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Elecciones Andaluzas 2018

La polémica del impuesto hipotecario desata una carrera de rebajas fiscales para las elecciones andaluzas

La presidenta Susana Díaz prometió "un paquete de medidas" para compensar a los afectados por la decisión del Supremo, antes de que Pedro Sánchez anunciase la reforma legal para que la banca pague la tasa de las hipotecas

El portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, promete eliminar este impuesto que recauda la Junta y el líder del PP, Juanma Moreno, anuncia que devolverá el dinero a los ciudadanos si gana los comicios y lo reducirá al mínimo

Moreno espera que Susana Díaz "aclare muchas cosas y diga toda la verdad" en el Senado y que "no tape la corrupción"

El líder y candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, junto a Juan Ignacio Zoido.

El debate sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en los días previos a la campaña electoral en Andalucía ha desatado una repentina carrera desfiscalizadora entre partidos, que compiten apresuradamente por "compensar" a los ciudadanos frente a la banca. 

El Tribunal Supremo ha resuelto que sean los clientes y no los bancos quienes paguen esta tasa, una decisión que ha generado la indignación ciudadana y el rechazo de todas las fuerzas políticas. En Andalucía, además, ha lanzado a los candidatos a rentabilizar ese clamor popular prometiendo rebajas fiscales o devolución de facturas que corrijan un impuesto que, hace sólo cuatro meses, se sometió a debate en el Parlamento y no hubo consenso para modificarlo. El trasfondo de este debate es casi un calco del que se ha vivido en esta legislatura con la polémica rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones, una reivindicación de PP y Ciudadanos que finalmente hizo suya el Gobierno socialista de Susana Díaz.

Ahora, a una semana para que arranque la campaña del 2 de diciembre, los populares y la formación naranja prometen la supresión o la "reducción a la mínima expresión" de la llamada tasa hipotecaria (que también gestiona la Junta). Díaz ha respondido anunciando que su Gobierno aprobará, en 24 horas, "un paquete de medidas" para paliar el impacto de la decisión del Supremo sobre los ciudadanos, aunque hace un año ella misma ordenó a la consejera de Hacienda y hoy ministra, María Jesús Montero, subir un punto esta misma tasa para beneficiarse de la reactivación del mercado inmobiliario y del aumento de escrituras hipotecarias en Andalucía, y obtener así una mayor recaudación. La promesa de la presidenta de la Junta, además, se ha adelantado unas horas al anuncio de Pedro Sánchez de reformar la ley para que sean los bancos quienes paguen la citada tasa, enmendando así la polémica resolución del Alto Tribunal.

600 millones de recaudación

El lío jurídico-político en torno al impuesto de las hipotecas se ha convertido enseguida en materia de promesa electoral para casi todos los grupos que compiten por la Presidencia del Gobierno andaluz en los comicios del 2D. Tiene sentido, porque mientras el Supremo y el Gobierno de España discrepan sobre si este impuesto hipotecario lo paga la banca o el cliente, lo único claro es que quienes fijan el gravamen y lo cobran son las comunidades.

El AJD es un impuesto sobre la escritura notarial que se paga cada vez que se firma una hipoteca. Forma parte del paquete de impuestos que el Gobierno central ha cedido a las comunidades, de modo que su cuantía varía en función de dónde se firme la hipoteca. Oscila entre el 0,5% y el 1,5% de la responsabilidad hipotecaria (Andalucía recauda el tope máximo) y representa una media de 3.000 euros para el comprador de una vivienda (el 70% de todos los gastos de la hipoteca: notaría, registro, tasación y gestoría).

Es un impuesto que también pulsa el ritmo de la compraventa de viviendas en un territorio y que durante los años del boom inmobiliario reportó grandes ingresos a las comunidades, junto a la tasa sobre transmisiones patrimoniales (ITP), que grava la compraventa de viviendas de segunda mano. En 2007, cuando pincha la burbuja del ladrillo, la recaudación por dichos impuestos cayó por primera vez un 8,5%, según datos del Ministerio de Hacienda. 

El tipo general rozó mínimos en 2012, en plena crisis, cuando el mercado inmobiliario estaba prácticamente parado y no se vendían pisos. Con el tránsito empinado hacia la recuperación y viendo que se reactivaba la compraventa de viviendas, la Junta volvió a aumentar el tipo impositivo en Andalucía del 1 al 1,5% actual. En los últimos cuatro años, según datos de la Consejería de Hacienda, se han recaudado 600 millones de euros a través del impuesto hipotecario, que pagan en torno a 300.000 personas. Sólo el año pasado, la Junta ingresó 173,6 millones por este gravamen. 

Los jueces del Tribunal Supremo decidieron el martes corregir una sentencia firme de la Sala de lo Contencioso Administrativo que había resuelto a favor de que el impuesto hipotecario lo pagaran los bancos. Tras una votación muy ajustada, los magistrados restituyeron el statu quo y sentenciaron que esta tasa debían seguir pagándola los clientes. El miércoles compareció de urgencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar que el próximo Consejo de Ministros aprobará un decreto que obligue a las entidades financieras a asumir de nuevo el coste de este impuesto, "que nunca más volverán a pagar los ciudadanos".

