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La cuarta concejal de Tomares imputada asegura que no intervino en las contrataciones investigadas
La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), Pilar Domínguez (PP), ha declarado este lunes como imputada en el marco de la investigación por la contratación del actual edil de Medio Ambiente, Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al pasado mandato, y ha asegurado que no intervino en las contrataciones que se investigan.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que la actual concejal de Urbanismo ha declarado como imputada este lunes ante la juez de Instrucción número 8 de Sevilla y ha asegurado que su departamento “no intervino” en las contrataciones investigadas, pues dichos contratos “le venían dados” y estaban relacionados con el Plan E del Gobierno central.
Además de Pilar Domínguez, en esta causa ya han comparecido como imputados ante la juez el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la vigente edil de Cultura y exconcejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes, y el propio Juan Campos.
Todos ellos fueron imputados después de que las fuerzas de oposición elevasen el asunto a la Fiscalía y el Ministerio Público promoviese una denuncia solicitando precisamente la imputación de estos tres últimos cargos públicos. El Ayuntamiento, de su lado, defiende que el contrato en cuestión estaba avalado por los altos funcionarios de la propia Administración local, extremo que éstos habrían confirmado al testificar ante el juzgado.
En ese sentido, el Gobierno municipal del PP reaccionaba a la imputación de Pilar Domínguez defendiendo nuevamente que no media “ninguna ilegalidad” y que la Justicia demostrará que todo deriva de “una denuncia política de la oposición”.
Las fuerzas de oposición denunciaron que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori' para justificar el dinero abonado a Campos con cargo a las arcas municipales, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público, dado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año “improrrogable”, pero los trabajos y pagos se habrían prolongado hasta 2009.
