Juzgan este lunes al alcalde de Molvízar (PP) por posible prevaricación en la cesión de un solar

Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía reclama para él ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público. Se trata de un caso que se abrió en enero del pasado año, después de que presentara denuncia contra el regidor por este asunto el portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de la localidad, Antonio Salas, que después motivó que la Fiscalía se querellara contra García, han informado a Europa Press fuentes del caso.

Según el decreto de denuncia del Ministerio Público, el denunciante afirmó Ayuntamiento es propietario de un vivero que en los últimos años está siendo gestionado por un particular, por 'Viveros Novo'. Sin embargo, advirtió de que no existe ningún tipo de acuerdo municipal que enajene este bien de titularidad pública para su posterior venta, ni documento de cesión de uso o alquiler.

Ante lo “anómalo de la situación”, el grupo municipal socialista registró en el Ayuntamiento tres escritos dirigidos al alcalde, interesándose por la naturaleza contractual adquirida entre el Consistorio y el particular que gestiona el vivero, y solicitó acceso al expediente o documentación que haya generado esta relación. Sin embargo, en todos los casos, la respuesta fue el silencio administrativo, por lo que se decidió a presentar denuncia ante Fiscalía.

A raíz de la apertura de la investigación, el alcalde remitió al Ministerio Público un escrito de alegaciones, de fecha 27 de febrero de 2015, negando que el vivero fuera propiedad municipal, aunque admitió que sí lo era la parcela, un “erial” que se encontraba en estado de “absoluto abandono”.

Por ello, según el denunciado, alcanzó en 2008 un acuerdo verbal con el propietario de un vivero colindante por el que le permitía hacer uso de ese solar para limpiarlo y acondicionarlo y convertirlo en su almacén, a cambio de que aportara todos los años las flores y macetas para las fiestas patronales y con la condición de que lo dejara libre cuando fuera necesario.

El alcalde, según alegó, desconocía que ese acuerdo verbal, por su “escasa trascendencia”, debiera tramitarse administrativamente, y negó que se haya enajenado propiedad alguna del Ayuntamiento, que además no ha sufrido, en su opinión, ningún perjuicio.

Sin embargo, el Ministerio Público le advierte de que el Ayuntamiento era titular de la parcela y señala que el denunciado, “con pleno conocimiento de ello”, la cedió, siendo un bien de titularidad pública, “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

Por ello, considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación, ya que el denunciado “ha obviado los principios que rigen la contratación administrativa sustituyéndolos por su propia voluntad adjudicando el uso de un bien de propiedad municipal a quien él estima conveniente”.

Esta circunstancia, según la Fiscalía, “ha podido redundar además en un perjuicio para el Consistorio”, razón por la que interpuso denuncia contra Fermín García.