Vetada la pesca de sardina por el agotamiento de la cuota prevista

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca, ha adoptado el cierre de la pesquería de la sardina ibérica, al constatarse que España y Portugal han consumido la cuota prevista por la regla de explotación para la totalidad del 'stock'. Esta medida, según ha informado el ministerio, entrará en vigor las zonas CIEM VIIIc (Cantábrico Noroeste, desde el País Vasco, en la desembocadura del Bidasoa, hasta Finisterre), y IXa, (parte española de Finisterre a frontera con Portugal, aguas de Portugal y el Golfo de Cádiz), a partir de las 00:00 horas del 20 de septiembre.

El cierre se realiza de manera simultánea en los caladeros portugués y español y para los barcos de ambas banderas. Hay que recordar que ambas administraciones participaron conjuntamente en la elaboración de una regla de explotación aprobada por el ministerio en agosto el pasado mes de agosto.

El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), Pedro Maza, ha lamentado el cierre del caladero del Golfo de Cádiz, lo que ya se “temían” por “la insuficiente cuota que había para tanta flota de Portugal y España”. Ha criticado que no se han tenido en cuenta los informes científicos que sostenían que “el caladero más estable en cuanto a la sardina era el del Golfo de Cádiz”.

Los pescadores del Golfo de Cádiz, ya con el caladero cerrado, tendrán que esperar ahora a enero de 2015, cuando se comunicará mediante resolución del Director General de Recursos Pesqueros y Acuicultura la cuota de sardina asignada a España para la campaña del mismo año.

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha mostrado su “más rotundo rechazo” a la decisión del cierre de la pesquería de la sardina en Cádiz, “porque tendrá unas consecuencias muy perjudiciales para la economía de los municipios del Golfo de Cádiz”. Por ello, la consejera, Elena Víboras, exige al ministerio un plan alternativo que impida que los barcos tengan que permanecer amarrados a puerto.

La consejera ha trasladado su “preocupación” a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, con quien ha conversado para pedirle medidas alternativas. “Tiene la obligación de dar soluciones para impedir que, como consecuencia de un plan que impuso con el rechazo del sector, condene al desempleo a más de 900 pescadores y cause un drástico daño a la economía de los puertos pesqueros, que ya atraviesan muchas dificultades”, ha lamentado.