Audiencia rechaza el recurso de la Fiscalía al archivo de la causa vinculada al proyecto 'Magrec'

La Audiencia Provincial de Granada ha rechazado el recurso interpuesto por la Fiscalía contra el archivo de la causa abierta en su día por el Juzgado de Instrucción 8 de Granada contra once personas por supuestas irregularidades en las contrataciones llevadas a cabo en el seno del Programa de Cooperación Transfronteriza (Poctefex), dentro del proyecto 'Magrec', que fue pagado con fondos europeos.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el rechazo se ha debido a que el recurso se planteó “fuera de plazo”, tras lo que la Fiscalía decidió presentar un recurso de queja que está ahora pendiente de resolución por parte de la Sección Segunda, en el marco de las diligencias previas 10775/12.

Fue el pasado mes de octubre de 2015 cuando el titular del Juzgado acordó archivar el proceso, en la que estaban imputados el exvicepresidente de la Diputación de Granada Julio Bernardo (IU) y la exdiputada de esta misma formación María Asunción Pérez Cotarelo, al considerar que los hechos investigados no eran constitutivos de infracción penal.

El Ministerio Público no compartía esa decisión y presentó un recurso de apelación solicitando a la Audiencia de Granada la revocación del auto de archivo como “paso previo a agotar o ultimar la fase instructora, y tener la oportunidad en su caso para formular acusación en el momento procesal oportuno”, un recurso rechazado ahora por cuestiones formales.

La causa se abrió a raíz de una denuncia promovida por la Diputación de Granada, en ese momento gobernada por el PP, por la gestión que la anterior corporación (PSOE-IU) había hecho del Proyecto Magrec, que tenía un presupuesto de 898.722 euros y que fue aprobado por el Programa de Cooperación Transfronteriza.

La denuncia de Diputación se basaba en la supuesta adjudicación de diversos contratos irregulares llevados a cabo por la anterior corporación y en la que habría cooperado diversas personas físicas y empresas, quienes habrían pretendido “dar una apariencia de legalidad ocultando la verdadera concesión ilícita de los contratos e incluso la no realización del servicio adjudicado”.

De este modo, se relataban “de forma minuciosa” en la denuncia “supuestas irregularidades detectadas en distintas facturas, en unos casos, reclamadas a la Diputación y que por tanto no han sido aún abonadas, y en otros casos, lo menos, el desembolso sí se habría producido”.

El caso es independiente del que ha investigado el Juzgado de Instrucción 6 de Granada por supuestas contrataciones irregulares durante el mandato de PSOE e IU en la Diputación en la feria empresarial 'Mercamed' en Tetúan y el proyecto de un museo en Chaouen, en Marruecos, un procedimiento en el que están imputadas 14 personas, entre ellas el propio Julio Bernardo.