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Imputado al alcalde de Cartaya por presunto delito contra el medio ambiente por dos construcciones

El independiente Juan Polo lamenta que "la cacería política" en su contra pueda "perjudicar a cartayeros con construcciones en el campo pendientes de regularizar".

Alcalde de Cartaya lamenta que "la cacería política" en su contra pueda "perjudicar" a otros vecinos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte (Huelva) ha citado para el 6 de febrero, en calidad de imputado, al alcalde de Cartaya, el independiente Juan Polo, por un presunto delito contra el medio ambiente tras la realización de dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable.

Según reza en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado ha admitido a trámite una querella contra el primer edil cartayero, ordenando la práctica de una serie de diligencias como la solicitud del informe emitido por la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva sobre las condiciones urbanísticas de la parcela, y de la licencia urbanística y finalización de las obras.

Del mismo modo, solicita la inspección ocular de la citada parcela, así  como las construcciones ubicadas en la misma, y al Ayuntamiento la copia de la concesión de la licencia, pedida por la esposa del alcalde para la construcción de un almacén agrícola de 50 metros cuadrados, y una copia testimoniada del expediente administrativo de disciplina urbanística, si la hubiera, tramitado para una vivienda de 257 metros en la misma parcela, y de restablecimiento de la legalidad urbanística.

A su vez, el juez solicita una copia testimoniada del expediente administrativo de concesión de licencia instado en 2004, cuando Polo, siendo primer teniente de alcalde de Obras, pidió una licencia de obras para la construcción de un nuevo almacén agrícola de 67 metros cuadrados.

Por último, pide al secretario del Ayuntamiento de Cartaya que emita un informe sobre los cargos políticos ostentados por Juan Polo.

Cabe recordar que en este asunto ha intervenido el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, quien admitió a trámite en octubre una queja de un vecino de Cartaya, que remitió el pasado mes de marzo un escrito al Ayuntamiento de la localidad en el que solicitaba información sobre la construcción de estas dos "viviendas", propiedad del alcalde, supuestamente en "suelo no urbanizable".

Sin embargo, en diciembre este vecino volvió a pedir de nuevo la intervención del Defensor al considerar que la documentación aportada por el primer edil era "parcial", ya que únicamente aporta los expedientes de licencia de obras de estas dos viviendas, cuando había reclamado otros cuatro documentos, concretamente los dos expedientes de disciplina urbanística, si los hubiera, tramitados para sancionar la "infracción", y en consecuencia, los dos expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, que es ahora lo que solicita el juzgado.

El alcalde de Cartaya (Huelva), el independiente Juan Polo, ha lamentado que "la cacería política" en su contra pueda "perjudicar a cartayeros con construcciones en el campo pendientes de regularizar". Polo se ha referido a la imputación por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte, que lo ha citado para el 6 de febrero, en calidad de imputado, por un presunto delito contra el medio ambiente tras la realización de dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable.

Al respecto, el primer edil y también presidente de la coalición de independientes a nivel provincial ha aclarado en un comunicado que a día de hoy no tiene constancia alguna de ninguna querella contra su persona, pero "si finalmente así fuera, demostraré que siempre me he ajustado a la legalidad vigente".

"Iré, sin ningún problema, donde tenga que ir, con toda mi documentación, perfectamente en regla, bajo el brazo, y con toda la celeridad del mundo, porque no veo la hora de poner punto y final a la persecución política de la que llevo ya más de dos años siendo objeto a este respecto, por parte de un exconcejal, exteniente de alcalde y exasesor del anterior equipo de gobierno socialista, que es quien está detrás de esta acusación", ha enfatizado Juan Polo.

En este sentido, lamenta que "este activo militante socialista, en su afán por desprestigiarme y perjudicarme, pueda perjudicar a todos los cartayeros con edificaciones en suelo no urbanizable, porque las citadas construcciones a la que se refiere se encuentran en la misma situación en la que se encuentran las cerca de un millar de edificaciones en el campo de la localidad".

Del mismo modo, ha recordado que "esta situación, que se ha dado por el vacío legal que existía al respecto, es totalmente regularizable" al amparo del Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía, con el que se pretende, precisamente normalizarlas.

Según ha indicado el alcalde cartayero, se da, además, la circunstancia, de que esa regularización no se ha podido iniciar en Cartaya como consecuencia del "retraso" que está sufriendo por parte de la Junta de Andalucía, la aprobación definitiva del expediente administrativo de la Modificación Número 6 de las Normas Subsidiarias de la localidad, "a pesar de que todos los trámites administrativos realizados por el Ayuntamiento ya han concluido".

Polo ha aclarado también que "en ningún caso puede hablarse de presunto delito contra el medio ambiente", puesto que, según remarca, se da "la particularidad importante de que en el caso concreto de estas dos edificaciones, no se encuentran en suelo protegido, ni en zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, ni en espacio natural, ni en monte catalogado, ni zona de influencia del litoral, ni de dominio hidráulico". Esto implica además, ha subrayado, "que no hay problemas para su regularización una vez quede aprobada definitivamente la modificación número 6 del PGOU de Cartaya, que beneficia a todos los vecinos con propiedades en el campo".

El alcalde ha recordado que ya en 2012 se presentaron dos denuncias anónimas referidas a las citadas construcciones, ante el Seprona y ante la Fiscalía, que dictó auto de archivo "por no ver indicio alguno de ilegalidad en los expedientes, después de analizarlos con detalle y de exigir los pertinentes informes técnicos de los funcionarios públicos".

El primer edil niega también la existencia de dos viviendas, "puesto que la que se construyó en el año 2004 ni ha tenido jamás, ni tiene un uso residencial, como se acreditó documentalmente ante al Ministerio Público en su día, puesto que se trata de una nave de aperos". Además insiste en que tiene "todos los papeles en regla, tanto el de la vivienda como el del almacén de aperos. Aboné las correspondientes tasas y he pagado todos los impuestos que me corresponden", ha concluido.

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