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La Junta revisará los criterios de valoración para nuevas convocatorias de ayudas a la producción ecológica
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha afirmado este lunes que el Gobierno andaluz, junto con las organizaciones agrarias y cooperativas, estudiará nuevos criterios de valoración para próximas convocatorias de ayuda a la producción ecológica en el marco de los reglamentos europeos después de haber incrementado en 27,9 millones de euros los incentivos de la convocatoria actual, para la que ya se maneja una cuantía de 236,4 millones de euros, 73 millones más que los que se preveían inicialmente en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, es decir, un 45 por ciento más.
Así se ha expresado la consejera a preguntas de los periodistas ante las movilizaciones de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Almería y Granada al considerar “insuficiente” y “discriminatorio” el reparto de las ayudas europeas a la producción ecológica que ha efectuado la Junta, movilización que la titular andaluza de Agricultura ha dicho no entender.
Ortiz, quien ha defendido que las ayudas llegarán a unos 11.000 productores andaluces y que cubrirán el 99 por ciento del mantenimiento de cultivos de frutas de cáscara y el 93 por ciento de herbáceos, ha asegurado que de cara a futuras convocatorias se podrán analizar nuevos criterios de adjudicación, aunque siempre “en el marco de los reglamentos europeos”, ya que existen determinados factores, como los de carácter “social”, que no pueden ser incluidos.
“Tampoco podemos poner los criterios que se nos antojen”, ha detallado Ortiz, quien ha incidido que durante las conversaciones establecidas en 2015 no se plantearon peticiones como las que ahora están “encima de la mesa”.
La consejera ha insistido en que ha habido “interlocución” con las organizaciones agrarias, de forma que Asaja, COAG y las cooperativas “han comprendido el esfuerzo presupuestaria” realizado “en tiempo récord” para atender a la “mayoría de las producciones”. Así, ha incidido en que una revisión de los criterios habría postergado en un año “como mínimo” la convocatoria de ayudas.
