Andalucía demanda de nuevo a Boliden para que pague la limpieza del vertido de Aznalcóllar

El gabinete jurídico de la Junta de Andalucía ha presentado una nueva demanda ante el juzgado de instrucción número 11 de Sevilla para reclamar a la empresa minera sueca Boliden 90 millones de euros más intereses por los gastos de recuperación y limpieza de la zona tras el desastre del vertido en la mina de Aznalcóllar (Sevilla) en 1998.

Según ha anunciado el secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Fernández, la demanda de reclamación de cantidad se ha presentado esta misma semana tras el “peregrinaje jurisdiccional” de la Junta para efectuar esta reclamación, que primero inició una reclamación por la vía civil, cuyo juzgado consideró que la reclamación debía ser por la vía administrativa.

La noticia surge después de que hace sólo unos días se conociera que la agrupación de empresas México-Minorbis ganara el concurso internacional convocado por la Junta de Andalucía para reabrir la mina.

Finalmente el Tribunal Supremo consideró que la vía que se debía seguir era lo civil, de forma que “hemos vuelto a la casilla de salida” y se ha presentado esta nueva reclamación ante la jurisdicción civil. Fernández ha explicado que ya en 2001 se formuló la primera demanda por la vía civil, ante lo que el juez de primera instancia y la Audiencia Nacional “consideraron que era cuestión administrativa”, por lo que se inició el proceso administrativo, que acabó en el Supremo “y éste determinó que era civil”.

Ha explicado que “se tuvo que al Tribunal de Conflicto de Jurisdicción y falló que la cuestión era civil”, de manera que “hemos vuelto a la casilla de salida” presentando esta reclamación ante la jurisdicción civil “y será la que deba resolver”.

Fernández ha dejado claro que “el gabinete jurídico de la Junta no cesará en el empeño de recuperar para las arcas autonómicas y el contribuyente andaluz del importe que costó la recuperación de la zona de Aznalcóllar tras el vertido”, cifrado en 90 millones. Ha recordado que hay además otros 42 millones que supuso el coste de la limpieza para el Gobierno central.

Ha precisado que “ante la constatación de la tardanza en asuntos mineros, la manera más benéfica para los intereses generales era someterlo al procedimiento judicial”.

Esta nueva denuncia supone “volver a la misma situación” que en 2001, de forma que se presenta esta demanda de reclamación ante el mismo juzgado que por turno correspondió entonces.