Distintas asociaciones y organizaciones profesionales y sindicales del sector de la comunicación, que firman este comunicado, expresan su preocupación y sorpresa porque el proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía está paralizada en el Parlamento andaluz desde el pasado 21 de mayo, hace casi dos meses, al no haberse celebrado, incomprensiblemente, el informe de la ponencia.
Esta paralización en la tramitación del proyecto de ley preocupa al Sindicato de Periodistas de Andalucía y la Federación de Sindicatos de Periodistas (SPA-FESP), la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía (EMA-RTV), el Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía, la Red de Medios Comunitarios (ReMC) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), así como a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
El texto lleva elaborándose desde diciembre de 2013 cuando la Junta de Andalucía constituyó la Mesa de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual (MOISA). En ese órgano participaron más de 50 entidades del sector.
Tras varias versiones del anteproyecto, el texto entró en el Parlamento en septiembre de 2017. En diciembre fue debatido en el pleno y en marzo de este año una veintena de grupos sociales y agentes interesados comparecieron en comisión. Los grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas el 16 de mayo, 5 días antes de paralizar el procedimiento.
La mayoría de las enmiendas de los grupos parlamentarios mejoran la redacción inicial del proyecto de ley en materia de medios comunitarios y otros ámbitos, si bien las organizaciones sociales han seguido dialogando con los grupos políticos y con personal técnico de la Junta para encontrar soluciones que, en la práctica, den seguridad jurídica, protección ante interferencias y acceso a las medidas de fomento a estas radios y televisiones sin ánimo de lucro ni intención proselitista gestionadas por la ciudadanía.
Las organizaciones firmantes de este comunicado consideran incomprensible que la Ley Audiovisual de Andalucía, con avances importantes en materia de derecho a comunicar, participación ciudadana en la supervisión del audiovisual, derecho de acceso de la ciudadanía a los medios públicos y alfabetización mediática de la población, así como en el fomento de los medios comunitarios, se esté retrasando e incluso corra el peligro de no ser aprobada en esta legislatura por motivos secundarios.
Estas organizaciones hacen un llamamiento a todos los grupos del Parlamento de Andalucía para que desatasquen con urgencia la tramitación de este proyecto de ley.
Este proyecto de ley ya lleva dos legislaturas de trámites. Sería perder una oportunidad histórica para la construcción del territorio andaluz que los partidos aplacen para la próxima legislatura la aprobación de la ley y una enorme decepción que las mejoras para los medios comunitarios no se incluyan en el texto, despojándolos de protección legal, señalan las organizaciones. Andalucía, en concreto la parte más social del sector audiovisual junto a ONG y movimientos ciudadanos, ha estado liderando este proceso respetando su pluralidad, presentando numerosísimas propuestas, alegaciones y enmiendas. Los grupos políticos tienen que estar a la altura de la ciudadanía andaluza y no decepcionarla. Este país necesita que Andalucía termine de sentar las bases prácticas de la solución al bloqueo legal que sufren los medios comunitarios.
Hay que recordar, una vez más, que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido explicaciones a España sobre por qué no concede licencias a los medios comunitarios, lo que podría conllevar indemnizaciones y reparaciones a cargo de las arcas públicas. El consenso parlamentario andaluz en torno a la solución para los medios comunitarios y su réplica en el resto de comunidades podría evitar que se tenga que llegar a ese extremo.
Además, seguir sin solucionar el acceso a frecuencias para los medios comunitarios ocasiona disfunciones en todo el sector audiovisual e incluso perjuicios a las emisoras con título habilitante, como recoge un informe de los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña.
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