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El Arzobispado de Granada, “disconforme” con las acusaciones de abuso sexual del 'caso Romanones'
El Arzobispado de Granada, responsable civil subsidiario en el “caso Romanones”, en el que la Fiscalía ha pedido nueve años de cárcel para el padre Román por presunto abuso sexual a un menor, ha trasladado su disconformidad con las calificaciones de la Fiscalía y del resto de las acusaciones.
En un escrito remitido a la Sección Segunda del tribunal provincial, al que ha tenido acceso EFE, el Arzobispado señala que está “disconforme” con las calificaciones y apreciaciones efectuadas por la Fiscalía y las acusaciones, que ejercen el joven denunciante de los hechos y la asociación Prodeni.
El escrito recoge también que, dada la condición que corresponde a su naturaleza propia, el Arzobispado “no alberga otra intención que servir a la verdad” y que, para ello, se determine la realidad de los hechos.
“Con las consecuencias que en todo caso se deriven, a cuyo fin colaboraremos en cuanto corresponda, quedando a lo que la Justicia determine”, indica el Arzobispado, que sostiene que tampoco cabe admitir la presunción de responsabilidad civil, ni aun subsidiaria, que es apreciada por las acusaciones en sus respectivos escritos.
El pronunciamiento del Arzobispado era el único que quedaba por presentarse en esta causa, en la que hace varios meses ya formalizaron sus respectivos escritos las acusaciones y la defensa.
La magistrada ponente deberá ahora estudiar todos esos escritos y dictar un auto en el que admita o rechace la prueba propuesta y fije la fecha de juicio para este proceso, que también está pendiente de la petición de nulidad del expediente canónico presentada la defensa del padre Román.
Esta defensa formalizó su escrito provisional, en el que pedía la absolución del sacerdote, después de que lo hicieran desde junio la Fiscalía, que solicita nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con acceso carnal, y las acusaciones particular y popular, que piden 26 y 15 años de cárcel, respectivamente.
El caso se abrió después de que un joven que ahora tiene unos 25 años pusiera los hechos, ocurridos supuestamente cuando contaba entre 14 y 17, en conocimiento de la Fiscalía andaluza en octubre de 2014, y sobre los que llegó a pronunciarse el papa Francisco.
En este proceso judicial llegó a haber hasta doce imputados, diez curas y dos laicos, aunque la Audiencia decidió de manera definitiva declarar prescritos los delitos atribuidos a once de ellos.
