La fiscalía pide seis años de prisión para el exacalde de Encinarejo
La Fiscalía de Córdoba pide penas que suman un total de seis años de prisión, 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 14.400 euros para el exalcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo, que pertenece a Córdoba, Miguel Martínez Múrez (PA), acusado de un delito continuado de fraude, otro de falsedad en documento público y un delito de prevaricación administrativa en la contratación de obras. El juicio se celebra este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia de Córdoba.
El ministerio público ha solicitado también penas de tres años de prisión, así como inhabilitación para obtener subvenciones y contratar con organismos públicos y gozar de beneficios o incentivos fiscales, para sendos representantes de empresas, procesados en este caso por la supuesta comisión de delitos de falsedad en documento público y fraude.
Según recoge la calificación fiscal, en febrero del año 2000 el exalcalde solicitó una subvención para la construcción de una obra, cuya ejecución había sido adjudicada a una empresa de la que era representante legal uno de los acusados. Para justificar la necesidad de la subvención descrita, el exregidor aportó con la solicitud de petición de la subvención una factura expedida por la empresa por importe de 60.418,23 euros, en la que se incluyeron distintos conceptos, cuya relación supuestamente era “ficticia y nunca llegó a dispendiarse” por parte de la adjudicataria.
Mientras, la elaboración de dicha factura, que fue aprobada por resolución dictada por el exregidor, fue emitida y confeccionada “de común acuerdo” entre los dos procesados, y “solo tuvo por objeto justificar la subvención aludida que fue concedida por la Delegación en Córdoba de la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía en el mes de mayo del mismo año, por un importe de 41.481,86 euros”. Una cantidad que supuestamente fue obtenida “de forma fraudulenta” y que fue ingresada en las arcas dela adjudicataria. Con posterioridad, la empresa en cuestión cesó en la ejecución de la obra, de manera que fue adjudicada a otra, representada por el tercer acusado en este caso.
