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¿Qué esperamos los autoconsumidores de energía de un buen Gobierno?

El autoconsumo de electricidad, y su regulación por parte del Gobierno, han entrado por fin en España en la agenda de debate político y social. Como mucha gente, en nuestra familia hemos estado desde finales de 2011 esperando a que esta se produjera para invertir en una pequeña instalación. Finalmente, el verano pasado, después de estudiar varias alternativas, nos decidimos a no esperar más e iniciar los trámites para dotarnos de una instalación de 6 placas de 250 w acogiéndonos al programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía. Muchas personas conocidas y amigas están pendientes de conocer cómo lo hemos hecho y si la instalación se amortiza en un periodo razonable. Estando como estamos en vísperas de que el Gobierno apruebe en los próximos días el decreto que regulará el autoconsumo, es buen momento para hacer un primer balance y analizar en qué medida dicho decreto nos va a afectar y qué le pediríamos al Gobierno los consumidores para favorecer el autoconsumo.

Voy a tratar de responder a varias preguntas. La primera de ellas sería por qué es de interés general el autoconsumo, y por tanto, se debe regular y estimular. La segunda sería si con el marco regulatorio que va a aprobar el gobierno es viable hacerse autoconsumidor. La tercera sería qué podría hacer el gobierno para impulsar de verdad el autoconsumo.

Respecto a la primera pregunta, partiendo de que nos encontramos en el principio del fin de la era de las energías fósiles por agotamiento de recursos, de que las energías renovables son el futuro, de que disponemos de ellas en abundancia y de que son un elemento clave en la lucha contra el cambio climático, es necesario emprender cuanto antes la transición hacia un sistema renovable. Dentro de esa transición uno de los pilares será que cada edificio, cada barrio, cada ciudad sean capaces de producir la mayor parte posible de la energía que consumen y para ello el autoconsumo será fundamental, luego es de interés general y se debe regular para facilitarlo y estimularlo al máximo.

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Reconquistando el cometido social y real de la vivienda

EFE

El estallido de la burbuja inmobiliaria dejó al descubierto un sector débil, un gigante con pies de barro que, al desplomarse, hizo tambalear nuestra economía. Pero lo peor se escondía detrás de las cifras macroeconómicas: cientos de miles de rostros que, primero, incrédulos, les costaba asimilar lo que se les venía encima y que, después, se tornaron desesperación cuando por fin acertaron a adivinar su alcance. Unos datos que evacuaron una dramática sucesión de impagos, despidos, quiebras, desahucios, familias desamparadas y pobreza. Una pobreza que sólo nuestros abuelos recordaban.

La razón principal de este descalabro, aunque sí la que originó las más devastadoras consecuencias, no fue el alocado y cómplice proceder de los mercados hipotecario e inmobiliario, sino que la vivienda dejó de responder a las necesidades reales, a cubrir una función social, y se convirtió, como los bulbos de tulipán hace cuatrocientos años, en un medio con el que toda la ciudadanía tenía la expectativa de enriquecerse. Fue la sociedad, engañada, la que propició que un sistema desalmado arrebatara a la vivienda su razón de ser. Lejos quedaban lecciones económicas históricas.

Este desapego, esta enorme brecha, entre economía real y economía financiera, es el equivocado atajo al que ha recurrido de forma continuada la Escuela de Chicago para no desacelerar el galope de un crecimiento capitalista que dejó de fundamentarse en proyectos reales hace décadas. De nuevo, como en la Holanda de hace cuatro siglos, la economía ha trascendido lo real para abrazar un enmarañado conglomerado de mecanismos financieros (warrants, futuros, etc.) que carecen de sustento real alguno, y que funcionan en muchos casos como infames empresas multinivel.

El monetarismo ha dejado de ser un instrumento al servicio de la economía real para convertirse en un objetivo en sí mismo, en el que unos pocos juegan a enriquecerse sin preocuparles lo más mínimo lo que sucede fuera de sus acristaladas oficinas a cientos de pies de la calle; una calle en la que millones de personas luchan por sobrevivir.

Mientras estos brokers  trajeados ganan mareantes cifras en concepto de comisiones por las miles de operaciones que realizan a diario, el impacto en las economías reales pasa sin pena ni gloria en el mejor de los casos, cuando no hacen quebrar Estados enteros, sirven para blanquear dinero de actividades delictivas, son usados como subterfugios para eludir el pago de impuestos, o provocan guerras y hambrunas. No son solo los diamantes los que se tintan del color de la sangre.

