La Fiscalía Anticorrupción recurre el archivo de la causa de los avales de la agencia IDEA

Los fiscales delegados en Sevilla de la Fiscalía Anticorrupción han interpuesto un recurso de apelación contra el auto del 27 de mayo de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la magistrada María Núñez, que ordena el archivo de la causa que investiga las presuntas irregularidades en los avales y préstamos concedidos por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) al entender que se “han desvanecido” los indicios de que, de forma arbitraria e irregular, se favorecía a determinadas empresas.

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, los delegados de Anticorrupción advierten que el archivo de esta causa imposibilitan “hacer avanzar la investigación” de unos hechos que podrían constituir infracciones penales generando así “el riesgo, cada vez más cierto, de prescripción de los delitos” en el caso de que lo hubiera.

En esa línea, también ha reprochado que la magistrada “no haya acatado” resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla que se realizaran diligencias consistentes en la elaboración de un atestado por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de un informe pericial por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Así, el recurso comienza reproduciendo las palabra de la Audiencia en un auto del 12 de marzo que resolvía un recurso de apelación que acordaba el sobreseimiento de las actuaciones contra uno de los investigados y “que son plenamente predicables” ahora. “No resulta fácil en una primera lectura de dicha resolución captar la línea maestra de la argumentación de la instructora para decretar ese sobreseimiento provisional”, son las palabras que recoge la Fiscalía.

Continuando ese aspecto, los delegados de Anticorrupción indican que el fundamento sobre el que descansa la decisión de decretar el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, como es el “desvanecimiento” de los indicios, es una valoración que la juez Núñez hace “de unas diligencias que se han practicado en una forma no acertada”. En ese sentido, han censurado que la instructora “no tenga en cuenta” otras diligencias practicadas y “haya denegado” la práctica de las diligencias que le ordenó la Audiencia Provincial.

Anticorrupción recuerda que esta investigación tiene por objeto la averiguación de la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación por haberse hecho en el seno de la Agencia IDEA de un uso ilícito de ayudas excepcionales de reestructuración y salvamento de empresas a través de las figuras de avales ante entidades financieras en garantía de préstamos como medio para hacer llegar fondos a determinadas empresas de manera irregular.

De esta manera, la Fiscalía señala que “a diferencia de lo que afirma la instructora”, el objeto de la investigación “es más amplio” y se centra en “el empleo por parte de personas vinculadas a la Agencia Idea --o a la Consejería de adscripción-- de la figura de los avales previstos como incentivos para empresas en crisis en la Orden de 5 de noviembre de 2008 y sucesivas como medio para hacer llegar fondos públicos a determinadas empresas de manera absolutamente arbitraria e injusta”.

INFORME PERICIAL “NO COMPLETO”

En ese aspecto, el recurso indica que “pese a estar claro” cuáles son los hechos objetos del procedimiento, la juez Núñez persiste en el auto recorrido “en afirmar que sólo cinco irregularidades reseñadas en el auto de 2 de marzo de 2016 constituyen el objeto de investigación”. Así, Anticorrupción lamenta que la instructora se centre “fundamentalmente” en analizar el resultado de una pericia desarrollada por una funcionaria de la Intervención Delegada de la Intervención General de la Junta de Andalucía cuando ésta “tiene un alcance y una delimitación más reducido que el objeto de las diligencias” pedidas por la propia Fiscalía.

En concreto, el recurso indica que esa pericial, “cuyas conclusiones no pueden fundamentar que no se ha acreditado suficientemente la comisión de hecho punible alguno”, está “limitado” ya que la perito “ha tenido en cuenta únicamente la incompleta documentación obrante en los expedientes de concesión de las ayudas a 18 empresas, quedando fuera de su ámbito material cuestiones decisivas para el esclarecimiento de los hechos tales como la formalización de la operación, la constitución de las garantías, la ejecución o no de los avales suponiendo una aplicación de fondos públicos, etcétera”.

Además, la Fiscalía Anticorrupción apunta que el informe pericial cuenta “con otras limitaciones” como que los expedientes de las ayudas facilitados a la perito “no están completos” y que “no se ha abordado” el análisis de dos de las cuatros condiciones para que las ayudas se concedan sean compatibles como que los beneficiarios han de ser Pymes y que la ayuda tiene que ser compatible con el Tratado de la Unión Europea.

De otra parte, Anticorrupción apunta que la juez Núñez “no ha tenido en cuenta” otras diligencias que sí obran en autos, y de las que “se desprenden indicios” de que los hechos pudieron ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos “como son el informe de la IGJA sobre el Cumplimiento de Legalidad de la Agencia IDEA en el ejercicio 2009, el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Agencia IDEA en el ejercicio 2012 y el Informe de Actuación respecto del aval concedido a A Novo Comlink”.