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Ecologistas presentan una querella criminal contra los jueces del Algarrobico

Sectores protegidos/ FOTO: Salvemos Mojácar

Alejandro Ávila

Irregularidades y prevaricación. Salvemos Mojácar ha presentado este viernes ante el Tribunal Supremo la anunciada querella criminal contra los cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia que dictaminaron el martes que el hotel del Algarrobico (Carboneras, Almería) está construido sobre suelo urbanizable.

Según la plataforma ecologista, los cuatro magistrados del TSJA que dictaron la sentencia, Rafael Toledano, María Torres, Jorge Muñoz, María del Mar Jiménez, “dan luz verde a la construcción de ocho hoteles, 1.500 viviendas y un campo de golf en los sectores protegidos del Algarrobico”.

Salvemos Mojácar tacha de arbitrarios y vacuos los argumentos empleados por los magistrados “para darle la razón a la promotora Azata”; censura las irregularidades procesales “como haber cambiado de sección tres días antes de dictar sentencia, lo que ha permitido a los magistrados emitir una sentencia contradictoria con las anteriores al respecto”; y critica que, lejos de ceñirse al hotel Algarrobico y su sector ST1, la sentencia se adentra “en un tema que hasta ahora no se había cuestionado en ninguno de los pleitos anteriores: el carácter protegido del suelo del sector ST2 ubicado tras el hotel y que esta sentencia declara urbanizable”.

“Se abre la veda”

De ese modo, los demandantes creen que se abre la veda para que la promotora Azata del Sol obtenga la licencia para el hotel y construya en todos los sectores -ST1, ST2 y ST3 (imagen)- uniendo así la zona del Algarrobico con el núcleo urbano de Carboneras. Los ecologistas destacan que estos planes coinciden con el PGOU de Carboneras, recurrido por la plataforma en el mismo tribunal.

Salvemos Mojácar insiste en que “todo esto es una antesala de la sentencia definitiva sobre la licencia del hotel que han de dictar los mismos ponentes en un proceso plagado de presuntas irregularidades que ha llevado a Salvemos Mojácar a solicitar la anulación del juicio celebrado en Granada el pasado 14 de enero, irregularidades que incluyen dilaciones inadmisibles que han permitido sacar antes esta última sentencia, así como el hecho de que no es el juez D. Rafael Toledano Cantero quien debería estar a cargo del caso”.

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