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Así fue la “concatenación de errores” que llevó a pensar que Motril tendría un nuevo CIE

Interior rehabilita un antiguo cuartel en Motril

Javier Ramajo

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Una “concatenación de errores” o de desgraciados acontecimientos“ fue lo que llevó el pasado viernes a la ministra portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, a decir que se adecuarían las dependencias del antiguo acuartelamiento aéreo de Motril (Granada) como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Así justifican fuentes oficiales del Ejecutivo de Pedro Sánchez el hecho de que Celaá dijera tras el Consejo de Ministros que el Acuartelamiento del Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA-9) se convertiría en CIE en virtud de unas obras por importe de 3,3 millones “cuando no es así”, aclaran las fuentes. “Lo que se llevó al Consejo de Ministros fue una toma de razón, una figura administrativa establecida cuando se activa un mecanismo de contratación por urgencia”.

“En marzo del año pasado el anterior equipo de Inyerior hizo una declaración de urgencia de 3,3 millones para transformar unas antiguas instalaciones militares en un centro para inmigrantes pero se encontró con una gran contestación vecinal y también del Ayuntamiento. Se paralizó pero en todo caso tiene que hacerse el trámite de toma de razón, ya que la ley estipula que en 30 días hay que llevarlo a Consejo de Ministros”, explican las fuentes. “No se había hecho así”, dicen las fuentes, que narran la “sorpresa” de los actuales dirigentes de Interior. “Alguien le dijo a la ministra portavoz que había que destacarlo y se lió”, añaden las fuentes.

El Ayuntamiento de Motril ya se opuso a la instalación de un centro para inmigrantes y paralizó las obras por falta de licencia. En junio, y pese a teóricamente estar paralizadas, los vecinos denunciaron “obras encubiertas”. La alcaldesa, Flor Almón (PSOE) insistió el viernes en que con Gobierno del PP dejaron “muy claro” que no iban a permitir la construcción de un CIE en Motril y que mantenían esta posición.

“No se va a mover una sola piedra”, insisten, pero se trataba de un “trámite administrativo obligado” que había que hacer pese a que “el anterior equipo no se gastó ni un euro porque cuando lo plantearon se le echó la gente encima y se paró”, inciden.

Las fuentes añaden respecto a los CIE en general que “se está trabajando para reformularlos”, asumiendo que “tiene que haber algún ente que se encargue de las expulsiones decretadas por vía administrativa pero menos lesivo para las personas inmigrantes y con un mayor respeto a los derechos humanos”.

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