El alcalde de Granada alega que siguió instrucciones y que no se trata de un caso de corrupción

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha declarado este lunes como investigado ante el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que indaga si como delegado provincial de Economía e Innovación de la Junta usurpó las funciones de los funcionarios que por ley tenían atribuida la realización de las inspecciones para cursos de formación en Economía Social, y ha confiado en que se archive la causa, señalando que no se trata de un caso de “corrupción” y que únicamente dio cumplimiento a las instrucciones procedentes de la Dirección General.

Cabe recordar que el instructor le ha citado a declarar tras una denuncia interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y al entender que, como delegado de Economía e Innovación de la Junta en Granada, “habría efectuado la ilícita contratación” de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los Cursos de Formación Profesional para la Economía Social en esta provincia durante los ejercicios 2010 y 2011 “de forma injusta y arbitraria”.

En declaraciones a los periodistas tras concluir su declaración, que se ha prolongado por espacio de apenas 30 minutos, Francisco Cuenca ha señalado que ha venido a Sevilla “a colaborar para que esto se esclarezca lo antes posible”, aunque ha aseverado que “todavía no sabe qué hace aquí”, ya que los delegados del ramo “sólo verifican unas instrucciones de la Dirección General y una tramitación de órganos técnicos”.

La denuncia parte del SAF, “que entiende que las tareas las tenían que haber hecho ellos en vez de una consultora”, de manera que “es una cuestión administrativa”, ha puesto de manifiesto el primer edil, que ha insistido en que “aquí no hay corrupción”, por lo que “nada puede poner en duda mi gestión en este caso”. “Estoy deseando volverme a Granada para seguir trabajando y defendiendo Granada”, ha afirmado.

CONTRATO DE MENOS DE 12.000 EUROS

Al hilo, Cuenca ha subrayado que “las instrucciones vienen de la Dirección General con el objeto de hacer un seguimiento de una serie de acciones formativas y jornadas que había”, y en concreto de las condiciones del espacio donde se hacían y de la asistencia a las mismas, agregando que, en el caso de Granada, “existe un contrato menor, de menos de 12.000 euros”.

“No hay más”, ha expresado Francisco Cuenca, que ha indicado que, en su caso, entendía que el mismo “parecía ajustado, contaba con todos los informes preceptivos, con instrucciones de la Dirección General y en este caso de la Jefatura de Servicio”, por lo que “evidentemente se le da trámite”, ha señalado.

“Ese es mi único papel, y ahora me dirán a mí dónde están el motivo y las razones para poner en cuestión mi honorabilidad y honestidad”, ha insistido el primer edil granadino, que ha puesto de manifiesto que el sindicato denunciante “entiende que las tareas las tenían que haber hecho en vez de una consultora”.

“USO TORTICERO” DEL CASO

Para concluir, ha criticado que desde algunos sectores se haga un “uso torticero” de la causa y se intente vincular la misma con la relativa a las irregularidades en los cursos de formación, aseverando que esta denuncia “no tiene nada que ver con los procedimientos de los cursos de formación que tanto recorrido han tenido y que han dañado la imagen de mucha gente”.

“Creo que, intencionadamente, algún partido político ha hecho alguna vinculación” con la causa de los cursos de formación, pero el caso que se sigue tras la denuncia del SAF “no tiene nada que ver, ni hay ningún caso de corrupción en ese sentido”. “Aquí no se está poniendo en duda el buen uso de los fondos públicos”, ha zanjado.

En un auto, el magistrado relata que en 2010 y 2011 se llevó a cabo la adjudicación directa de los servicios a través de dos instrumentos calificados como 'Memoria Justificativa', “articulados como un contrato menor de servicios, y en los que no se distingue a qué cursos deben destinarse los servicios contratados, sin que conste como tal el contrato administrativo, concertándose ambos de manera fraccionada y consecutiva”.

Según precisa, el contrato menor correspondiente al ejercicio 2010 tendría un valor económico de 12.412 euros (IVA incluido) y el de 2011 de 12.000 euros (IVA incluido), “atribuyéndose así la detentación de funciones públicas a las empresas contratistas 'Eca Grupo Bureau Veritas' (2010) y 'CRL Consultores y Asesores Asociados, S.C.A.' (2011) de forma injusta y arbitraria”.

OTROS EXALTOS CARGOS INVESTIGADOS

A juicio del juez, esta “detentación” se habría materializado en el empleo de documentación administrativa “consistente en modelos de Actas e Informes oficiales, posteriormente presentados ante la Administración por las entidades contratistas en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas”.

Además de al alcalde de Granada, el juez ha citado a declarar como investigados entre noviembre y diciembre a otros nueve exaltos cargos de la Consejería de Economía e Innovación, como son la ex jefa de servicio de Economía Social de la Delegación Provincial de Málaga Marta González del Valle; la exsecretaria general de la Delegación de Málaga Isabel Gálvez, y el ex jefe de servicio de Economía Social de la Delegación de Jaén Miguel Ballesta.

Asimismo, y tras la denuncia interpuesta por el SAF por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación, el juez ha citado como investigados a los que fueran jefes de servicio de Economía Social en las delegaciones de Sevilla, Carmen Béjar; Huelva, Luis Felipe Solana, y Córdoba, Damián Cánovas, así como a los exsecretarios generales de la Delegación de Cádiz Julio César Fernández y Rafaela María Repullo y a la ex delegada del ramo en Cádiz Angelina María Ortiz.