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La apostasía de Alex y las redes de inclusión

Ha llegado Septiembre y Alex ha recibido una llamada episcopal para rechazarle como padrino de bautizo de su sobrino sólo por ser transexual apelando a normas canónicas que no citan a las personas Trans.

No hay ni una sola palabra en la Biblia que hable de las y los Trans ni en ninguna doctrina oficial. Pero son excluidos por la moral de los prejuicios y de la discriminación social.

En un vaivén eclesial veraniego como el oleaje del océano gaditano el Obispado de Cádiz y de Ceuta dice NO a Alex y luego rectifica y dice que SI y ahora NO otra vez.

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A propósito del despropósito del desdoble de la A4 entre Sevilla y Cádiz

Diversos miembros del PP de Sevilla, hace unos días a pie de la A4 en Los Palacios y Villafranca, para recalcar su compromiso con el desdoble

Empezaremos por el  final. En diciembre de 2019 cumple el periodo de la concesión de la Autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz. Reclamar el desdoble de la carretera convencional que cubre el mismo trayecto pero con más kilómetros y, sobre todo, anunciar (reiteradamente) la contratación de las obras por parte del Ministerio de Fomento, carece de toda lógica desde la lógica de la eficiencia de la asignación de recursos públicos, de la lógica inversora del Ministerio de Fomento, de la lógica de la conservación de la red de carreteras.

Porque el 31 de diciembre de 2019, la AP-4 se integrará en la red de autovías del Estado, y en esa fecha la conexión entre Sevilla y Cádiz contará con una autovía libre de peaje y otra aún en construcción, en el supuesto de que llegara a iniciarse.

Puede tener alguna lógica política, por la insistente petición local de que se proceda a ello, y no es baladí que la aprobación de la licitación de las obras del tramo Dos Hermanas-Los Palacios se publicara en el BOE del 22 de mayo pasado, a 48 horas de las elecciones municipales en España. Estoy acostumbrada a escuchar que "a mí con argumentos no se me convence", pero hay que tirar de argumentos y razones para subvertir esta cultura a favor de la sobreinversión en infraestructuras viarias.

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Sir Francis Drake, los canales de Sicilia y De la Mancha y los negros que ocupan Europa

Un grupo de inmigrantes descansa bajo una carpa de la Cruz Roja después de desembarcar en Italia / EFE

La UE va a privatizar parte de la vigilancia área del Mediterráneo para controlar las salidas de emigrantes de Libia camino del Canal de Sicilia. Como los ingleses y su rey hicieron sir al pirata Francis Drake para que se encargara de controlar la piratería y pacificar al personal levantisco. Hollande ha mandado otros 500 gendarmes a Caláis para impedir a los negros entrar en el túnel del Canal de la Macha. Cameron anuncia que va a comprar perros, no para cazar zorros que está prohibido, sino perros contra los negros y más policías. El ministro Fernandez, español, más modesto, ha ido a Ávila a besar restos de Teresa de Ahumada, ignoro si el brazo incorrupto de la Santa que acompañaba al Generalísimo, mientras los mehanies marroquíes debidamente pagados por España dan palos a los negros que intentan entrar en Melilla y así no sean imputados los guardias civiles de la valla. Y sir Francis Drake sin aparecer.

La Corona de España cobraba 8 ducados por cada licencia para llevar negros esclavos a las colonias americanas. Solo en el siglo XVI concedió 120.000 licencias. 120.000 negros esclavizados. Ahora Rajoy y Fernandez se niegan a aceptar más de 1.500 refugiados tras la propuesta de la UE. En 1515 nació Teresa de Cepeda y Ahumada. Enriqueta Vila calcula que en el siglo XVII llegaron a esas colonias españolas 268.204 esclavos negros. Se autorizaba a los barcos de tratantes a cargar una demasía del 40% para compensar los muertos y enfermos que había que tirar a la mar. En 1765 la Compañía Gaditana de Negros, los traía de Senegal, Cabo Verde y Gorea. En
Puerto Rico, tierra de soberanía española había, en 1872, 31.000 esclavos negros.

