Que haya agentes de la policía nacional –furgonetas o “lecheras” incluidas- en la puerta de una Delegación territorial “custodiando” la kilométrica cola en la que aguardan ciudadanas y ciudadanos para solicitar una subvención nos puede parecer escandaloso, pero sobre todo sintomático. La ayuda en concreto va dirigida a personas con ingresos limitados y tienen preferencia aquellas que han sufrido algún desahucio, seguidas de gente en paro o supervivientes de violencia machista. O todo a la vez. En resumen, nadie que figure en esa espera está precisamente en una situación óptima. Más si tenemos en cuenta que en esta cola todo el mundo viene a entregar documentación tras haber pasado una criba inicial.
Aunque la entrega de documentos puede realizarse en el registro de casi todas las administraciones públicas -además de en Correos-, las y los aspirantes prefieren llevarla a cabo en la misma Delegación. En otros lugares legalmente establecidos, el funcionariado asegura que no “comprueba” datos ni documentos, sino que simplemente compulsa. Además, el órgano municipal que debía colaborar ha anunciado que no puede hacerse cargo de tal avalancha, aunque en el art. 3.2 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se lee que en sus relaciones “se rigen por el principio de cooperación y colaboración”.
Muchas de estas personas llevan haciendo cola desde las 5 de la mañana, a pesar de que la oficina abre sus puertas a las 9. Media hora después de la apertura, el personal público ya ha entregado 260 ó 300 números -según el día-, con el consecuente aluvión de quejas, abucheos y gritos de quienes se quedan sin turno. Normal. El plazo final vence en veinticuatro horas y la documentación no va a poder subsanarse –finalmente ese plazo se ampliaría ante semejante concurrencia-.
Aunque “los de arriba” –y los de no tan arriba- no lo consideren así, quienes piden ayudas debido a sus escasos ingresos también tienen obligaciones: acudir sin falta al trabajo precario de turno, llevar a las niñas al colegio, realizar gestiones similares, personarse en entrevistas de trabajo, terminar las tareas domésticas… de hecho, uno de los puntos de baremación más altos se refiere a que en la unidad familiar haya algún miembro en situación de dependencia.
La “alta demanda” de estas ayudas no es más que el reflejo de la estafa que soportamos y de años de implantación de políticas neoliberales. Ya de por sí resulta bastante tortuoso contar con tan solo diez días para recopilar tanta documentación de distintas administraciones. Sin embargo, peor es darse cuenta de que los trabajadores públicos de la Delegación y los que atienden la línea telefónica de información se contradicen en todo tipo de cuestiones, así la obligatoriedad o no de rellenar ciertas casillas, como la correspondiente al número de la finca registral, al que ni siquiera tiene acceso una inquilina.
También encontramos personal algo molesto con la muchedumbre que acosa sus mesas de trabajo, lo que me hace reflexionar acerca de los procedimientos selectivos en las oposiciones. A una pareja que acaba de llegar al mostrador con su bebé le exigen una certificación bancaria, requisito que no figura en ninguna parte. Esto convierte la petición en contraria a la ley citada anteriormente, como indica su artículo 35.f). Es solo un ejemplo.
Resulta difícil describir la sensación que producen siete horas -sí, siete- de espera para ser informada de que a una le falta un papel que en ningún lado se solicita. Hace pocos meses, la Comunidad de Madrid vivió un episodio parecido -incluso más esperpéntico, todo hay que decirlo- en el que a los solicitantes se les exigía una Nota Simple que costaba alrededor de 15 euros.
La violencia administrativa es otra forma de violencia institucional. La excesiva burocracia a la que nos someten las administraciones provoca en muchos casos estrés, angustia y ansiedad perfectamente evitables, además de trastornos en las vidas de las personas que simplemente han acudido para cumplimentar un trámite. Hay gente que escupe comentarios en la nube del tipo “les gusta más pedir subvenciones que trabajar”. Un día nos van a demandar in situ un “certificado de existencia”, el mismo que exige el Gobierno de la Peste en la obra El estado de sitio, de Camus, que casualmente está ambientada aquí, en una provincia de Andalucía.
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