¿Es insuficiente la ley andaluza de cambio climático?
Aumento de las sequías, las temperaturas, la escasez de lluvias y el avance de los desiertos. Ese es el panorama al que se enfrentarán los andaluces de finales de siglo XXI si la lucha contra el cambio climático no se toma por fin en serio. Ha llevado tres décadas que países como Estados Unidos o China, que acaban de llegar esta semana a un compromiso mutuo para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, le hagan frente a uno de los mayores desafíos de la humanidad.
La ley andaluza de cambio climático, que se encuentra en fase de exposición pública, se enfrenta por tanto al reto de dar una respuesta regional a un fenómeno global y complejo. Mitigar, adaptarse y concienciar: esos son los pilares de una nueva normativa con luces y sombras.
Herramientas contra el cambio climático
Andalucía cuenta con una ley de eficiencia energética y una estrategia ante el cambio climático. Mientras que la ley de eficiencia, según la Consejería de Medio Ambiente, “procura que la economía se base en un uso menos intensivo del carbono”, la estrategia de cambio climático apunta a todos los gases de efecto invernadero y todas las fuentes que los generan. La ley elevaría “al máximo rango normativo” algunas de las medidas de la estrategia y encauzaría nuevas medidas como la huella de carbono de productos y servicios, el sistema de compensación de emisiones o los programas municipales de cambio climático.
Los grupos ecologistas la consideran una ley necesaria pero insuficiente. Juan José Carmona, portavoz de WWF en Andalucía, indica que la norma tiene “una escasa ambición en la reducción de emisiones en sectores difusos”, como la agricultura, el transporte, los hogares, los comercios o la propia administración. “El objetivo para 2020 es no incrementar las emisiones de CO2 respecto a 2005, el año en el que España batió el récord de emisiones. A nivel nacional, el objetivo es reducirlas y ya lo consideramos poco ambicioso, así que si Andalucía se plantea mantenerlo, la norma resulta poco ambiciosa”, afirma.
La ley, que ya anunció el expresidente andaluz José Antonio Griñán en enero del año pasado, pretende que Andalucía no libere a la atmósfera más de 4,28 toneladas de CO2 por habitante al año. Los ecologistas insisten en que Andalucía es una zona especialmente sensible al cambio climático y que, como recoge la nueva norma, debe luchar tanto por mitigarlo como por adaptarse a él.
En este sentido, WWF considera que la ley adolece de “falta de concreción en las medidas de mitigación por áreas estratégicas. En ningún momento se cuantifica cuál es el objetivo. ¿Habremos cumplido con una o con diez placas solares? ¿Qué porcentajes de andaluces deben contar con una? Creemos que existe un horizonte para ir más allá de lo que la norma va”. José Carbonell, responsable de Greenpeace en Andalucía, critica, por su parte, que la ley “no hace una apuesta clara por las energías renovables, la investigación y el autoconsumo”.
Mayor coordinación
La normativa contempla la creación de un órgano, la comisión interdepartamental de cambio climático, para coordinar la lucha contra este fenómeno planetario desde todas las consejerías andaluzas. La ley identifica siete áreas de mitigación y nueve de adaptación al cambio climático. Hay áreas que, por ejemplo, sólo atañen a una Consejería, como la salud, pero hay otras, como la vivienda, que depende de las consejerías que tienen competencias en energía y vivienda. En este sentido, Daniel López, responsable de Ecologistas en Acción en Andalucía, subraya que “hace falta un esfuerzo conjunto de la Consejería de Medio Ambiente con otras consejerías para que esto no quede en un mero texto legal. Las políticas no deben ser sólo de medio ambiente, sino también de pesca, agricultura, fomento, transporte o educación”. López insiste en que Andalucía necesita “un cambio de modelo que no sea el ‘ladrillo’ y que se centre en las energías renovables. La ley va en la buena dirección, pero hacen falta medidas más contundentes”.
En términos similares se manifiesta Carmona, que cree que, para que Andalucía se pueda enfrentar con éxito al cambio climático, “necesitamos acciones decididas. Hace falta que las leyes se implementen y que se lleven a cabo planes de movilidad más ambiciosos en los municipios y que a los polígonos industriales y las empresas se les exija un plan de movilidad sostenible”.
A nivel local, la ley crea la figura del municipio de baja emisión de carbono, un reconocimiento que el Gobierno andaluz otorga a aquellos ayuntamientos que “dispongan de un programa integral de actuaciones en materia de cambio climático” y que les favorecerá a la hora de optar a incentivos o subvenciones relacionadas con la mitigación. Si, desde hace cinco años, las empresas podían adscribirse de manera voluntaria al sistema andaluz de compensación de emisiones (SACE), a partir de ahora los grandes consumidores energéticos estarán obligados a compensar sus emisiones mediante reforestaciones u otro tipo de proyectos forestales.
¿Habrá sanciones para aquellas empresas que no reduzcan sus emisiones de gases contaminantes? La ley contempla multas de hasta 60.000 euros, pero, y en esto están de acuerdo administración y organizaciones ecologistas, lo importante es que se adopten medidas contra el cambio climático en “una de las zonas más vulnerables por su localización geográfica en la cuenca mediterránea” y que depende económicamente de sectores como el turismo o la agricultura, que se verán muy afectados por los efectos del cambio climático.
