La mitad de las federaciones deportivas de Andalucía aún no aplican el código de Buen Gobierno

La nueva Ley de Deporte de Andalucía, aprobada en 2016 y en vigor en muchos de sus preceptos, dado que para otros todavía falta reglamento por desarrollar o no se ha cumplido el plazo estipulado, obliga a una completa reinvención de las federaciones deportivas de Andalucía, especialmente en materia de transparencia, representación equilibrada de hombres y mujeres en sus juntas directivas y limitación de mandatos.

Estas dos últimas obligaciones, en principio las más complicadas de cumplir en vista de la actual configuración de estas entidades, no podrán tomar forma hasta que toque elecciones de nuevo, que será en 2020 coincidiendo, como es habitual, con los Juegos Olímpicos (JJOO). Sólo la Federación Andaluza de Deportes de Invierno tiene elecciones este año, porque coincide con sus correspondientes JJOO. Lo que las libró de las nuevas exigencias es que justo cuando se aprobaba esta ley, las federaciones deportivas estaban en plena renovación de sus órganos. Esto les evitó tener que enfrentarse a unos cambios que en algunos casos han causado bastante inquietud porque obligan a romper con una dinámica de décadas, desde que en 1985 comenzaron a crearse las primeras en Andalucía.

Lo más inmediato que tienen que cumplir es con la aprobación del código de buen gobierno.La mitad de ellas ya lo tiene porque aprovechó para hacerlo el año pasado, dado que puntuaba para obtener las subvenciones en la última convocatoria. Dicho código de buen gobierno debe tener entre sus pilares el compromiso de la transparencia, especialmente en materia de publicidad activa. En realidad estaban obligadas desde que en 2014 entró en vigor la Ley de Transparencia de Andalucía porque engloba a todas las entidades que reciben dinero público y éste es el caso. Sin embargo, ha sido con la llegada de la Ley del Deporte de Andalucía con la que se les ha dado el ultimátum, pese a lo que todavía hay federaciones deportivas en las que la transparencia brilla por su ausencia.

El secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández Martínez, explica que el código de buen gobierno supone que “deberán establecer sus normas de actuación con el contenido mínimo contemplado” y “deberán velar, a través de sus órganos, por el posterior cumplimiento de las mismas”. La no aprobación tiene, según la ley, dos consecuencias: una disciplinaria, la cual no resultará aplicable hasta tanto no esté en vigor el título relativo a los litigios deportivos, y otra con respecto a la determinación del importe de las subvenciones, porque es un criterio para ello.

Otra cuestión será el reto de terminar con una configuración de juntas directivas copadas por hombres, por encima de la presencia de federadas. En el último anuario de estadísticas deportivas del Consejo Superior de Deportes (CSD) figuran 514.321 licencias en Andalucía del total de 3.586.133 en España. Son 427.621 hombres y 86.700 mujeres. Pese a que éstas suponen sólo la quinta parte de las licencias, su presencia en organigramas es todavía menor.

De este modo, de las 62 incluidas en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía, tan sólo dos están presididas por mujeres: Federación Andaluza de Hípica y Federación Andaluza de Deporte para Personas con Discapacidad Intelectual. Es cierto también que, a excepción de en el caso de hípica y gimnasia, en todas ellas hay más federados que federadas. [Cuadro más abajo].

Paradójicamente, esta última tiene un presidente -el mismo desde hace casi dos décadas- y ni siquiera su junta directiva es representativa de las licencias por género. La componen 5 hombres y 8 mujeres, mientras en licencias constan 175 y 4.449, respectivamente, por lo que cuando deba configurarse con las nuevas exigencias, la presencia femenina deberá ser mayor. Mientras, la Federación Andaluza de Hípica, pese a que tiene 3.653 federadas y 2.647 federados, cuenta con una junta directivas con más hombres que mujeres.

En el resto, el panorama varía. En realidad sólo hay constancia de que 19 tienen una junta directiva que responde en su composición a la cifra de federados y federadas. En otras 25 no se cumple: bien porque sólo cuentan en estos órganos con hombres pese a tener -aunque sea pocas- federadas, como es el caso de las de boxeo, caza, colombofilia, frontón, galgos, motonáutica, pesca y petanca; bien porque la presencia de mujeres es menor a lo que porcentualmente suponen sobre el total de licencias. Hay 17 en las que no consta esta información, dado que como se ha dicho, la cultura de la transparencia todavía no ha arraigado en muchas federaciones deportivas, mientras que la Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo está en manos de una gestora desde hace unos meses tras el escándalo de las licencias y unas elecciones declaradas nulas, pese a que los elegidos se aferraron a su cargo 17 años.

