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El proyecto para una pista de karts en la Vega de Granada levanta a los ecologistas

Vega de Granada.

José A. Cano

Granada —

La Vega de Granada goza de una de las mayores fórmulas de protección posibles desde ya 15 años, considerada una zona de especial interés por su paisaje privilegiado y por la protección del medioambiente, pero también por su productividad agrícola y ganadera. Un nicho de empleo, presuntamente, apenas explotado por un puñado de cooperativas de escaso tamaño, que muchos políticos de diferentes ámbitos se dicen dispuestos a defender y desarrollar. Pero en última instancia acaban apareciendo proyectos como el ilegalizado pero nunca derribado centro comercial Nevada o ahora un polémico circuito de karts de 13.000 metros cuadrados en plena confluencia de los ríos Beiro y Genil.

Con el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), se concede la protección como conjunto, implicando a todo el sur del área metropolitana y con unas supuestas condiciones muy restrictivas para proteger los valores medioambientales e impulsar la agricultura y la ganadería tradicionales. Sin embargo, la misma norma permite saltársela si hay “interés general” que justifique una nueva obra. Eso puede ser el Parque Tecnológico de la Salud de Granada y su nuevo hospital, aún inconcluso… o proyectos como el mencionado karting, que se ha protegido, en su muy reciente aprobación en el Ayuntamiento de Vegas del Genil por la “creación de empleo” que traerá en un momento de crisis.

El futuro karting, cuyas obras ya han empezado, consta de 13.000 metros cuadrados en suelo catalogado como rústico de especial protección y de alta producción. El enclave es privilegiado, entre los ríos Genil y Beiro, en pleno término municipal de Vegas del Genil -nacido de la unión de los núcleos de Ambroz, Belicena y Purchil- aunque no muy lejos de un circuito de motocross ya ilegalizado. IU ya lo ha bautizado como “el Algarrobico de la Vega”, aunque sobre el papel este proyecto se salta muchas menos leyes que el polémico hotel de Carboneras. El suelo, además, es particular, y el proyecto, del propietario, por lo que en ese sentido sólo depende de los permisos. Permisos que han dado los dos grandes partidos: el PP desde el Ayuntamiento de Vegas del Genil y el PSOE desde la Junta de Andalucía, aunque sus concejales en el municipio han votado en contra.

Literalmente, el POTAUG protege el lugar como “suelo no urbanizable de protección especial, afectado al sistema de espacios libres, con excepcional valor productivo·. También recoge la administración autonómica que es ”inundable, como área con peligrosidad alta, con un periodo de recurrencia de las inundaciones menor o igual a 25 años“. El Plan Especial de la Vega de la Junta de Andalucía, finalmente, preveía pasillos verdes que la contaminación medioambiental y sonora de los karts impedirían.

Ecologistas en Acción recurrió este aspecto y otros como la previsión de vertidos de las aguas fecales, que en un principio, aunque se corrigió, iban a ir al terreno. Dudan de que realmente pueda ser un proyecto beneficioso económicamente para las fincas colindantes, como se afirma “a menos que sea la avanzadilla de otros que no nos quieren decir todavía y que igualmente se saltarían la protección”.

Los argumentos en contra

Juan Raya, portavoz de la Plataforma Salvemos La Vega, colectivo que integra a diversos movimientos como Ecologistas en Acción o Faeca, además de asociaciones locales, aclara que “no se puede culpar a los propietarios” cuando “estamos en un momento en que la agricultura no es sostenible económicamente, sobre todo para los pequeños productores, que son mayoría en la vega”. Cree que la falta de rentabilidad de la agricultura “en primer lugar acabó con el relevo generacional, porque los hijos ven que no tendrían ni para un sueldo, y segundo hizo que el suelo pasase a tener un uso especulativo: ahora la burbuja ha pinchado y no es posible, pero la gente busca usos a la desesperada”.

Esto es así, continúa, porque “nunca se ha desarrollado una política que ayude a la protección de la vega. Se creó la fórmula legal, pero está vacía de contenido, no sólo porque sea tan fácil saltársela, también porque no se han hecho políticas para ayudar la creación de una industria agroalimentaria, más bien todo lo contrario”. En su opinión, “si el objetivo es mantener los valores paisajísticos y de producción local, y sabemos que la agricultura pasa por su peor momento, hay que poner medios. La iniciativa que tengan los propietarios siempre decidirá, pero si no tienen alternativas, tirarán por la calle de en medio”.

La Plataforma Salvemos la Vega cifra sus esperanzas, con prudencia, en las reuniones que se mantienen entre las diferentes administraciones y colectivos implicados para crear, con fecha tope en mayo de 2015, un organismo que centralice las decisiones sobre este entorno y obligue a todos los ayuntamientos a tomar decisiones coordinadas junto a la Junta de Andalucía o incluso el Estado. Con prudencia, insiste Juan Raya, “porque la proyección de 1999 ya era muy buena y aquí tenemos los resultados”.

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