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Aquarius: rumbo a una política solidaria y justa

Hoy celebramos que el mirar hacia otro lado del PP ante el drama migratorio, que tan bien conocen las costas andaluzas, se ha acabado. 

En 2017 murieron más de 3000 migrantes en el Mediterráneo

Es fundamental fijar el rumbo hacia una respuesta integral a la cuestión migratoria que debe ir desde nuestra política de cooperación, a nuestro rol en la UE y debe aplicarse también en casa. Es hora de repensar nuestros CIEs y verjas con cuchillas.

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A bordo del 'Aquarius'

Son las buenas noticias, las evidencias y hechos las que demuestran que estamos ante el inicio del cambio en España. Este martes, el nuevo Gobierno lo demostraba aceptando el ofrecimiento de Valencia, una de las ciudades del cambio, para acoger a las 629 personas que viajaban en el barco Aquarius de la ONG francesa Sos Méditerranée y habían quedado desamparadas en medio del mar. La dramática situación era consecuencia de la desalmada decisión del hoy Ministro de Interior italiano y líder del partido La Lega de cerrar los puertos italianos a las personas que buscan refugio y huyen de la pobreza extrema o la violencia. Hoy, Pedro Sánchez ha seguido el rumbo que las fuerzas del cambio ya habían marcado, ofreciendo solidariamente sus ciudades como refugio y garantía del cumplimiento de los derechos humanos en Europa. No solo ha sido Valencia, también otras como el Madrid de Manuela Carmena o la Barcelona de Ada Colau. Ahora es importante ir más allá.

El Gobierno formado tras echar a Rajoy puede fomentar los aspectos positivos de la migración y atajar las causas raíz que llevan a las personas a migrar de manera forzada, que muchas veces están vinculadas a la pobreza, la desigualdad, la falta de servicios básicos y las violaciones de derechos humanos. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), que desde 2009 se han recortado en más de un 70%, debería incrementarse y su eficacia maximizarse. Estamos ante la oportunidad, no solo de apuntar a alcanzar el objetivo histórico del 0,7%, sino también de revertir la que ha sido la tónica del Gobierno de M.Rajoy, evitando que ésta esté condicionada a cuestiones migratorias. Debemos rechazar cualquier tentativa de vincular la ayuda a controles fronterizos, gestión de los flujos migratorios o acuerdos de readmisión, algo que evidentemente, no contribuye de ninguna manera a la promoción del desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza ni a la lucha contra las desigualdades y que contraviene la propia Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas.

La llamada crisis migratoria es una crisis de solidaridad, no de número. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2017 llegaron 171.635 migrantes a Europa, un flujo muy inferior al que reciben países como Jordania o Turquía, y manejable dado el tamaño de Europa (500 millones de habitantes) y sus recursos. Es necesaria una nueva política de asilo europea que supere las deficiencias del hoy en vigor Reglamento europeo de Dublín. Empezando por cumplir nuestros compromisos en materia de cuotas, nuestras posiciones en Bruselas tienen que ser firmes en la defensa de un enfoque solidario; Dublín nunca fue diseñado para lograr la solidaridad y el intercambio justo de responsabilidades, siendo su objetivo principal el de asignar la responsabilidad de procesar una solicitud de asilo a un único Estado miembro. La Unión Europea es una, como también lo es su frontera. Por eso la responsabilidad de asilo debe de ser solidaria entre todos los Estados miembros. La UE debe también asegurar pasajes seguros para los demandantes de asilo donde se les garantice una atención digna y que no pongan en riesgo su vida.

Durante los últimos años, la política migratoria en España ha pivotado sobre la conocida Ley de Extranjería del año 2000, modificada en 2004, y sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs). Debemos repensar nuestra política de control de fronteras. Los CIEs, por tan solo su mera existencia, vulneran los derechos y libertades fundamentales de quienes se ven forzados a migrar de sus países y llegan a España. La propia naturaleza de un centro de internamiento para extranjeros contraviene los derechos humanos, porque priva de libertad a la persona por la eventualidad de no poseer papeles, tratando este hecho como constitutivo de delito.

Esta violación se agrava dadas las denuncias que se han producido y se producen sobre agresiones, torturas, falta de atención médica y abusos sexuales en estos centros. Lejos de cerrarlos definitivamente, el ejecutivo de M. Rajoy emprendió un proceso de apertura de nuevos centros, entre ellos en la ciudad granadina de Motril, recuperando un abandonado pabellón militar. El rechazo de la sociedad civil a la apertura de una “cárcel para extranjeros” ha sido frontal. Sin embargo esto no alteró en absoluto los planes del Partido Popular. Ahora que no esta Rajoy, este proyecto puede paralizarse y el resto de Centros de Internamiento de Extranjeros pueden cerrarse.

Estamos ante una oportunidad de recuperar el rol que le corresponde a España como adalid de una Europa garante de derechos, exigiendo su cumplimento y no mirando a otro lado ante su vulneración; vamos por buen camino.

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