Los franceses tan acogedores, solo entre 1675 y 1700, llevaron 40.000 negros esclavizados a la Martinica, 8.000 a Guadalupe, 7.000 al actual Haití, entonces el Este de La Española y 2.000 a la Guayana.

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¿Qué es la prejubilación?

Hace ya décadas que en los medios políticos, sociales y económicos, se habla de la prejubilación como una realidad incuestionable. Fundamentalmente porque, desde entonces, es frecuente la ejecución de procesos de reestructuración empresarial en los que, entre otras posibles medidas, se opta por la prejubilación de los trabajadores. Y, sin embargo, a fecha de hoy, no existe en el ordenamiento español una norma que defina la prejubilación o la configure, expresamente, ni como causa de extinción de los contratos de trabajo, ni como una de las contingencias protegidas o de las prestaciones que integran la acción protectora del Sistema de Seguridad Social. Se produce una indefinición normativa que provoca, con más frecuencia de la deseable, una idea equívoca de lo que es y lo que implica la prejubilación, tanto desde el punto de vista laboral, como desde la perspectiva de su protección social (es un error común la consideración de la prejubilación como una forma de jubilación anticipada).

A pesar de la indeterminación legislativa, los operadores jurídicos coinciden en caracterizarla como aquella decisión que se materializa en un proceso de reestructuración empresarial y que implica, necesariamente, el cese en el empleo de trabajadores de edad avanzada: un cese que tanto puede ser voluntario (ya sea por acuerdo entre empresario y trabajador, ya sea por decisión unilateral de este último -a través de las llamadas bajas incentivadas-) como involuntario (normalmente, a través de un despido por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, individual o colectivo) y que siempre ha de referirse a un trabajador de edad madura o próxima a la general de jubilación. En atención a tales notas esenciales, se puede definir la prejubilación como la situación en la que se encuentran los trabajadores que han perdido su empleo a una edad avanzada hasta alcanzar la edad prevista para recibir una pensión de jubilación, ordinaria o anticipada, de la Seguridad Social.

Pero si el límite máximo de las situaciones prejubilatorias es fácilmente deducible de las normas que delimitan la edad de acceso a tales pensiones, no sucede lo mismo con el mínimo, en tanto que ni en las normas sustantivas ni en la negociación colectiva existe un límite de edad, único y general, que permita diferenciar la situación de los prejubilados de aquella que afecta al resto de los trabajadores que pierden su empleo y pasan a la situación de desempleados. Y sin embargo, la delimitación es sumamente importante. De un lado, porque los prejubilados tienen una posición privilegiada respecto al resto de los desempleados ya que, junto a las prestaciones o ayudas, públicas o semipúblicas (si se atiende a su forma de financiación), que compensan la pérdida de ingresos que deriva de la extinción del contrato, suelen percibir ciertas contraprestaciones complementarias que derivan de compromisos asumidos por el empresario, que siempre mejoran el importe de la protección básica y que permiten un mayor acercamiento al salario de activo del afectado (que es el ideal de cobertura). De otro, porque por razones de edad, es habitual que los prejubilados se coloquen en una situación de tránsito o espera hasta su jubilación definitiva y por ello, ni buscan, ni tienen necesidad de encontrar un nuevo empleo.

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Modificar la LOUA: el daño no se ha reparado, en todo caso, se ha maquillado

El problema con las denominadas 'viviendas ilegales' surge por la confluencia de tres circunstancias:

1.- La Ley del Suelo de Andalucía, vigente desde enero del año 2003, y de marcado carácter ecologista y medioambiental, prohíbe las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable y las incluye dentro de los supuestos de imprescriptibilidad (recogidos en el artículo 185.2). Es decir, contra una parcelación urbanística en suelo no urbanizable posterior a enero del 2003, la administración siempre puede actuar.

La actuación de la administración va encaminada a restituir el orden jurídico infringido, que según contempla el reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado en el año 2010, supone la agrupación de las parcelas y la demolición de todas las construcciones que la integren.

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Ley de retracto, una nueva alternativa ante los desahucios

Desahucio paralizado 'in extremis' en Coria del Río (Sevilla). / I.L.A.

Pocos elementos simbolizan mejor el proyecto de una vida que la vivienda. El hogar es el espacio donde almacenamos recuerdos y proyectos, logros y esperanzas. Por ello, cada desahucio que se produce hiere profundamente a familias que se ven afectadas, pero también nos hiere como sociedad que debe saber encontrar una solución justa y eficaz a este problema. Como parlamentaria, soy pues consciente de que una de las grandes tareas que me han asignado los ciudadanos es encontrar las herramientas que garanticen el derecho a una vivienda digna.

