Asaltar los cielos... empezando con la vivienda

Se dice que los japoneses no conocen la palabra “crisis” en el mismo sentido negativo que la entendemos en los países occidentales. Esta palabra, en cambio, les evoca un mundo de oportunidades, de empezar algo nuevo, de construir una nueva realidad. No voy, ni mucho menos, a rebajar el drama de lo que ha supuesto la “crisis” en el mundo occidental en general, y en España en particular. Estamos viviendo la que posiblemente sea una de las décadas más negras de la historia reciente. Y lo peor es que ha sido una situación a la que no hemos llegado por una gran guerra o por un gran cataclismo, si no por la ambición desmedida de unos cuantos y por los objetivos claramente antisociales de una élite que ha sabido imponer sus criterios a nivel planetario.

Pero las lágrimas vertidas por este drama no debe nublarnos la vista. La ciudadanía, azuzada por la amenaza galopante de perder derechos que creían consolidados, terminó organizándose en movimientos políticos que están llevando a las instituciones otra forma de ver las cosas. El cambio de siglo lo estamos propiciando realmente ahora y se está vehiculando con un movimiento de abajo a arriba. Es ahora cuando se debe acabar con la manera de hacer fraguada a lo largo del Siglo XX y tomar conciencia de la oportunidad histórica para construir lo que representará el Siglo XXI. Nos situamos ante el gran reto de construir no solo un nuevo modelo económico, sino también un nuevo modelo social basado en la solidaridad, la equidad y la sostenibilidad.

No es la primera vez ni será la última que la gente protagonice un cambio de rumbo en la historia. Y estos cambios suelen venir después de amplios periodos de opresión y oscurantismo. Es cierto que cuando hablamos de derechos sociales ocurre que, en muchas ocasiones, nos trasladamos al ámbito de lo sentimental y los argumentos se esgrimen apuntalados en consideraciones subjetivas. Por eso, los datos a veces nos ayudan a situar el estado de una cuestión. Si hablamos del derecho a la vivienda, no está de más recordar que Eurostat sitúa a Andalucía como la comunidad que lidera la pobreza en España, con un 38,6% de su población sin los recursos mínimos. O que desde el año 2007 se han ejecutado cerca de 90.000 desahucios. Una situación que se complica si hablamos de los ingresos, puesto que el 18 % de los hogares andaluces no percibe ninguna renta.

Esas cifras esconden realidades dramáticas de miles de personas que simplemente no tienen nada. El vacío más absoluto dentro de la sociedad de la opulencia. ¿Qué futuro le podemos ofrecer a quienes lo único que les queda es un presente mísero y sin otra perspectiva que más pobreza? Esa es la fuerza del mensaje de quienes nos hemos arremangado para empezar a construir este nuevo Siglo XXI. Nuevos partidos hemos surgido no solo del descontento y del cabreo, sino de la percepción de que hay que rescatar las instituciones, desalojarlas de quienes han hecho posible un Siglo XX donde se ha gobernado bajo el amparo de leyes injustas. Además de propiciar un modelo económico basado en el crecimiento a toda costa, a costa de la gestión irracional de los recursos o la dignidad de las personas.

En ese tránsito, como una broma cruel, se han creado marcos legales que consagraban los derechos de la ciudadanía. Desde la Constitución hasta todo el desarrollo normativo posterior, nos encontramos con una amplia estructura construida, a priori, para defender los sacrosantos derechos sociales, entre ellos el de la vivienda. Y lo menciono, porque mientras sobre el papel se defendía el derecho de todas las personas a un lugar digno en el que vivir, en la práctica la vivienda se ha convertido en un bien mercantil en el que prevalece el interés sobre su venta y los beneficios que pueda generar, antes que garantizar la habitabilidad con dignidad para una familia.

La historia nos demuestra que una sociedad no avanza si se actúa contra su propia gente. Los últimos años del capitalismo salvaje, del neoliberalismo, han desembocado en modelos económicos insostenibles y, lo que es peor, absolutamente insolidarios. Un modelo en el que la vivienda se ha mercantilizado hasta niveles insoportables para una sociedad como la nuestra, que se ha visto agravado por la durísima crisis que se ha cebado con todas las capas sociales, empobreciendo más a los que menos tenían, pero también arrastrando a niveles de pobreza a clases medias que no han podido hacer frente a tantos años de aniquilación de la economía. La gente que se siente oprimida acaba por levantarse y por defender con uñas y dientes sus derechos ante quienes intentan usurpárselos.

Frente a eso, estamos quienes queremos empezar a construir un nuevo modelo social, político y económico en el que se hable de rescate ciudadano y no de rescatar bancos. De medidas y leyes que trasciendan un modelo caduco para empezar a construir un sistema en que lo social y el interés común esté por encima del interés de una minoría privilegiada. Y lo tenemos que hacer a través de la voz de la gente, para así recuperar las instituciones y ponerlas al servicio de la mayoría social. Debemos trabajar para alcanzar ese Renacimiento, esa nueva sociedad abierta y plural que nos saque de esta nueva Década Ominosa en la que nos han querido enclaustrar. Desprendernos de la mordaza de espíritu que nos impedía aspirar a una sociedad mejor y más justa.