Díaz cree que el PP busca con su comparecencia un "desahogo a su desesperación"

Susana Díaz, presidenta de la Junta. EFE

Entretanto, en una Andalucía en plena precampaña electoral, la presidenta de la Junta y candidata del PSOE, Susana Díaz, ha anunciado "un potente paquete de medidas" para compensar a los afectados que, tras el primer fallo del Supremo, confiaban en recuperar el dinero que pagaron del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Más prisa se dio el presidente y candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, que la semana pasada, antes de conocer la deliberación del Supremo, se comprometió a devolver el dinero del impuesto hipotecario a los andaluces si se convierte en el próximo presidente de la Junta. "Si soy presidente, mi Gobierno se lo devolverá a cada uno de los andaluces que lo hayan pagado, sin tener ni que pedirlo", dijo. Sin embargo, esta medida no aparece en el programa electoral del PP andaluz en las últimas elecciones autonómicas (2015).

Una moción de Ciudadanos

El impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que hoy está en boca de todos los partidos, no ha formado parte del debate político andaluz hasta hace unos meses. El pasado 5 de julio, el portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, defendió en el Pleno del Parlamento una moción de su grupo que reclamaba a la Junta una rebaja fiscal global de todos los impuestos con competencias autonómicas (IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados...). Este último, al suponer menor cuantía para el contribuyente y menor recaudación para la Junta, ocupó menos espacio del debate.

La formación naranja no reclamaba su eliminación total, como con el impuesto de sucesiones, pero sí pedía "una deducción del 100 por 100 del impuesto, con un límite de 1.500 euros para las primeras copias de escrituras notariales que documenten la adquisición de locales de negocio, siempre y cuando el adquirente destine el local a la constitución de una empresa o negocio profesional". Es decir, Ciudadanos no pedía una rebaja del impuesto para hipotecas de viviendas, sino de locales comerciales, como una forma de ayudar a la apertura de un negocio. La moción fue rechazada.

Ahora, tanto la formación naranja como el PP llevan en su programa electoral "una reforma fiscal total" o "una revolución fiscal", que pasa por una bajada de todos los impuestos autonómicos. La coalición Podemos-IU (Adelante Andalucía) no respalda en absoluto esta "carrera desfiscalizadora", no estuvo de acuerdo con la rebaja del impuesto de sucesiones, y acusó al Gobierno de Díaz de plegarse a los intereses de la derecha. Los socialistas, a priori, tampoco están cómodos con que sean las comunidades quienes carguen con estas rebajas fiscales.

El 70% de la recaudación de las autonomías corresponde sólo al IVA y al IRPF, dos tasas que gestiona el Gobierno central. "Los impuestos fáciles de recaudar y de comprender son del Estado, y los difíciles, los que la gente no entiende, los recaudan las comunidades. Estos últimos tienen una elevada tasa de litigiosidad, porque los ciudadanos discuten la base imponible", se quejaba el consejero andaluz de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, en una reciente entrevista con eldiario.es/andalucia.

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La firma de una hipoteca en Madrid, Murcia o Canarias "cuesta cien veces menos que en Andalucía", dice Cs, porque el impuesto allí es muy inferior. Ramírez de Arellano cree que este tipo de tasas deben sacarse de la bolsa de impuestos cedidos a las comunidades y homogeneizarse en todo el territorio. Es lo que defendía su predecesora, la ministra María Jesús Montero, para el impuesto de sucesiones, con objeto de evitar el dumping fiscal (o competencia desleal) entre comunidades ricas y pobres. Si Andalucía rebajase al mínimo ese impuesto, tendría que prescindir de 150 millones de euros de media al año, un esfuerzo presupuestario mucho mayor para una comunidad con una renta media cinco veces inferior a la de Madrid. Si, en cambio, es el Estado quien suprime esta tasa, tendría que compensar a las regiones que ahora lo recaudan, como ya ocurrió con el impuesto de depósitos bancarios en Andalucía.

La reflexión que hacía Ramírez de Arellano sobre la eliminación del impuesto de sucesiones vale ahora para abordar el debate electoralista que se ha precipitado en torno al impuesto hipotecario: "Por este camino se busca una competencia a la baja con los impuestos, pero no se explica de dónde se recorta para cubrir esa caída de ingresos. La derecha, la economía neoliberal, siempre busca atacar el cachito de ingresos públicos que les molesta, sólo ese cachito. Genera un discurso tremendista en torno a un impuesto, lo debilita y cataclás. Pero no explicamos que detrás de los ingresos públicos están los servicios públicos. No se puede impartir justicia fiscal con los impuestos, es mejor pensar en la redistribución de la riqueza", afirmó.

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