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La enésima cruzada judicial de Pedro Pacheco

La fiscalía ha pedido para el exalcalde de Jerez de la Frontera siete años de cárcel, multa e inhabilitación para cargo público durante seis años.

Se le acusa de diseñar un proceso para vender el solar de la estación de autobuses de la ciudad por un valor muy por debajo de su precio.

El exalcalde Pacheco deja de ser concejal del Ayuntamiento de Jerez

La figura de Pedro Pacheco es una de las más controvertidas en el panorama político de Andalucía de los últimos años. El exalcalde de Jerez de la Frontera (Cádiz) sigue en activo, pero en los últimos tiempos ocupa espacio informativo, sobre todo, por diferentes procesos judiciales, considerados por él como una cacería. Lo último en aparecer ha sido la noticia de que la Fiscalía Especial contra la Anticorrupción y el Crimen Organizado ha solicitado una pena de siete años de prisión por las supuestas irregularidades cometidas en el proceso de venta del solar de la antigua estación de autobuses. Los acusados, además, deberían de indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en la cantidad de 1.695.000 euros, cantidad que las arcas municipales dejaron de percibir por la venta fraudulenta de la antigua estación de autobuses.

Según la acusación, "con la única finalidad e intención de perjudicar a las arcas municipales del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y de beneficiar a los empresarios José Luis López Fernández y Francisco Chávez López, con los cuales Pedro Pacheco mantenía vínculos de amistad, se diseñó un procedimiento ad hoc de enajenación de la antigua estación de autobuses, que supuso con un grave quebranto del erario público, en virtud del cual se transmitió el inmueble por precio notablemente inferior a su valor real, concretamente por la cantidad de 2.765.000 euros, cuando el valor de mercado de la finca nunca podría ser inferior a 4.460.000".

La venta se realizó en 2006, partiendo de unas tasación de 2004, la cual no se actualizó, "y se hizo en un procedimiento previamente confeccionado por los acusados en el que las únicas empresas ofertantes eran sociedades las cuales estaban bajo el mando de los mismos empresarios", según el escrito de la fiscalía. Esta sostiene que los empresarios citados habían colocado en las mismas a testaferros, "creando la apariencia ficticia de estar ante diferentes empresas, y ocultando la verdadera identidad de los compradores, de tal manera que los acusados pudieron fijar el precio que estimaron por conveniente sin ajustarse a criterios de mercado". Recuerda también a que, "al poco tiempo de adquirirse la estación de autobuses por parte de los empresarios, estos a su vez la transmitieron a terceros, obteniendo cuantiosos beneficios".

El exalcalde siempre ha defendido que, en todo caso, el consistorio "el que se favoreció al deshacerse de una finca con condiciones leoninas de edificabilidad con la prueba innegable de que basta comprobar el estado actual que todavía hoy sigue presentando un solar semiabandonado". Sobre este particular ha comentando que no formaba parte del consejo que aprueba en 2004 el expediente de valoración. Ha recordado en este sentido que  el valor de un 1,7 millones de euros era según un acta del consejo del que él no formaba parte. "En julio de 2008, Pilar Sánchez (exalcaldesa del PSOE) realiza un convenio urbanístico sin cumplir ningún trámite de los previstos por la Ley del Suelo y modifica las condiciones urbanísticas de la antigua estación de autobuses y le concede al comprador sobre 4.000 metros cuadrados más edificables, modificando una zona verde que pasa a ser privada. No intervino ningún técnico en ese convenio urbanístico, aunque curiosamente aparece como tal en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que está en vigor", relata en su defensa.

En una reciente comparecerncia de prensa resumió la situación como una caza y captura: "Quieren cazarme como sea, a todo costa, calumniando con una campaña constante de insidias y difamación. Que la justicia actúe con celeridad, que aclare y ponga fin a esta disparatada instrucción, porque yo, Pedro Pacheco, no voy a permitir más linchamientos ni más lapidaciones. No me voy a hincar de rodillas y que cueste lo que cueste y le pese a quien le pese, no me van a echar de la política".

La web www.lavozdelsur.es recoge el que puede ser el sentir de Pedro Pacheco. "De una manera o de otra tanto la actual regidora, María José García-Pelayo, como la exalcaldesa Pilar Sánchez llegaron a tener vinculación con el caso de la venta de la antigua estación de autobuses, pues ambas respaldaron con sus votos como máximas responsables del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y de la Empresa Municipal de Suelo (Emusujesa) en la etapa de los respectivos pactos con el PSA (2003-2007) la operación que sentará a Pedro Pacheco en el banquillo". Una nueva cruzada para el veterano político.

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