El PP fuerza en el juicio de los ERE la lectura de más de 40 horas de declaración de Fernández ante Alaya en 2012

El juicio de los ERE avanza a marchas forzadas. Este martes, en la cuarta sesión de interogatorio al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, se ha iniciado la ardua lectura de más de 40 horas de declaración de Fernández ante la que fuera juez de Instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya que comenzó el 20 de abril de 2012 y duró cuatro días y tras la que ésta ordenó el ingreso en prisión del exconsejero. La lectura en la vista oral supone, entre otras cuestiones, que el expresidente José Antonio Griñán, siguiente en declarar, no vaya a ser interrogado en el juicio, al menos, hasta el martes de la próxima semana.

Y es que, tras concluir el interrogatorio de la Fiscalía, que se ha desarrollado durante cuatro sesiones, la acusación del PP-A ha solicitado al tribunal dicha lectura pese a que, al inicio de su declaración en la Audiencia, no ratificó esta declaración porque “la transcripción de la misma no refleja ni lo que dije ni lo que quise decir, aunque eso no quiere decir que no dijera la verdad”.

Lourdes Fuster, abogada del PP-A, que ha aludido a una sentencia del Tribunal Supremo, ha argumentado su petición en la contradicción entre las declaraciones ante Alaya y en la vista oral. Esta solicitud ha causado la queja y la oposición de la defensa de Fernández, ejercida por el letrado Alfonso Martínez del Hoyo, al entender que no había razones de orden material, pues “poco valor tiene una declaración no ratificada”, ni de orden procesal. El tribunal ha accedido a la petición de la lectura por la jurisprudencia del Supremo en estos casos para poder contrastar las declaraciones.

Sin intereses personales

En lo puramente judicial, Antonio Fernández ha ahondado en sus argumentos de defena y ha asegurado que “nunca”, en sus años en el Gobierno andaluz, nadie “ le ha dado ”orden“ para conceder ayudas a alguien por ”interés personal o territorial“, aunque ”sí le han preguntado“ altos cargos, parlamentarios o alcaldes por conflictos laborales concretos.

Fernández, para quien el Ministerio Público pide una pena de ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y malversación, ha continuado este martes respondiendo a las preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedías las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el marco de los (ERE) fraudulentos.

Tras esta respuesta de Fernández, se ha visionado y como ya se hiciera durante la declaración del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, una carta de noviembre de 2007 del presidente del comité de empresa de Primayor al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. En la misma se recoge que el presidente del comité había mantenido una reunión con el delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Francisco Reyes, y éste le había trasladado que Zarrías le había comentado al consejero de Empleo, Antonio Fernández, que había que solucionar algunos problemas de los trabajadores, como el pago de las nóminas.

A este respecto, Fernández ha asegurado que no ha tenido conocimiento de esta carta y que lo que recoge “no es verdad”, pues “en modo alguno” Zarrías “nunca” le dijo “resuelve esto”, en referencia a cualquier conflicto laboral. “Los parlamentarios me han preguntado por los conflictos en sus territorios pero de forma legítima”, ha añadido. “La llamada de Guerrero tampoco es verdad”, ha insistido.

El fiscal ha preguntado si ordenó a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), anteriormente Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), conceder préstamos a empresas con cargo al programa 31L, con el que se abonaban las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en virtud del convenio marco firmado entre IFA y la Consejería de Empleo en 2001. Fernández ha explicado que en este sentido el 31L se usaba para “responder” a préstamos “fallidos” a empresas.

Así, ha precisado que la línea de préstamos a empresas era “preferida” frente a las ayudas “a fondos perdidos” a empresas en crisis en virtud del convenio marco entre IFA y Empleo e investigadas en la causa de los ERE. La línea de préstamos iba dirigida a empresas con debilidades y por eso “se ayudaba”. Ante el impago de estos préstamos por parte de estas sociedades, el préstamo se transformaba en una ayuda a empresa “a fondo perdido” con cargo a la partida 31L.

De otro lado, ha defendido la labor de las asociaciones de trabajadores afectados por procesos de reconversión empresarial y que se unían en las mismas para la gestión de sus intereses, una figura que viene recogida en el derecho español y en la legislación laboral.

En concreto, ha explicado que las subvenciones concedidas antes del año 2000 a trabajadores que se dieron de forma directa para suscribir posteriormente las pólizas “fracasaron” porque los beneficiarios no firmaban el convenio y “se convirtieron en colectivos marginales y muchos de ellos se dedicaron a actividades no sanas”.

Después, “el dinero se le da para que suscriban una póliza que garantice la ayuda, siendo obligatorio el requisito de firmar el convenio”, ha insistido, precisando que para que IFA/IDEA pagara a las aseguradoras antes los trabajadores tenían que recibir las ayudas y ceder el derecho del cobro a las compañías.

Tras el cese de Guerrero en 2008, Fernández nombra como director general de Trabajo a Juan Márquez, a quien “sí” le trasladó directrices en relación con el programa de ayudas con cargo al 31L. Entre éstas, el ahorro importante en las ayudas de cara al compromiso asumido por la Consejería para equilibrar el desfase en las cuentas de IFA como consecuencia del mayor número de compromisos adquiridos por la Dirección General para conceder ayudas frente a las transferencias para allegar fondos al ente instrumental y revisar todo lo referente a las ayudas para “mejorar”.

En este contexto, Márquez le trasladó el problema derivado de los compromisos no suscritos en convenios particulares en la última etapa de Guerrero por falta de tiempo y que las compañías reclamaban para poder hacer frente al pago de las ayudas a los beneficiarios. Márquez formalizó estos compromisos.

Otro de los asuntos que despacharon Márquez y Fernández fue la paralización del pago de ayudas concedidas a las empresas de José Enrique Rosendo --ya fallecido-- y José María Sayago, empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, o por el segundo ERE de Mercasevilla en 2007, después de que el director general de Trabajo entendiera que no eran ajustadas a las líneas fijadas para el programa de ayudas. Decisión que “respaldé”, ha confesado el exconsejero, que ha recordado que también fueron debatidas en el Parlamento.

“Se le cortó el dinero” a las empresas de Rosendo y Sayago porque se estudió el caso y se detectó la “concentración de ayudas” en una misma dirección social y por el no cumplimiento de las condiciones generales del programa de ayudas.

Con Márquez en la Dirección General y a propuesta de IDEA y de la intervención delegada en la agencia se pasa del modelo de convenio a formulario de resolución, que entonces debían contar con el visto bueno del viceconsejero de Empleo para controlar el gasto de las ayudas con el fin de regular el citado desfase en las cuentas del ente instrumental. “No era desconfianza en Juan Márquez. Si se controla es desconfianza y si no, se hace mal uso”, ha expresado Fernández a este respecto.

Preguntado por su cese como consejero en marzo de 2010, Fernández ha señalado que “lo mismo que no se pregunta cuando entra, tampoco para salir”. Después continuó como parlamentario por Cádiz y dimitió “voluntariamente” de su cargo público para presidir el Consejo Regulador del Vino del Marco de Jerez. “Dimitir fue un error”, ha admitido, para concluir negando que actuara para conceder ayudas a empresas del Marco de Jerez.