La Fiscalía pide al Gobierno que aclare los factores que influyen en el precio de la luz

El fiscal delegado de lo Civil en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, en el marco de la investigación abierta tras la denuncia de IU contra las empresas eléctricas por los “abusos” tarifarios de la luz a cuenta de la subida de precios durante la ola de frío que azota España, ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a la Secretaría de Estado de Energía --Subdirección General de Energía Eléctrica-- que informen sobre el sistema de fijación del precio de la luz (parte regulada/parte liberalizada).

En un comunicado remitido a Europa Press, el fiscal informa de que también ha solicitado a la CNMC y a la Secretaría de Estado de Energía, en un decreto fechado el 1 de febrero, que identifiquen a las compañías que intervienen en el proceso y que informen sobre los factores que intervienen en el mismo y su influencia en la fijación del precio de la luz.

Asimismo, y dentro de estas diligencias iniciales, el fiscal ha solicitado que informen sobre la normativa aplicada y sobre posibles sistemas alternativos o modificaciones tendentes a salvaguardar los intereses de los consumidores, “especialmente de los más vulnerables por razón de edad y recursos económicos”.

La finalidad de la investigación es conocer el funcionamiento del sistema de fijación del precio de la luz y las razones que han motivado la “severa” subida de la luz en un periodo de “altísima” demanda, así como determinar si, entre ellas, “se encuentra alguna conducta que pudiera ser contraria a la normativa protectora de los derechos e intereses de los consumidores y susceptible de ser calificada de 'abusiva'” conforme a lo dispuesto en la legislación.

El Ministerio Público, asimismo, quiere determinar “si, en su caso, la normativa aplicada, pudiera ser contraria a la legislación, principios y directrices de la Unión Europea en materia de protección de consumidores”.

Las diligencias de la Fiscalía

En su nota, el fiscal precisa que fue el 20 de enero cuando el fiscal de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a instancia del fiscal general del Estado, abrió de oficio diligencias preprocesales para conocer las razones de la “severa” subida del recibo de la luz en el mes de enero, unas diligencias que “tienen carácter civil, no penal, es decir, se trata de establecer si hay motivo para ejercitar acciones civiles contra las compañías eléctricas”.

Con la misma fecha, el fiscal de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo delegó en Fernando Santos Urbaneja, en su condición de fiscal delegado de la Especialidad Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la tramitación de estas diligencias.

Con esta fecha, un grupo de alcaldes, diputados y cargos públicos de IU remitieron a la Fiscalía de Sevilla un escrito en el que denunciaban la “elevadísima” subida de la luz en periodo de “gran” demanda, solicitando una investigación al respecto.

Tras ello, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, consideró que dicho escrito debía ser remitido al fiscal delegado de lo Civil de Andalucía “por encontrarse dentro de sus competencias y de la delegación realizada por el fiscal de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo”.

El día 24 de enero, fue recibido en la Fiscalía de Córdoba el escrito de IU, el cual fue unido a las diligencias en curso “a efectos de investigación civil, sin perjuicio de que los firmantes puedan acudir al órgano competente al objeto de ejercitar acciones penales si lo consideran oportuno”.