El Defensor del Pueblo llama a una “seria reflexión de los poderes públicos” a raíz del caso del Algarrobico

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que lidera Jesús Maeztu, ha llamado a una “seria reflexión de los poderes públicos” a raíz del caso, judicializado, de la construcción del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), que este organismo califica como “un ejemplo de desarrollo urbanístico no sostenible en pleno Parque Natural del Cabo de Gata y Níjar”.

Según las consideraciones de la Defensoría, recogidas por Europa Press, la “necesaria” supresión del impacto, “no solo visual”, de la enorme “mole” edificatoria existente desde hace años en el mencionado Parque Natural, en terrenos que invaden parcialmente la zona de dominio público marítimo terrestre, ha llevado a las administraciones del Estado y de la Junta de Andalucía a asumir el compromiso público de su supresión y que estos terrenos tengan usos que favorezcan la protección de este espacio de gran valor ambiental.

No obstante, “los procesos judiciales en curso permiten presumir que cualquier intervención en este sentido se puede dilatar durante bastante tiempo”, ha indicado la Oficina del Defensor, que añade que, mientras tanto, en este escenario judicial las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han llegado a conclusiones “aparentemente muy distintas” sobre la naturaleza de la zonificación que se debe aplicar al sector S-T1, en el que se encuentra ubicado el inmueble.

La no intervención de esta institución en cuestiones sometidas a procedimientos judiciales en curso, conforme a lo establecido en el artículo 17 de su Ley reguladora, no impide al Defensor llamar a una reflexión a los poderes que, en la actualidad, “critican unánimemente un modelo de desarrollo urbanístico que no habría tenido lugar sin la aprobación previa, por los propios Ayuntamientos y los órganos competentes de la comunidad autónoma, de los planes urbanísticos que habilitaron la ejecución de un desarrollo territorial, ambiental, social y económicamente no sostenible”.

“Dadas las posibilidades de interposición de recursos, parece previsible que esta situación se perpetúe durante años pese al consenso existente”, subraya la institución, recordando que a través de las quejas a instancia de parte, de oficio y de los informes especiales realizados ha manifestado su posición “crítica” ante este tipo de ordenación urbanística.

Por ello, el Defensor recalca la necesidad de evitar en un futuro que se vuelva a incurrir, en el ámbito de la ordenación del territorio y el urbanismo, en los errores que se han cometido y las “gravísimas” consecuencias que, derivadas de ellos, “tienen y tendrán durante muchos años en el deterioro de nuestro territorio e, inevitablemente, en la garantía y protección de ese derecho de la ciudadanía, presente y futuro, reconocido constitucional y estatutariamente a disfrutar de un medio ambiente adecuado”.