No es un trabajo fácil y para empezar, lo primero ha sido saber cuál es el estado real de la vivienda en nuestra comunidad. Desde el grupo parlamentario Podemos Andalucía llevamos meses trabajando en este análisis cuya conclusión, por otra parte nada sorprendente, es la mala gestión que se ha realizado del parque público de vivienda. ¿Cómo es posible que una administración permita que haya viviendas públicas vacías mientras hay familias en la calle? Esta es una de las situaciones absurdas con la que nos toca lidiar en el día a día en Andalucía. Una situación avalada por procesos burocráticos complejísimos que los convierten en una tortura más que en una salvación. Miles de familias andaluzas padecen en la calle, con casas vacías sin usar que permanecen como activos muertos en el balance de entidades financieras, sin vida en ellas, que es su verdadera razón de ser.

Este nuevo absurdo existencialista hace necesario que volvamos sobre nuestros pasos y empecemos a considerar la vivienda como un derecho por encima de su catalogación mercantilista. Las administraciones, con una legislación del lado de la banca, han consentido que las entidades financieras convirtieran a la construcción en uno de sus ejes de inversión, y lo que es peor, han permitido que aplicaran condiciones abusivas a los clientes, incluso desoyendo las recomendaciones europeas. A pesar de todo, se han conseguido algunos cambios normativos que, de hecho, han permitido que la situación empiece a revertir para ponerse del lado de la gente. En cualquier caso, lo poco que se ha avanzado ha acabado topando con el muro del Tribunal Constitucional. Todavía falta mucho por hacer, especialmente en la lucha abierta para conseguir la dación en pago, de forma que entregando las llaves de la vivienda quede saldada la deuda con el banco. Hasta ahora un desahuciado se queda en la calle, sin vivienda y con una deuda de por vida que lo estigmatiza.

Las entidades financieras y una normativa ambigua o inexistente han sido algunas de las claves de los problemas sufridos en los últimos años. Es el caso de las titulaciones hipotecarias. Una denominación que esconde otro de los grandes fraudes de nuestro tiempo. Como siempre, la banca nunca pierde y si las hipotecas se han convertido en un elemento tóxico, lo mejor es quitárselas de en medio y endosárselas a otro. Con esta fórmula, las entidades bancarias pueden agrupar hipotecas y convertirlas en un activo que pueden vender a una sociedad gestora. Es esa sociedad la que pasa a ser la titular de la hipoteca y eso se hace sin consentimiento de los hipotecados y sin que sea necesario que aparezca en el Registro de la Propiedad. Tan sólo se recoge en unos archivos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a los que es muy complejo acceder.

Es decir, muchos de quienes lean este artículo tienen sus hipotecas titularizadas y ni siquiera lo saben. En estos casos su banco ya no es el acreedor, si no que lo es un fondo de inversión de esos denominados “fondos buitres”. En teoría, por lo tanto,llegado el caso, la entidad financiera otorgadora del crédito original, no podría solicitar el desahucio, pues carecería del derecho legítimo de reclamar la deuda. Sin embargo, según datos oficiales, se han producido unos 600.000 lanzamientos de viviendas que tenían hipotecas titularizadas en España. O lo que es lo mismo, eran desahucios ilegales. Ha sido este año cuando se ha producido la primera sentencia en la que un juez declaraba nulo un desahucio por este motivo. Una vez más, la judicatura va por delante de la ley.

Miles de familias han sufrido en primera piel la amarga derrota que supone sentirse expulsados de su propia casa. Les hicieron creer que era culpa suya, cuando en realidad fueron víctimas de una estafa financiera internacional. Otros muchos permanecen aún en ellas, pero en condiciones de absoluta miseria, con los recortes auto impuestos para evitar que la factura de la luz crezca (de otra manera afrontar el pago de la factura es inasumible). Gente que pasa frío porque su sueldo no le da para pagar la calefacción. Esa nueva pobreza que es la energética, ante la que se hace necesario actuar al igual que ya se está haciendo en otros países como Bélgica, de forma que se garantice un mínimo de suministros de agua y electricidad a toda familia, especialmente en los meses de invierno.

La sociedad en la que vivimos debe dar un giro de 180 grados. Se hace necesaria una Ley Integral de Vivienda, que nos permita transitar hacia un nuevo modelo en el que se apueste por dotarnos de un parque público de vivienda con entidad suficiente para satisfacer las necesidades sociales y sobre el que se ejerza un control efectivo desde la Administración, en el que se fomente el alquiler sobre la compra, en el que se impulse la rehabilitación sobre la construcción y en la que, por supuesto, se reconozca el valor social de la vivienda haciendo efectivo el derecho recogido en la Constitución.

Tenemos el reto de construir un modelo político realmente representativo y democrático en el que las instituciones vuelvan a estar al servicio de la gente, protegiendo los derechos sociales y el interés común frente a la especulación y la ambición desmedida de unos cuantos.

Volviendo al principio, recupero la referencia al optimismo con el que los orientales se enfrentan a una crisis. Si ellos la ven como una oportunidad, esta va a ser la nuestra. Podemos hacer que cambien las viejas políticas. Vamos a hacer posible el cambio de modelo productivo y social en este siglo. Debemos creer en nuestra capacidad colectiva de hacer frente a los problemas unidos. Las leyes no son inmutables, tan solo hace falta la legitimidad del voto para cambiarlas. Es el momento de que la gente tome las instituciones. Es el momento de soñar y de que los sueños se hagan realidad. Es el momento de tomar el cielo por asalto. Un asalto en el que los derechos sociales reconocidos por la Constitución van a ser nuestro ariete. Unos derechos que serán las armas para conquistar las almenas de la igualdad. Porque para llegar a lo más alto, debemos empezar por fortalecer a las bases sociales. Ha llegado el momento de nuestro gran reto, de nuestra oportunidad. Y el momento es ahora.