El inicio del curso recrudece los conflictos laborales con la Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía sufría la pasada semana el varapalo de ver derogado el decreto ley por el que los funcionarios iban a poder contar su tiempo como interinos en la antigüedad para concursos de traslado o promoción interna, una medida que no las tenía todas consigo porque hasta los sindicatos están muy divididos. La decisión del Parlamento de Andalucía (merced a los votos del PP-A y Podemos), obligará, según la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a parar la oferta pública de empleo (OPE) de este año hasta solucionar el entuerto.
Esta respuesta ha tenido otro capítulo en la conflictividad laboral en la Junta de Andalucía, marcada los últimos años por las consecuencias de los recortes que han venido ordenados por el Gobierno de la Nación. Desde la limitación de cobertura de vacantes o bajas en lo que se conoce como tasa de reposición, o la eliminación de pagas extra, hasta leyes que han tenido como consecuencia la liquidación de un empleo que hasta el momento era público, pasando por el tijeretazo en la financiación de programas que suponían muchos puestos de trabajo casi permanentes.
De hecho, el mayor impacto se ha debido a la reducción de los entes instrumentales y a las exigencias que se han impuesto sobre los que se han mantenido. Son conflictos laborales que se han recrudecido las últimas semanas y que son básicamente consecuencia de dos leyes claves del Gobierno del PP: la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (conocida como reforma local) y la Ley 15/2014 de Racionalización del Sector Público y otras Medidas de Reforma Administrativa.
Los ALPE
En 2012, la Junta de Andalucía despidió a los 787 agentes locales de promoción de empleo (ALPE) que había como resultado del plan de reorganización de sus entes instrumentales, impuesto por el Gobierno de la Nación y que ha conllevado la supresión de las 95 unidades territoriales de empleo, desarrollo local y tecnológico (utedlt) donde trabajaban, en algunos casos con una antigüedad desde 1995.
En febrero de 2014, comenzaron a recibir a su favor las primeras sentencias del Tribunal Supremo (TS) declarando nulos sus despidos tras dos años de calvario por los tribunales. Tal y como van pronunciándose los tribunales, la Junta de Andalucía tendrá que readmitirlos a todos, y dice que lo hará conforme vayan llegando las sentencias firmes, porque entretanto recurre todo lo que puede.
En estos momentos, ya tienen a su favor 327 sentencias de despido nulo, de las que 196 son firmes. De momento, sólo se han ejecutado la readmisión de 10 ALPE en Almería, 39 en Cádiz, 16 en Córdoba y 9 en Jaén, lo que muestra que la cosa va lenta pues apenas representa la décima parte. Porque va a costar caro. De hecho, por falta de disponibilidad presupuestaria, se aprobó un expediente de crédito por 27 millones de euros para dar respuesta a estas sentencias firmes.
La lentitud en cumplir se debe a que las sentencias del TS que se pronuncian en esa línea “son declarativas de derecho, pero no ejecutables, por lo que hay que esperar a las resoluciones judiciales firmes de cada uno de los juzgados de lo social, que confirmarán esa nulidad y especifican los términos de readmisión”, en palabras del consejero de Economía, Empleo y Comercio, José Sánchez Maldonado.
De esta forma, el pasado mes de mayo se comunicó la readmisión de todos los ALPE y se pasó a los servicios jurídicos, pero llegó una nueva sentencia del TS, aclarando la anterior, “que dice que deben reincorporarse al puesto donde estaban trabajando cuando eran despedidos”. En este sentido, el consejero ha dicho: “Los servicios jurídicos nos dijeron que no se puede proceder a la readmisión en esas condiciones”. José Sánchez Maldonado ha reiterado que “hay voluntad política para solucionar estos problemas”. Pero ha precisado también que “la integración en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) del personal de las Utedlt debe producirse, con otras funciones y otro lugar geográfico”.
En la última comisión parlamentaria de Economía, Empleo y Comercio, todos los grupos de la oposición (PP-A, Podemos, C's e IU) exigían una solución “global e inmediata”última comisión parlamentaria de Economía, Empleo y Comercio, para los ALPE, que pasa por su readmisión. IU va más allá y entiende que la Junta de Andalucía “podría estar cometiendo una posible malversación de fondos públicos”, toda vez que “lleva más de un año gastando 70.000 euros en estos litigios”, por lo que si no se da solución ya, se irá “a la vía de lo penal buscando responsables”. También Podemos estudia esta salida.
Los asesores Memta
Su caso es parecido. Llevan casi tres años pleiteando con el SAE estos trabajadores contratados como personal laboral de la Junta de Andalucía en 2008 por una oferta pública de empleo para el plan Memta (Medidas Extraordinarias para la Mejora de la Empleabilidad) financiado por el Gobierno de la Nación. Hasta el 31 de diciembre de 2012, cuando los 413 que ofrecían orientación laboral en las oficinas del SAE fueron despedidos, toda vez que el Gobierno de la Nación cerró el grifo para financiar sus contratos.
