tener que devolverlo para recuperar la fianza. ¡Genial! Nos hicimos mucho más libres e irresponsables con el Medio Ambiente.

También retrocedió rápidamente la costumbre de llevar a reparar a los talleres los productos eléctricos y electrodomésticos averiados. Por una parte, los aparatos nuevos en lugar de durar más, cada vez se empezaron a diseñar para durar menos. Muchas hemos tenido la experiencia de que un técnico en lavadoras o televisores nos recomiende: “¡Arréglela! o ¡arréglelo!, ¡le durará toda la vida, los nuevos no!”. Por otra parte, la industria se aplica en innovar para que los aparatos que compramos cada vez pasen de moda antes y sintamos la necesidad de sustituirlos por otros. Eso cuando no nos vemos directamente obligados a hacerlo porque o bien quedan obsoletos, o no se pueden actualizar, o directamente empiezan a fallar y hacernos la vida imposible. ¿No les ha pasado nunca con el móvil o el ordenador? ¿No han escuchado o llegado nunca a conclusiones como esta?: “¡Es más barato comprar uno nuevo! ¡Lo siento, ya no hay recambios para su modelo, ha dejado de fabricarse!”

Todo esto se ve incrementado por una lógica de mercado que choca frontalmente con el sentido común y nos obliga a tomar medidas. Es lógico, para los fabricantes, pensar que, si las bombillas, los ordenadores, los coches, los móviles, las lavadoras y frigoríficos son fuertes y duran “toda la vida”, llega un momento en que sus ventas se reducen o estancan. El objetivo principal de la obsolescencia programada es garantizar que los consumidores compran los productos en múltiples ocasiones, en lugar de una sola vez. Esa lógica choca sin embargo con los intereses de los consumidores y con la realidad de que no tenemos planeta B del que extraer los recursos y al que enviar los residuos, que ya no caben en nuestros océanos y que nuestra atmósfera no puede asimilar sin recalentarse.

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Por un Estado federal

Bandera de Andalucía izada en el Parlamento de Andalucía.

El federalismo es la forma más natural de organización democrática para una realidad social como la de nuestro Estado, que es plural en su unidad, con lenguas, culturas, normas e instituciones diversas. No por casualidad, siempre que la democracia se ha abierto camino en España ha tendido a fórmulas federalizantes de organización del poder.

La Constitución de 1978 y su desarrollo posterior han supuesto un avance histórico en términos de descentralización del poder político, permitiendo atender a nuestra diversidad territorial con base en un modelo que se ha llegado a calificar de "cuasi federal". Se ha extendido por ello la idea de que de facto vivimos ya en un Estado federal, de que no existen diferencias prácticas de calado entre nuestro Estado de las Autonomías y una Federación, de que una reforma federal de nuestra Constitución es por tanto innecesaria. Se trata, con todo, de una falacia. España debería ser un Estado federal, pero a día de hoy, con nuestro actual diseño constitucional, no lo es.

Todo Estado federal descansa en dos pilares, uno político o fáctico, otro normativo o de principios. El primero está relacionado con el ejercicio efectivamente descentralizado del poder político; el segundo, con la articulación constitucional de esa descentralización y de la participación de los poderes periféricos en las decisiones del poder central. Nuestro Estado Autonómico se acerca a una Federación en que la descentralización territorial del poder es un hecho, pero no en su articulación jurídica, que no cuenta con un mapa constitucional bien definido, ni con instituciones que canalicen la participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones del poder central del Estado.

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Don Pelayo en Nueva Zelanda

Inscripciones que llevaban los terroristas en Nueva Zelanda.

No cabe duda de que, para la opinión pública española, uno de los elementos más llamativos de los recientes atentados islamófobos de Nueva Zelanda ha sido ver el nombre de "Pelayo" (Pelayu) invocado como referente de legitimación ideológica. ¿Qué pinta el nombre de un seudo-histórico rey asturiano, responsable de la milagrosa victoria sobre los musulmanes en Covadonga, escrito sobre las armas de unos supremacistas blancos del siglo XXI?

