VÍDEO: Un onubense pide que su paraplejía se considere “gran dependencia”

Guillermo Pons García, un hombre de 60 años de edad vecino de Cartaya (Huelva) es parapléjico. Vive solo, necesita la lógica ayuda de una persona en su situación. La Ley de Dependencia, que le tiene acreditada una minusvalía del 92 por ciento, le concede 8 horas de ayuda en su casa de una asistenta al mes. Así lleva desde 2008, y una fractura en una pierna ha hecho que ahora, lo que era una tramitación, se convierta en un ruego.

Desde la Junta de Andalucía no se encuentra una explicación concreta a tal diferencia del baremado con respecto a la ayuda concedida, pero sí ponen el acento en que cuando realizó una primera valoración (en 2010), Guillermo era una persona que se valía por sí misma con cierta soltura. Posteriormente sus circunstancias personales han cambiado, con el fallecimiento de su madre en 2011 y la fractura en la pierna de hace dos semanas. El Ayuntamiento de Cartaya, por su parte, remite el caso a la Junta de Andalucía, como responsable de la baremación.

Guillermo Pons ha recurrido incluso al Defensor del Pueblo Andaluz para pedir su amparo, todavía sin respuesta, como ha adelantado el digital HuelvaCosta. Es cierto que su casa en la Urbanización Urverosa de la playa cartayera de El Rompido está plenamente adaptada para que una persona se mueva en ella en silla de ruedas, “pero desde que me rompí la pierna, la única ayuda que tengo, hasta para ir al baño, es la de un vecino, que además está enfermo de parkinson, pero que incluso hoy -por este miércoles- ha tenido problemas personales, y ni siquiera me ha podido venir a ayudarme a eso, a lo básico”.

A los problemas diarios que una persona parapléjica tiene que afrontar a diario, se une ahora la fractura en la pierna: “Desde que me atiende mi vecino por la mañana, me paso el día entero en la cama, sin que nadie me pueda ayudar, y sé que hay personas en mi misma situación que tienen mucha más ayuda, más horas de gente en casa, mientras que yo no la tengo”. La situación la intentan paliar en la medida de lo posible sus propios amigos de forma voluntaria, aunque él entiende que si hay una Ley que garantiza la cobertura de su situación, es la que se tiene que encargar de ello.

Baremación de 1,6

Fuentes de la delegación de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía han explicado a eldiario.es/andalucia que se trata de un proceso que, efectivamente, Guillermo Pons inició en 2008, con el fin de contar con ayuda pública para su día a día. No obstante, recuerdan que el baremo lo concede la Junta, mientras que el servicio de ayuda a domicilio lo aporta la Diputación de Huelva, al ser Cartaya un municipio de menos de 20.000 habitantes. También van por separado la valoración de la discapacidad y el baremo de la ayuda. Guillermo tiene reconocida una discapacidad del 92 por ciento, aunque la ayuda la tiene concedida en función de un baremo de 1,6 (se calcula de 0 a 3).

En este caso, la primera solicitud de ayuda la tramitó en 2008, y en 2010 se le reconoció el 92 por ciento de discapacidad. A pesar de ello, una visita de los técnicos de la Junta a su casa sirvió para comprobar que la vivienda estaba adaptada para él, y que tenía soltura para desenvolverse, con ayuda de su madre en casos puntuales. Cuando su madre falleció en 2011, la Junta asegura que no pidió una revisión de sus condiciones.

Tramitación de urgencia

El pasado enero él asegura que solicitó una nueva valoración. Aún no había sufrido la rotura, y los baremos no se modificaron. “No es un gran dependiente, condición indispensable para que se le aumente la ayuda”, señalan las mismas fuentes, que sí indican que una vez que se ha conocido el tema, se ha iniciado una tramitación de urgencia para ver si algo ha podido fallar en este proceso.

Desde la Junta se admite que “si se ha partido la pierna y ha fallecido su madre, entra en una nueva situación, que no ha comunicado -él afirma que sí lo ha hecho-, de modo que la solicitud se ha reactivado”.

Como medida más urgente, la Diputación de Huelva, a instancias del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Alexis Landero, ha realizado un baremado de emergencia, y se le han concedido 22 horas al mes de asistencia domiciliaria.

Se espera que en unos 15 días se tenga ya terminado el nuevo estudio de la Junta. De su resultado puede depender que la Junta le aumente considerablemente el nivel de dependencia, aunque ello implique que se le retire la ayuda de la Diputación, incompatible con una gran dependencia.