La Fiscalía se opone a paralizar los trabajos en la mina de Aznalcóllar

La Fiscalía de Sevilla, dentro de la investigación por la adjudicación por parte de la Junta a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, se ha opuesto a la petición realizada por Emerita Resources España para que, como medida cautelar, la juez ordene la “inmediata” paralización de “cualquier trabajo que se esté realizando” en la mina “y los recursos mineros objeto del concurso”.

En este sentido, fuentes del Ministerio Público han informado a Europa Press de que la teniente fiscal ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla en el que se opone a la solicitud realizada por Emerita --empresa que perdió el concurso-- para que, como medida cautelar, se suspendan cautelarmente los trabajos desarrollados en la mina.

En una providencia fechada el pasado 10 de noviembre, la juez instructora acordó dar traslado tanto a la Fiscalía como a las partes personadas de la petición realizada por Emerita Resources España.

Asimismo, la juez también dio traslado al Ministerio Público de la petición de Emerita para que se acuerde la suspensión cautelar de las resoluciones y procedimientos administrativos de los que estos trabajos deriva, especialmente de la resolución de 25 de febrero de 2015 por la que la Dirección General de Industria, Energía y Minas adjudica el concurso a Minorbis-Grupo México, así como de la posterior aceptación por Minera los Frailes “y sus consecuentes permisos de exploración e investigación”.

Al hilo de ello, la instructora hace constar que “se encuentra pendiente de cumplimentar” la solicitud efectuada el pasado 31 de octubre a dicha Dirección General para que se informe al Juzgado “del estado y circunstancias concretas en las que se encuentren actualmente las actividades de exploración de haberse iniciado”, añadiendo, con relación a la posible suspensión cautelar, que el 10 de agosto de 2015 dictó un auto en el que ya se pronunció sobre el asunto, “aún siendo cierto que se ha podido operar un cambio en las circunstancias”.

En esta resolución de agosto de 2015, la magistrada decía que, “habiendo la administración [la Junta] informado a este juzgado de dicha resolución por la que se inicia la suspensión [de la adjudicación de los derechos mineros de Aznalcóllar] y, exponiéndose en reiteradas ocasiones y en cuanta documental se ha remitido el interés expreso de colaborar en la investigación que aquí se lleva no se observan motivos para entrar a pronunciarnos sobre dicha suspensión, en este momento procesal, aún cuando la medida pudiera encajar en el conjunto de las contempladas por el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

De igual modo, la juez se pronunció en esta providencia sobre el resto de peticiones planteadas por Emerita, que solicitó la citación como investigados de los otros seis miembros de la Comisión Técnica de la Mesa de Contratación, y que se amplíe la imputación a las personas que están siendo investigadas, entre ellas la actual viceconsejera de Innovación y exdirectora general de Minas, María José Asensio.

Emerita también ha reclamado a la juez que cite como imputados por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal a los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, representantes de Minorbis, así como que cite como investigado al exsecretario general de Innovación, Industria y Energía Vicente Cecilio Fernández por los delitos de falsedad, encubrimiento, falso testimonio, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal.

En relación a todas estas peticiones, la instructora dice que se pronunciará cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realice el informe que le encargó por auto dictado el pasado 31 de octubre, añadiendo que “con el estudio y examen del mismo se acordará lo procedente”.

AMPLIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El pasado 31 de octubre, cabe recordarlo, la magistrada pidió a la Guardia Civil que investigue “el papel real desempeñado” por la entidad Minorbis y “las circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y sus recursos personales, económicos y materiales --desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación-- para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración”.

La juez, de este modo, ordenó a la UCO que indague si Minorbis “disponía o no de medios personales, económicos y materiales para asumir el pago de unos honorarios por importe de 1.200.000 euros, a los que habría que sumar la cantidad que Grupo México se compromete a reembolsar a Minorbis en concepto de gastos razonables en los que habría incurrido directamente relacionados con el impulso y desarrollo del proyecto, por importe de un millón de euros pagaderos en un plazo de 30 días contra la presentación de los documentos justificativos”.

“Esta investigación debe enmarcarse junto con el dato del control absoluto de Minera Los Frailes por parte de AMC Mining Iberia (Grupo México), donde sólo ha quedado una exigua participación social de Minorbis sujeta a todo tipo de obligaciones y garantías: prenda, opción de compra, pérdida de la condición de socio, incluso un derecho de tanteo sobre posibles terceros adquirentes de participaciones de Minorbis”, asevera la instructora.