Por desgracia, no es la primera vez que sucede algo similar. En el año 2011, un fascista noruego asesinó a 77 jóvenes que participaban en un campus de las juventudes del Partido Laborista en la isla de Utoya. Anders Breivik, autor del atentado, escribió un infame manifiestoen el que menciona catorce veces la palabra "Reconquista", incluyendo en su lista de héroes de la resistencia contra la islamización a Santiago Matamoros y el Cid Campeador.

Don Pelayo, Santiago Matamoros y el Cid forman parte de la Reconquista, el gran mito del nacionalismo español que, como todos los nacionalismos, se basa en la identificación de un enemigo, los moros. En 1936, el diccionario de la Real Academia Española incluía entre sus columnas, por vez primera, la acepción del concepto, definido como "recuperación del territorio español invadido por los musulmanes y cuyo epílogo fue la toma de Granada". Quedaba así, claro, que los moros nos habían arrebatado a los españoles nuestro territorio y que, gracias a una gloriosa guerra de liberación nacional de ocho siglos de duración, nos habíamos liberado de los invasores.

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Está sucediendo: nos estamos levantando

Primer encuentro por la Justicia Climatica que el grupo "Fridays for Future Malaga" celebró este viernes 1 de marzo en Málaga.

Tengo la piel erizada. Los sentidos hiper despiertos. Como nunca antes. Un gran cambio está llegando, con la Primavera.

Escuchando a las compañeras feministas en la Casa Invisible de Málaga hablar sobre los preparativos del inminente 8M se me hacen los ojos “chiribitas”. Comentan que dos de sus ejes transversales son los cuidados y el consumo. Están montando algo enorme. Si el año pasado ya lo fue, este año van al corazón del sistema. Pero hay más. Recientemente se ha producido la sorpresa más positiva en mucho tiempo, especialmente en nuestro país. Mientras muchos ecologistas llevábamos años luchando en la sombra, de repente la juventud ha traído la luz. Se han dado cuenta de que esto va de su futuro y se están levantando, con una energía transformadora que no había visto nunca. He llorado de alegría varias veces en las últimas semanas.

Llega en un momento crucial. Siguiendo diariamente la ciencia climática en la última década, pensaba estar ya habituado a los estudios apuntando a la catástrofe, pero sin embargo no quería creérmelo. Lo que está pasando aquí y ahora, en invierno, en España y por todo el hemisferio norte, me asusta: incendios brutales en Cantabria, más de 20°C en Reino Unido (récord histórico), el primer tifón de categoría 5 en esta época...

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Políticas migratorias en la frontera: de mal en peor

El pasado noviembre se cumplió el 30 aniversario de la sonada aparición del primer cadáver de un inmigrante que trataba de llegar a la costa española. Desde entonces, ya no es noticia la desaparición de miles las personas en el Mediterráneo, la frontera más mortífera del mundo. Desde enero de 2018, al menos 2.500 personas se han ahogado en este mar. Ante esta trágica situación, queremos señalar 6 cuestiones clave que en los últimos meses están incrementando la inhumanidad de la política migratoria en la frontera de nuestro país y de Europa:

             Salvamento Marítimo, ciego y a la deriva.

Salvamento Marítimo, ente público encargado de la seguridad marítima en aguas españolas, rescató a casi 50.000 migrantes de 2.338 pateras en 2018. Sin embargo sus aviones tienen los radares averiados desde hace más de cinco meses, una herramienta necesaria para encontrar las embarcaciones que piden auxilio. El Gobierno no muestra voluntad de equiparlo eficazmente ni de mantener su condición de empresa civil y pública. Simultáneamente a este recorte de inversión y abandono en tecnología de uso humanitario, empresas privadas como las francesas Safran, Thales y Airbus, la italiana Finmeccanica o la española Indra, están haciendo su agosto con contratos multimillonarios para suministrar equipos y tecnología de vigilancia de fronteras. Curiosamente, como informa el Trasnational Institute, son estas mismas empresas las que suministran armamento a los países en guerra de los que huyen las personas migrantes que llegan a nuestras costas.

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