El caso del máster de Cristina Cifuentes ha puesto en entredicho un elemento central en el imaginario colectivo: el mérito, capacidad, rigor y dedicación que suponen obtener un título universitario en nuestro país. En la transición existían en torno a 500.000 estudiantes universitarios, hoy la cifra roza el millón y medio. Las clases populares fueron incrementando su presencia en este tipo de estudios gracias al esfuerzo por parte de sus familias que en mayor parte no habían corrido la misma suerte. Este logro suponía un distintivo de progreso para los egresados que iba acompañado de un gran esfuerzo económico e intelectual para alcanzar el título.
Todo esto lo ha volado por los aires Cristina Cifuentes al mostrar a las claras que en determinadas circunstancias, si ostentas una posición de poder, puedes hacer retorcerse a toda una universidad pública para ponerla a tu servicio con objeto de falsamente engordar tu currículum. Por eso el golpe es más grave para su credibilidad. Porque ha tocado un consenso generalizado sobre lo que suponen los estudios universitarios. Sin embargo, el golpe viene de lejos y hay más actores que han venido participando de este desprestigio paulatino. No entraré en analizar los más que evidentes indicios de que todo el caso está lleno de irregularidades, quiero proponer aquí ampliar el espectro del análisis para comprender como el caso del máster de Cifuentes es solo un síntoma de un problema mucho más acuciante y trascendente de nuestra sociedad: el presente y futuro del sistema público de educación superior.
La universidad es vista desde fuera como el templo del saber. Un lugar donde el pensamiento, la razón, la cultura y la ciencia encuentran su espacio natural para desarrollarse con soltura e independencia. Un lugar en el que cruzan sus vidas estudiantes y profesores en torno a la exploración de las barreras del conocimiento y en donde se forman a los futuros profesionales que pondrán sus conocimientos al servicio de la sociedad. Esta visión tiene bastante de cierto y por eso existe una continua presencia d eintereses externos camuflados de “sociedad” para intentar apropiarse del patrimonio de la universidad pública y ponerla a su servicio. Siguiendo su forma de actuar, esos poderes fácticos, sólo quieren lo más rentable del negocio y que sea el Estado quién cargue con las costas. Un viejo patrón: privatizar el beneficio y socializar las pérdidas.
Desde el 2009 (aunque este hostigamiento viene de mucho más atrás) la universidad cedió un gran trozo de terreno al implantar el “Plan Bolonia” por orden del Gobierno del PSOE, curiosamente con el entonces ministro de educación -ahora oposición a Cifuentes- Ángel Gabilondo a la cabeza. Con los cantos de sirena de la movilidad, la reforma pedagógica o la equiparación y convalidación de los títulos, se depreciaron los ahora grados universitarios y se abrió la puerta al incremento de tasas, reducción de becas, elitización y mercantilización del saber, desfuncionarización del profesorado, entre otras muchas injerencias.
En esta ecuación, los másteres jugarían un papel fundamental al ser los estudios que distinguirían a una élite más capacitada y también pudiente frente a otro cuerpo de egresados/graduados con menos cualificación y por lo tanto llamados a asentar la bolsa de precariedad laboral en etapas tempranas y de cara al futuro. Justamente ha sido un máster lo que ha destapado parte de las vergüenzas de la implantación de dicho plan. Antes un estudiante necesitaba 5 cursos escolares para obtener un título de Licenciado en Derecho o Económicas; ahora 4 para obtener un Grado en Derecho o Económicas y al menos un curso más para obtener un máster con distintas especializaciones. Curiosamente medicina, alguna de las ingenierías o arquitectura han tenido un trato especial en sus títulos.
Según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Educación, en torno a un 10% de los estudiantes universitarios son de máster, mientras que en torno a un 50% de los títulos se expiden en esta categoría. Se ofrecen más de 2.800 títulos de grado y más de 3.500 de máster. Hay una clara descompensación y desregularización en torno a los títulos de máster que son más caros, tienen menos alumnos y están peor regulados al tener menor recorrido que los antiguos estudios. En esa incertidumbre han surgido infinidad de entidades privadas ofertando un catálogo de másteres casi interminable que están agazapadas esperando a ver cómo se desenvuelve la universidad pública en su desconcierto para atraer cada vez a más estudiantes a sus aulas (pasando por caja, claro) en detrimento de los estudios de especialización públicos y más accesibles. Otro patrón conocido: desprestigiar y debilitar lo público para justificar la privatización y mercantilización de un servicio. Ya Javier Maroto ha declarado que “el debate de fondo es si estamos en un país en el que hay universidades que conceden títulos sin acreditar”.
Cuando Bolonia se estaba implantando hubo un nivel de contestación importante por parte del alumnado y, aunque menos notoria, también de algunos profesores y profesoras que veíamos cómo detrás de las supuestas bondades de aquel plan se escondía una intención clara para paulatinamente poner al servicio de los intereses de unos pocos la universidad que pagamos entre todos. Hubo encierros, huelgas, manifestaciones, protestas que tal vez fueron el primer germen para recoger flores en las plazas y las calles el 15 de Mayo de 2011.
Más tarde vino el ministro Wert que afianzó lo ya avanzado por los Gobiernos precedentes y legisló para que comunidades autónomas y gobiernos universitarios actuaran como engranajes austericidas para asfixiar a la universidad que sigue en una lenta y paulatina sangría. Se instauraron unos niveles de precariedad bochornosos que hacen que, en las universidades, por ejemplo, haya profesores/as a tiempo completo, con un gran currículum y experiencia cobrando poco más de mil euros al mes o el caso de falsos tiempos parciales cobrando en torno a 400. Profesores y profesoras con una alta cualificación, con doctorados, con acreditaciones externas, con publicaciones científicas de un gran nivel, en una incertidumbre desconocida en países de nuestro entorno. Las universidades privadas y también otros países recogen el gran esfuerzo hecho para formar a estas personas y se calcula que hay en torno a 40.000 investigadores en el extranjero lo que, en un cálculo rápido, supondría en torno a 2.000 millones de euros que se ha invertido en su formación que, al menos de momento, están siendo usados fuera de nuestro sistema público de investigación.
El caso del máster de Cristina Cifuentes, más allá de las consecuencias políticas que está trayendo y traerá, debería hacernos pensar sobre qué tipo de Universidad queremos, cuánto estamos dispuestos a invertir en ella y con qué objetivos queremos que funcione. Hay quienes han hablado y actuado claro en el sentido de afianzar el modelo neoliberal que ponga cada vez más en manos privadas la gestión y los intereses de la enseñanza superior. Alguien está intentando robarnos la educación, la universidad pública y de alguna forma el futuro y debemos seguir poniendo encima de la mesa las alternativas públicas viables que pongan a la educación superior en el centro de un nuevo modelo de desarrollo.
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