Pero para polémico el tercer precepto que tienen que cumplir las federaciones deportivas y que también llegará con las próximas elecciones: se acabaron las presidencias vitalicias porque se establece un máximo de tres mandatos, o sea 12 años en la presidencia. Pese a que 19 renovaron su presidencia en 2016, un tercio cuenta con la misma persona en el cargo desde hace más de 10 años. Con el récord en el caso de las federaciones deportivas de fútbol, con Eduardo Herrera de presidente desde 1986 y recién renovado porque se han repetido las elecciones tras ser impugnadas; voleibol, con Ramón Velázquez desde el mismo año; y atletismo, con Enrique López desde 1996.

El presidente de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas (CAFD), Alfonso Escribano de Vando, remarca que la limitación de mandatos, que se incluyó a propuesta de Podemos, “puede hacer mucho daño” a las más pequeñas. Tras ironizar con que estos límites podrían haberlos sugerido proponentes para ellos mismos, explica que en muchas federaciones deportivas recabar una junta directiva es muy complicado. “Es como en una comunidad de vecinos donde nadie quiere ser presidente”, dice. Se trata de un compromiso que se asume con todo lo que conlleva “aceptar muchas responsabilidades administrativas a las que no todo el mundo está dispuesto”.

De igual modo, matiza que la perpetuación de muchos cargos responda a un interés por el control del poder en estas organizaciones, pues pueden darse los casos desde que se esté realizando una buena gestión hasta que no dé tiempo a materializar proyectos comenzados, dado el “carácter altruista” de muchos directivos. En cualquier caso, confía en que la aplicación de este punto no sea con carácter retroactivo, “sino que el primer mandato empiece a contar a partir de las próximas elecciones”, una cuestión que reconoce que “todavía no ha sido clarificada”. Si fuera de este modo, todos esos presidentes en que en 2020 llevarán más de dos décadas en el cargo -la mitad del total- podrá optar a la reelección tres veces más.

Por su parte, Javier Cáceres, presidente de la Federación Andaluza de Remo (FAR), señala que la voluntad de acabar con los mandatos vitalicios depende también de estas entidades. En su caso, se prometió dos años de mandato, por lo que no concurrirá en 2020, e incluso ha promovido un cambio en los estatutos para que el tope en la presidencia sean ocho años y no 12 como permite la nueva ley.

En su opinión, en la perpetuación de estos cargos tienen mucho que ver cuestiones como que las juntas electorales las nombran las asambleas salientes por lo que se genera la posibilidad de contar con cierta complicidad. Une a esto que en las votaciones por cada uno de los estamentos -deportistas, árbitros, entrenadores y clubes- no hay una depuración del censo como debiera. Habla en este sentido de “clubes fantasma, por ejemplo con un deportista, pero cuyo voto vale lo mismo que otro con decenas y con trayectoria”. En el caso de la FAR, esto se ha intentado corregir con otra norma: los clubes que integra deben tener mínimo 10 deportistas, y se les ha subido el canon, pero los 10 primeros no pagan. “Con ello hacemos que por lo menos si hay intención de crear un club fantasma, va a costar, pero a la vez no penalizamos a los más pequeños”.

Otras partes de la ley pendiente de desarrollo

Otros asuntos pendientes de la nueva ley y relacionados con estas entidades son la creación del Consejo Andaluz de Federaciones Deportivas como órgano de participación de las mismas en la organización de la Junta de Andalucía. No se ha creado. “No obstante, actualmente como órgano de participación de las federaciones deportivas, existe la CAFD [...] para representación y defensa de los intereses comunes de las mismas”, expone Antonio Fernández Martínez.

También debe desarrollarse reglamentariamente la parte de la ley relacionada con el ejercicio profesional del deporte y la de solución de litigios deportivos. “No serán aplicables hasta tanto no se apruebe su desarrollo, y actualmente se está trabajando en la elaboración de las correspondientes normas reglamentarias”, concluye.

Cabe recordar que por número de licencias las 10 federaciones deportivas más importantes en la comunidad autónoma son, por este orden, las de fútbol, caza, golf, montañismo, baloncesto, balonmano, pesca, ciclismo, voleibol y pádel. Más de la mitad de las licencias de todo el país se concentran en cuatro comunidades autónomas, con Cataluña a la cabeza y seguida por Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

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