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IU respalda a Gordillo como diputado tras la condena por la ocupación de Las Turquillas
IU de Andalucía ha cerrado filas con el parlamentario de IU y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), junto a otras dos personas, a siete meses de prisión a una multa por la ocupación en el verano de 2012 de la finca Las Turquillas en Osuna, donde se ubica la Yeguada Militar. En el caso del diputado de IU en el Parlamento de Andalucía, la formación ni siquiera se plantea su salida por esta sentencia.
Las muestras de apoyo se han sucedido las últimas horas, entre otras por parte del propio portavoz del grupo de IU en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Castro, quien ha arremetido contra una condena que, en su opinión, coloca a estos dos políticos como “cabezas de turco”. En su perfil en Twitter ha hecho varios comentarios de apoyo.
También el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha mostrado su total respaldo a los condenados, destando que a su juicio la sentencia es desproporcionada y que la formación respalda esta manera de lucha para defender los derechos. En su perfil en Twitter se pronunciaba así tras conocerse la sentencia:
Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha advertido, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, un “trato muy desigual” por parte de la justicia a quienes “roban” al conjunto de los ciudadanos y a aquellos que defienden “no ser robados”, tal y como es el caso de los dos políticos condenados. En su opinión, “es un sinsentido que quienes trabajan y luchan por conseguir la función social de la propiedad y de la tierra obtengan un maltrato por parte de la justicia, mientras que quienes mal usan la función social de la tierra y de la propiedad tengan otro tipo de trato”.
Para el vicepresidente de Andalucía, “a veces la justicia tiene poco de justicia”, y se ha referido a que hay personalidades con altas responsabilidades desde el punto de vista empresarial e incluso de la acción de gobierno con actuaciones “inaceptables” que han pasado “sin pena ni gloria”, mientras que ahora se condena “por defender la función social de unas tierras que no están produciendo”.