Tienen a su favor sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del TS, que dependiendo de los casos, obligan mayoritariamente a su readmisión, pero el SAE se niega por varias razones. Primero, porque ha tenido que asumir los más de 1.500 empleados de la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo de Andalucía (Faffe), un organismo investigado en el fraude de la formación. Segundo, que el coste de esta plantilla pondría en riesgo el déficit presupuestario. Y tercero, que básicamente no hay plazas en la relación de puestos de trabajo. Tenía como cuarto argumento el SAE que había perdido las competencias en materia de formación porque habían pasado a la Consejería de Educación, pero ya le han sido devueltas con la nueva legislatura. Su última gran protesta la protagonizaron en la investidura de Susana Díaz.
Los orientadores laborales
Se trata de un conflicto laboral más externo, por cuanto que no son contratados por la Junta de Andalucía. En este caso son trabajadores del programa Andalucía Orienta, contratados a través de entidades colaboradoras desde hace más de una década, pero llevan un año parados. Este miércoles se manifiestan a las puertas del Palacio de San Telmo, como ya hicieran el pasado año por estas fechas, llegados de toda Andalucía y convocados por la Asociación de Profesionales Andaluces de Orientación Profesional (APAO).
Exigen desde hace más de un año la continuidad de este programa y la profesionalización de su actividad. Esto después de que el 25 de septiembre de 2014 cerraran todas las unidades del Andalucía Orienta, colofón de una reducción paulatina que llevaba meses produciéndose. Esperan la convocatoria desde mediados de agosto del año pasado como quedó recogido en el Decreto-ley 6/2014 por el que se aprobaron los planes Emple@Joven y @mprende+ donde entrarían a jugar su papel como orientadores laborales.
El presidente de la APAO, Mario Peña, ha señalado que la Junta de Andalucía “está poniendo a no profesionales a hacer este servicio”. Temen que los cambios con la nueva convocatoria supongan dar cabida a otros cuando ellos quieren “la profesionalización de la orientación laboral con un proceso de selección trasparente y una bolsa”. Entienden que, tras pasar cada convocatoria por duros procesos de selección y demostrar con años de experiencia su profesionalidad, se merecen que haya oposiciones. “Si saliera una RPT para orientadores laborales, si se creara un cuerpo, sería el objetivo cumplido máximo de nuestra asociación”, remacha.
El Infoca
Centenares de trabajadores del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales (Infoca) se manifestaban la pasada semana en el Parlamento de Andalucía. Son trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El secretario general de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) de UGT Andalucía, Emilio del Pino, explica que están “en unas condiciones deplorables, y tanto es así que los 5.000 trabajadores que tiene la Amaya son los únicos empleados públicos que están sin un convenio colectivo que las regule”.
Precisamente, el pasado 2 de septiembre, se aprobó en la comisión parlamentaria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio una proposición no de ley (PNL) presentada por el PP-A que entre otras cosas insta a la Junta de Andalucía que se cambie la categoría de los trabajadores del Infoca a bomberos forestales, el único punto de la PNL que contó con el respaldo unánime de los cinco grupos con representación. El PSOE-A insiste en la necesidad de reclamar que el Gobierno de la Nación elimine la tasa de reposición, pero el PP-A replica que el 10% vigente el pasado año no se cubría.
Este colectivo habla de “desidia” por parte de la Consejería y pone el ejemplo de más de dos meses sin director gerente en la agencia tras la marcha del anterior cargo. Esta situación de “total desgobierno” que, según ellos, impide poder solucionar asuntos pendientes tales como la ampliación de la ultraactividad de los convenios colectivos; la “estabilidad los trabajadores indefinidos no fijos, en fraude de ley y eventuales”; la puesta en marcha de jubilaciones parciales acordadas en el Plan de Ajuste de 2014; o “el reconocimiento inmediato de la categoría de bombero forestal” para todo el personal que participa en el dispositivo Infoca, igual que la cobertura de las vacantes en este cuerpo.
El conflicto se ha convertido en una constante en las relaciones con el personal del Infoca. Basta con recordar la acampada que durante meses protagonizaron a las puertas también del Parlamento de Andalucía para exigir la cobertura de vacantes en la dura campaña de verano.
La plantilla de los consorcios escuela
Puestos en marcha en 1991, los consorcios escuela llevan tres años de incertidumbre. Por fin parecen ver la luz porque el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 15 de septiembre un decreto ley por el que los 10 que han sobrevivido -eran 14- se integrarán en el SAE, lo que deberá garantizar su viabilidad toda vez que su funcionamiento como había sido hasta el momento no se podía mantener por cambios en las leyes.
Son 167 los trabajadores que llevaban a la espera de una solución, que todavía no se ha ejecutado, después de meses sin cobrar. De hecho, hay casos de año y medio desde la última nómina, a lo que hay que sumar los más de 5.000 alumnos que esperan las clases, después de que el curso pasado sólo en uno de los 10 consorcios escuela hubiera clase.
La controversia se originó con las limitaciones que las nuevas leyes estatales del sector público y de la reforma local que limitaban la participación de los consistorios y diputaciones en los mismos. De hecho, las entidades locales tienen prohibido participar en consorcios cuya finalidad no coincida con sus competencias, y la formación para el empleo no lo es. De acuerdo con el nuevo modelo, ya no dependerán de la subvención cada año de la Junta de Andalucía, sino que será la propia administración la que asegure directamente la continuidad de su oferta.
