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Vecinos de Cartaya consiguen la retirada de la grúa que amenazaba sus casas desde hacía siete años

grúa cartaya

Fermín Cabanillas

A mediados del año 2006 se terminaban de colocar los últimos ladrillos en una inacabada obra en la localidad onubense de Cartaya. Los trabajos, como la mayoría, estaban apoyados desde el aire por una enorme grúa pluma que, según los vecinos de la calle La Noria del municipio, les ha impedido conciliar el sueño ante la posibilidad de que se derrumbe sobre sus casas. Hasta ahora, que ha sido retirada tras numerosas movilizaciones y escritos dirigidos al Ayuntamiento.

Han sido siete años de temores, asegura una portavoz de los afectados, que recalca que finalmente decidieron dejarse de formalidades e iniciaron movilizaciones que, al final, es lo que ha funcionado. Curiosamente, era la única grúa de tipo torre que seguía en pie en todo el municipio cartayero, de casi 20.000 habitantes, en espera de que pasara la crisis económica.

Los afectados lamentaban que la obra se había parado hace siete años “y desde entonces nadie ha pasado por aquí a comprobar el estado de la grúa”. Por este motivo hicieron sus propias averiguaciones y comprobaron que una instalación de esas características y dimensiones tiene la obligación de ser sometida a una revisión cada año “y aquí nadie ha venido nunca a revisar y darnos, al menos, tranquilidad”.

El primer escrito ante el Ayuntamiento fue presentado hace más de tres años, concretamente ante la Policía Local del municipio, sin respuesta, lo mismo que el segundo. Por eso decidieron cambiar de forma de actuar y el tercer escrito, elevado a público el pasado 25 de septiembre, estaba acompañado de las firmas de los 25 afectados.

Viviendas ocupadas

En dicho escrito se ponía de manifiesto que junto a las viviendas en la calle Noria se encuentra “una promoción de viviendas a medio construir que está abandonada, con una grúa de grandes dimensiones totalmente paralizada desde hace varios años, la cual por efecto del viento se mueve situándose uno de los extremos sobre nuestros tejados, y esto provoca intranquilidad y miedo entre algunos vecinos porque es peligroso, y pedimos que desde el Ayuntamiento se pongan las medidas necesarias para solventar este problema”“.

Los vecinos llegaron a documentarse y en el escrito reflejaron precedentes de grúas que se han venido abajo en otros puntos de España por su abandono, como es el caso de los 40 vecinos de El Vendrell (Tarragona), que tuvieron que ser desalojados de sus casas en noviembre de 2010 tras caerse la pluma de una grúa de 30 metros sobre dos edificios de dicha ciudad. “Esta grúa solo llevaba un año abandonada, pero los bomberos de la Generalitat tuvieron que desalojar a unas 40 de personas tras el accidente, al parecer provocado por el fuerte viento reinante”, añadieron al escrito.

Pero no solo la grúa preocupaba a los vecinos, aunque fuese su principal dolor de cabeza, ya que las casas, aunque inacabadas, no están vacías. Hace unos meses comenzaron a ser ocupadas a pesar de que, evidentemente, carecen de todo lo necesario para vivir con un mínimo de cobertura de las necesidades básicas. Así, “se hacen sus necesidades en los sótanos de las viviendas a medio construir y en los jardines del barrio, a veces mirando a nuestras casas, incluso a los niños, y nos provocan demasiada inseguridad”, explica la misma afectada, que añade que“”tienen luz eléctrica, aunque no tenemos ni idea de donde la sacan, y han llegado a encender fuego en el interior de la obra“. De momento, el dolor inicial de cabeza de los vecinos parece que se ha solventado.

La “presión” municipal, clave según el alcalde

El Ayuntamiento de Cartaya, por su parte, asegura que ha tenido que presionar a varias instancias, incluida la Junta de Andalucía, para que esto se solucione. La retirada se ha producido, según explica el alcalde, Juan Pol (Independiente), “después de que el Consistorio remitiera un escrito presionando a la Consejería, que es la administración competente en lo relativo a la concesión de permisos para este tipo de instalaciones y también en lo referente a determinar si generan inseguridad o no”.

La presión municipal solicitando una visita de inspección, a la que se han unido las quejas de los vecinos solicitando una solución, ha hecho posible, según el primer edil, que la Consejería haya procedido a su retirada. En este sentido, el alcalde recuerda que “desde hace más de un año, este equipo de gobierno está haciendo gestiones para encontrar una solución al problema de los vecinos, aunque nos encontrábamos atados de pies y manos, puesto que no podíamos, en ningún caso, actuar directamente para retirarla, ya que se trata de una propiedad privada, a la que no podemos acceder sin la orden de un juez”.

Después de reclamar una solución al propietario en varias ocasiones, y teniendo en cuenta la dificultad de la situación, puesto que la empresa se encuentra en fase concursal, “hemos exigido la intervención de la Consejería, que es quien concede la autorización para su instalación y quien debe velar porque este tipo de estructuras cumplan con la normativa”.

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