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El juez abre juicio oral contra el alcalde de Armilla (PSOE) y le pide fianza de 15.000 euros

Sánchez muestra su "total confianza" en la justicia y pide que la vista se fije para antes de las elecciones municipales

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha abierto juicio oral contra el alcalde de Armilla (Granada), el socialista Gerardo Sánchez, por el caso de los vertidos en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS), por la posible comisión de un delito contra el medio ambiente y de otro de prevaricación administrativa.

En el caso también está imputado, por delito contra el medio ambiente, el ingeniero director de las obras de saneamiento, Humberto G.M. Para los dos procesados el juez pide además que en el plazo de tres días cada uno de ellos preste una fianza de 15.000 euros "para asegurar las responsabilidades civiles y pecuniarias" que puedan imponérseles, con el "apercibimiento" de que de no prestarla "se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar" la suma señalada, según consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press y de fecha 27 de marzo.

En la resolución, contra la que no cabe recurso, el juez declara un Juzgado de lo Penal como órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa, en la que la Fiscalía pide para Sánchez un año de prisión, multa de 1.800 euros e inhabilitación especial para la profesión u oficio por seis meses por un posible delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

El PP, personado como acusación popular, le atribuía inicialmente a Sánchez, además de los mencionados, un delito de fraude de subvenciones, si bien el instructor estima que esa petición "no puede admitirse como válida" en tanto que los posibles perjudicados, en esta caso la Agencia IDEA, no lo han considerado así.

Según el juez, en el presente procedimiento "existen indicios suficientes de criminalidad frente a los dos imputados como para justificar" la acusación del Ministerio Fiscal y de la acusación popular. Así, señala que "resulta indiciariamente acreditado" que el ingeniero de obras --al que sólo acusa el PP-- emitió un certificado de obras el 30 de marzo de 2011 que no contempló los trabajos para la eliminación de los vertidos, para los que se había concedido una subvención por parte de la Agencia IDEA.

Después se recepcionaron las obras sin que se hubieran finalizado, pese a lo cual el alcalde hizo una declaración oficial de responsabilidad el 2 de diciembre de 2010 en el que afirmaba que se había cumplido la finalidad de esa subvención. "La finalidad para la que fue solicitada y concedida la subvención no se ha cumplido (..), pese a declarar en resoluciones y declaraciones oficiales dictadas a sabiendas de su falsedad el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención", incide el magistrado Antonio Moreno en este último auto.

En lo que se refiere al delito de medio ambiente, también ve el juez "indiciariamente acreditado" la existencia de indicios de responsabilidad contra los dos imputados, porque su actuación "ha dado lugar al vertido objeto de estudio".

El análisis oficial acordado judicialmente de las muestras tomadas en el punto de vertido, en la acequia Arabuleila, refleja "claramente y de forma objetiva y contundente la existencia de sustancias que generan riesgopotencialmente grave para la salud, concretamente, además de elementos de origen fecal y materias orgánicas en fase de descomposición, se detecta entre otros elementos patógenos y contaminantes perjudiciales para la salud humana, flora y cultivos destinados al consumo, la existencia de Escherichia Coli y Proteus mirabilis", incide en su resolución el instructor.

VALORACIÓN DEL ALCALDE

Tras este nuevo auto se ha pronunciado al respecto el alcalde socialista, quien ha mostrado su "confianza" en la justicia y ha pedido que la próxima vista se fije antes de las próximas elecciones municipales de 2015.

Sánchez ha mostrado su rechazo a "las valoraciones políticas que pongan en entredicho la imparcialidad de las actuaciones de las administraciones públicas y de los funcionarios públicos", y ha confiado en que el cumplimiento de plazos y celeridad del proceso permitan una pronta resolución.

Es importante, ha afirmado, "evitar cualquier demora innecesaria que pudiera interferir en las próximas elecciones municipales de 2015, objetivo último y único del Partido Popular, en su estrategia sistemática de difamación y denuncia", según ha considerado el alcalde, que ha recordado "que el PP viene encadenando y perdiendo demandas en los tribunales desde que perdió la Alcaldía de Armilla".

Sánchez ha pedido "el máximo respeto al trabajo de jueces y fiscales" y ha considerado que con la resolución del caso "se disiparán todas las dudas sobre la gestión del mismo". Así, ha reiterado "su confianza en la labor judicial frente a las continuas especulaciones del Partido Popular y su recurrente utilización política para crear alarma en el municipio, como única herramienta de oposición política".

"La gestión del equipo de gobierno es, y será, intachable y modélica", ha mantenido el socialista, que ha incidido en que "Armilla es el único pueblo del Área Metropolitana de Granada que depura el 100% de sus aguas residuales", lo que viene a recalcar "la correcta actuación" de su gobierno municipal, "tomando en cada momento, todas las medidas necesarias para la solución de los vertidos desde que se producen y hasta la solución definitiva de los mismos".

Finalmente, Sánchez ha hecho un llamamiento a la corresponsabilidad de los representantes políticos porque "tanto en el gobierno como en la oposición municipal los ciudadanos esperan que nos ocupemos de sus problemas reales en momentos de tanta dificultad social y económica".

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