Corría el año 2013, cuando el 9 de abril se aprobaba a propuesta de IU Andalucía el decreto-ley para asegurar la función social de la vivienda. La burbuja inmobiliaria, fruto de alianza del bipartidismo y el capitalismo inmobiliario español, había estallado sobre la clase trabajadora española y andaluza. La constitución de 1978, ya violada con la reforma del artículo 135, nombra solo una vez la palabra especulación y lo hace diciendo: los poderes públicos deben combatir la especulación en materia de vivienda. ¡Já! Lo conocido desde 1978 y antes, hasta 2018, han sido 40 años en los que los gobierno centrales, autonómicos y locales –con excepciones- no han hecho otra cosa que aprobar leyes y políticas públicas que alimentan la especulación del derecho humano a la vivienda, y como siempre, los y las rehenes son la población trabajadora. Rehenes en forma de hipotecas en manos de un poder financiero que los ha expoliado y estafado con el permiso de los Gobiernos y las legislaciones, en forma de desahucios, en forma de aumento de los precios de la vivienda, rehenes en forma de gentrificación de las ciudades.
El decreto-ley 6/2013, de 9 de abril de 2013, para asegurar la función social de la vivienda, y la posterior ley 4/2013, de 1 de octubre, contienen algunas de las medidas legales con las que combatir la especulación en materia de vivienda asegurando la función social de la propiedad y asegurando el derecho humano a la vivienda digna y adecuada de los y las andaluzas.
La norma aprobada en abril, recoge, entre otras cuestiones, la definición de “vivienda deshabitada”, 1.000.000 en Andalucía según el Censo de Vivienda y Población de 2011, la elaboración de un censo de viviendas vacías, la obligación de la administración de desplegar políticas de promoción e intermediación en el mercado de vivienda, política fiscal, rehabilitación de la ciudad construida. Establece sanciones a las personas jurídicas, fundamentalmente poder financiero (bancos, fondos de inversión, SOCIMIS…) que mantengan las viviendas desocupadas no dando cumplimiento al objeto de su construcción: destinarlo a vivienda habitual.
Decían que se gastaron miles de millones de euros del dinero público a través de los sucesivos planes de vivienda y suelo: ayudas a la promoción, construcción de VPO, ayudas a la hipoteca, carreteras, viales, colegios…, sin embargo, el trasfondo ideológico de la alianza con el capitalismo inmobiliario era que vivíamos en el mejor de los mundos posibles, la lucha de clases estaba extinguida, todos éramos clase media pujante, con posibilidades de invertir en bolsa, en el mercado inmobiliario, en preferentes o planes de pensiones. Pero de repente, en verano de 2008, toda esa aparente sociedad ideal se convirtió en un infierno.
La disposición adición tercera regula, de acuerdo a las leyes de expropiación forzosa y las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la posibilidad de la expropiación por tres años del uso de la vivienda a la persona jurídica propietaria de la misma para mantener a las familias desahuciadas en su vivienda habitual. Con la primera y única expropiación realizada dimos en la diana: expropiamos a una titulizadora por tres años el uso de la vivienda de María, de Huelva.
La expropiación forzosa ya formaba parte de la mejor y más avanzada legislación de Andalucía, la Ley de la Reforma Agraria, declarada constitucional por otro TC. Una ley que se aupó sobre el poder que el pueblo andaluz conquistó el 4 de diciembre de 1977 y el 29 de febrero de 1980 y que el PSOE-A nunca puso en marcha.
Cinco años después, en este abril, los Gobiernos de Rajoy y Díaz alimentan la especulación de la vivienda y la ciudad: siguen los desahucios -por ejecución hipotecaria y por alquiler, se está procediendo a la expulsión de los vecinos y vecinas de barrios enteros (gentrificación), especulación del precio del alquiler, y una inexistente política de rehabilitación y regeneración urbana útil para el cambio de modelo productivo, la reconversión del empleo perdido en la construcción mediante la rehabilitación de las viviendas construidas, la ciudad construida.
Cinco años después, Susana Díaz siguen sin desplegar el conjunto de la norma en vigor que permiten combatir la especulación y hacer políticas de promoción del alquiler, la rehabilitación y regeneración urbana. Lejos de ello, han aprobado una ley, llamada de tanteo y retracto, con la que van a comprar las viviendas a los bancos que desahucien, tú desahucia que yo pago, dice Susana Díaz al poder financiero. Ha devuelto los desahucios al parque público, exige tres meses de fianza, o aval bancario, para el alquiler de viviendas públicas y de la política de rehabilitación y regeneración urbana no hay ni rastro.
Cinco años después, este Tribunal Constitucional dice que -esta vez- es inconstitucional la expropiación para asegurar la función social de la propiedad. Cinco años después seguimos diciendo que esta Constitución hay que cambiarla por otra y que estamos construyendo una amplia alianza para conseguirlo.
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