La Diputación de Huelva informa a los ayuntamientos de la orden de subvención del Gobierno por inundaciones

El diputado de Infraestructuras de la Diputación de Huelva, Alejandro Márquez, ha mantenido una reunión con alcaldes y representantes de 19 ayuntamientos de la provincia que pueden beneficiarse de las subvenciones que concede el Gobierno central por daños del temporal durante 2012.

Márquez ha explicado a los representes de los municipios el contenido de esta orden del Gobierno, que regula los daños en infraestructuras y red viaria de las diputaciones. Según ha señalado, la institución provincial ha puesto a disposición de los ayuntamientos sus servicios técnicos para que los ayuntamientos puedan iniciar el procedimiento de solicitud y los trámites necesarios, ha informado la Diputación en una nota.

Además el ente provincial es prestará apoyo para elaborar las memorias valoradas, requisito necesario para la solicitud de subvenciones y, en su caso, para la redacción de los proyectos.

En este sentido, ha afirmado que la Diputación es cada día “un instrumento más útil para los municipios, en este caso desempeñando un papel importante como beneficiaria en la gestión de estas subvenciones”.

Las ayudas contempladas en la orden se destinarán a obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades. Asimismo van dirigidas a la red viaria de las diputaciones provinciales, tanto carreteras como caminos rurales y el plazo para solicitar las ayudas finaliza el próximo 24 de noviembre.

Respecto a los municipios que pueden acogerse a la orden de subvenciones son Aroche, Bollulos, Cotelazor, Cumbres de San Bartolomé, Isla Cristina, Minas de Riotinto, San Bartolomé de la Torre, Santa Ana la Real, Valdelarco, Valverde del Camino, Villablanca, Zalamea la Real, Zufre, Alonso, Beas, El Campillo, Cartaya, Encinasola y Los Marines.

Durante el año 2012 se produjeron diferentes sucesos de naturaleza catastrófica o de emergencia que supusieron graves y cuantiosos daños personales y materiales, incluyendo daños en infraestructuras de titularidad público.