La Fiscalía Superior investiga la posible financiación ilegal de actos de campaña del PP en las municipales
El Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha ordenado abrir una investigación de oficio para aclarar las acusaciones de financiación ilegal de la campaña del PP de Atarfe en las municipales de 2011 vertidas por varios empresarios de la provincia de Granada implicados en el llamado 'caso Mercamed'. En concreto, estos empresarios afirman que pagaron de su bolsillo y pusieron los materiales para un acto de campaña de la actual vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, celebrado en mayo de 2011, “a cambio de futuros favores”.
La Fiscalía Superior ha incoado diligencias de investigación que llevará a cabo la Unidad de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil y que se han dado por abiertas desde este viernes 17 de mayo, a raíz de las informaciones aparecidas en la Cadena Ser. Fuentes del Ministerio Público afirman que “no se valoran” aún los hechos, sino que se trata de confirmar su veracidad y si existe posible ilícito penal. Las mismas fuentes aclaran que incluso cabe la posibilidad de que se trata de una simple cuestión contable, por lo que el caso se derivaría al Tribunal de Cuentas.
Se trata de los empresarios Gonzalo Aivar y Antonio Roldán Maroto, quienes denunciaron, para los micrófonos de Radio Granada-Cadena Ser, que financiaron sin llegar a cobrar y sin la existencia de facturas un acto de campaña en Atarfe durante las municipales de 2011. Ambos están imputados en el 'caso Mercamed', que llevará a juicio la falsificación de facturas en la Diputación de Granada cuando gobernaban PSOE e IU en coalición, se ha vuelto contra la acusación popular, en este caso el PP.
En concreto, Aivar sostiene que hubo facturas respaldadas por el presidente del PP de Atarfe, José Manuel Aranda, y que “varios empresarios” se encargaron de los gastos en base a supuestas promesas de favores, y Roldán Maroto que la carpa era suya y que “nunca se emitieron facturas ni se pagaron los trabajos”.
El llamado 'caso Mercamed', que sentará en el banquillo a un total de 14 imputados, entre los que destaca el ex vicepresidente de la Diputación de Granada, Julio Bernardo (IU). Los políticos de la institución provincial y una pléyade de empresarios granadinos están acusados de organizar una “trama” para que precisamente la empresa de Roldán pudiese organizar los trabajados de una feria empresarial en Marruecos.
Dado que este empresario estaba sancionado por deudas a la Seguridad Social y no podía contratar con la administración, se usaron una serie de empresas pantalla que emitieron facturas falsas o hinchadas, entre las que se encontraba la de Aivar. En esta investigación, el PP es acusación popular y, al mismo tiempo, ejerce de acusación particular desde el gobierno de la Diputación como parte perjudicada.
El PP de Atarfe denunciará por injurias y calumnias a los empresarios y su portavoz
Aivar, que es militante del Partido Popular, está casado con María Contreras, que era tesorera del PP de Atarfe en mayo de 2011 y es actualmente concejal en el Ayuntamiento de Atarfe. Ella y otra de sus compañeras de grupo municipal están pendiente de un expediente de expulsión del PP al romper la disciplina de voto en el pleno y votar a favor del gobierno en minoría del PSOE, que apoya IU. En Atarfe, el PSOE tiene 7 escaños, el PP 6, IU dos y otros dos ediles no adscritos que fueron expulsados de IU por negarse a apoyar al PSOE. El actual alcalde socialista, Tomás Ruiz, está siendo investigado en una serie de casos de presunta corrupción junto a su antecesor, el histórico socialista granadino Víctor Sánchez. El portavoz de IU, por su parte, Rafael Roldán, es una figura muy cercana a Julio Bernardo en el PC provincial.
Así las cosas, el PP de Atarfe ya ha anunciado que denunciará por injurias y calumnias a los empresarios, y su portavoz, José Manuel Aranda, ha afirmado no tener conocimiento de la participación de Roldán Maroto. Explica que Aivar pusiese la carpa en el acto afirmando que todos los militantes del partido pusieron material de manera desinteresada dado que no había presupuesto, y ha retado a ambos empresarios a que “demuestren sus acusaciones” ante un juez.
El PP-A, a través de su secretaria de organización, Ana Corredera, ha anunciado que considera el caso “una disputa interna” del partido en Atarfe, dada la vinculación de Aivar con el partido. Mientras el PSOE exige que se depuren responsabilidades y se expliquen esos “futuros favores”, el PP de Granada se ha distanciado ligeramente del regional al afirmar su secretaria general, Luisa García Chamorro, “tener constancia” de reuniones de los citados empresarios con altos cargos del PSOE de Atarfe.
Con la actuación de la Fiscalía Superior orbitando sobre el caso, y a la espera de que unos y otros formalicen las denuncias judiciales anunciadas –el PSOE de Granada también dice que pondrá los hechos en conocimiento de Fiscalía–, Granada ha visto ahora como dos casos de corrupción de coaliciones PSOE-IU, el ‘Mercamed’ y el ‘Atarfe’, acaban enlazados por acusaciones de financiación ilegal al PP.