Ante el frentismo y los golpes de efectos que vemos en los últimos meses, tan efímeros como la luz de un flash, el Grupo socialista del que formo parte sigue buscando las soluciones legales más progresistas y eficaces destinadas a frenar los desahucios.

Lo hicimos en la pasada legislatura con la Ley de Función Social de la Vivienda, nacida del anterior gobierno en coalición de PSOE e IU. Con ella pretendimos, entre otros objetivos, evitar que las familias que se encontraran en situación de emergencia social perdieran su vivienda en un desahucio. La ley que salió del Parlamento estableció la posibilidad en último recurso de expropiar temporalmente a la banca, a cambio de una indemnización económica, el uso de viviendas sobre las que se había ejecutado la hipoteca. Nadie, en el momento de redactar y aprobar esa norma, pudo pensar que detrás de la compensación que recibía el sector financiero a cambio de la expropiación temporal había algún beneficio a particulares o que se trataba de un rescate a la banca.

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A vueltas con la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores

Los últimos graves hechos delictivos cometidos por menores de edad han vuelto a reabrir el debate recurrente sobre la utilidad de la Ley Penal del Menor. Este debate tiende a criminalizar a la mencionada Ley considerando que la misma es la culpable de  todos los males surgiendo un clamor popular respaldado, incluso, por voces de personas  que crean opinión que propagan que no vale para nada, que los menores entran por una puerta y salen por la otra y que no se castigan sus conductas delictivas o que si son capaces de cometer hechos delictivos tan graves y propios de adultos no existe ninguna razón para no aplicar a estos menores la legislación penal de adultos con todas sus consecuencias.

No obstante, este planteamiento general olvida que la Ley Penal del Menor que rige en nuestro país esta basada en normas y tratados internacionales suscritos por España recogiendo una legislación similar a la de gran parte de los países que integran la Unión Europea y reconoce a todo menor que ha cometido un hecho delictivo una serie de derechos fundamentales básicos como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al principio in dubio pro reo, el derecho a un juicio justo así como el derecho a la proporcionalidad debida entre la sanción a imponer y la gravedad del hecho delictivo y  que todo el sistema de justicia juvenil europeo gira en torno a un principio básico como es el principio del superior interés del menor infractor proporcionado al mismo, una vez cometido el hecho delictivo, una intervención sancionadora-educativa dirigida a su reinserción definitiva y total a la sociedad.

Asimismo se olvida que la Ley Penal del Menor sólo entra en juego cuando el hecho delictivo ya se ha cometido y el verdadero debate que se debe hacer es plantearnos qué tipo de sociedad estamos construyendo para que los menores lleven navajas cuando salen de fiesta, sean capaces de matar a una persona porque les impide su intención de robar o agredan sexualmente a varias personas en un corto período de tiempo.

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"Tú desahucia que yo pago"

Es verosímil que esa fuese la frase con la que despidió la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a su invitada al Palacio de San Telmo el pasado año, Ana Patricia Botín.

Al Sr. Botín le pareció "mal, fatal" la Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda. A Ana Patricia Botín, a todos los banqueros y fondos buitres, llamados de inversión, les parecerá bien, estupenda, la recién anunciada Ley de Retracto de Desahucios en Andalucía. De una ley a otra hay un salto enorme. Un cambio radical en la defensa del derecho humano a la vivienda. Una da poder al pueblo trabajador, la otra a la banca.

La Ley para asegurar la función social de la vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz en septiembre de 2013, nació del compromiso de IU Andalucía con la lucha por el derecho humano a la vivienda y tiene en su ADN las luchas del movimiento en defensa del derecho humano a la vivienda y la paralización de los desahucios. Es decir, ni casas sin gente, ni gente sin casas. Una Ley para eliminar los desahucios de clase y de género y cumplir la función social de la propiedad: en Andalucía hay, según el Censo de Vivienda de 2011, 700.000 viviendas vacías, la inmensa mayoría en manos de bancos y fondos de inversión. Esta Ley tenía un efecto disuasorio sobre todas las ejecuciones hipotecarias de Andalucía.

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