La fiscalía pide la imputación de los dos últimos alcaldes de El Puerto (PP) por presunta prevaricación

Según el decreto dictado por la Fiscalía en las diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia de la Plataforma Ciudadana Apemsa no se vende, al que ha tenido acceso Europa Press, considera que procede presentar denuncia ante el Juzgado Decano de El Puerto de Santa María para que, por el juzgado de instrucción al que corresponda por reparto, se proceda a la incoación de las oportunas diligencias previas.

Interesa, además, que se cite en calidad de imputados al director gerente de Ampensa, a quien se refiere como la persona que “propuso las prórrogas y defendió intensamente la legalidad de las mismas”, y de todos los miembros del Consejo de Administración de Apemsa que los días 20 de agosto y 13 de diciembre de 2010 votaron a favor de los contratos en cuestión.

Entre las cinco personas que votaron a favor figuran el actual alcalde y su antecesor. Igualmente, solicita que declaren en calidad de testigos el subdirector financiero de Apemsa y el redactor del informe técnico sobre la necesidad de realizar las obras objeto de denuncia.

Los contratos a los que hace referencia son el de 'Limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado, estaciones de bombeo y estaciones depuradoras de aguas residuales de El Puerto' --suscrito en julio de 1989-- y el de 'Explotación, mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la ciudad' --firmado en junio de 1991--.

Expone la Fiscalía que el hecho de que las partes pacten en los contratos prorrogados unas prórrogas nuevas o distintas a las inicialmente previstas no puede entenderse como ilegales, siempre que el plazo total del contrato no exceda el máximo permitido, que en este caso es de 99 años.

Sin embargo, en los hechos objeto de la denuncia se observa que “no sólo se procede a la prórroga sucesiva de los contratos de mantenimiento o de explotación de la EDAR, sino que además se va modificando o alterando el contenido de los mismos”.

Por tanto, no puede descartarse que a través de esta figura de la prórroga del contrato “se esté encubriendo en realidad un contrato distinto”, de forma que legalmente se debería haber iniciado todo el proceso de tramitación para la contratación de tales servicios u obras, dando la oportunidad a otras empresas de presentar sus ofertas conforme a los principios de publicidad y transparencia, libertad de acceso y no discriminación.