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La comunidad gitana rumana sufre "invisibilización social" por el "desinterés" de las autoridades

Un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) para la ciudad de Córdoba denuncia una "paulatina reducción de programas de carácter social integral" de atención al colectivo.

Esta situación genera "una menor atención y conocimiento de sus necesidades reales, cada vez más ajenas a la administración".

La comunidad gitana rumana sufre "invisibilización social" por el "desinterés" de las autoridades

Portada del informe de la Delegación en Córdoba de la APDHA

Los inmigrantes de etnia gitana procedentes de Rumanía (gitanos rumanos, roms, romá o romaníes) establecieron los primeros asentamientos en Córdoba a partir de 2002. Trece años después, un informe sobre el acceso de esta comunidad a los derechos sociales en la ciudad destaca la "práctica invisibilización social" a la que está sometido, provocada por el desinterés de las autoridades. Además, sigue siendo "objeto de rechazo social, estigma y discriminación".

La Delegación en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que sigue de cerca la evolución del colectivo, tras una investigación de seis meses, cree que "son necesarias actuaciones de empoderamiento de los miembros de la comunidad, especialmente las mujeres, así como acciones de sensibilización social para la prevención de conductas racistas y xenófobas". APDHA considera en el documento que, a nivel local, la "paulatina reducción de programas de carácter social integral de atención al colectivo" genera "una menor atención y conocimiento de sus necesidades reales, cada vez más ajenas a la administración".

El documento rompe algunos mitos que afectan negativamente al colectivo. Por ejemplo, la creencia de que es una comunidad muy numerosa queda desmentida por el hecho de que está compuesta por apenas 400 personas (un 0,12% de la población de Córdoba). Asimismo, la imagen de personas nómadas no se corresponde con la realidad, puesto que el 77% de la población romá lleva más de tres años viviendo en Córdoba, y el 30% más de una década. "Éstas han sido dos de los argumentos más recurrentes a la hora de justificar la falta de políticas sociales específicas dirigidas a la integración del colectivo", que trata de desmontar el documento, presentado este jueves.

El informe realiza una aproximación al colectivo romá en Córdoba, recordando que el año 2005 supuso un hito en el protagonismo de este colectivo, por ser el comienzo de la realización de una serie de programas y proyectos de intervención por parte de las administraciones públicas y algunas entidades sociales que trabajaban con el colectivo en Córdoba. En su momento, fue considerado un colectivo de inmigrantes problemáticos, que en su momento forzó la atención de los poderes públicos y la intervención urgente de los mismos. Desde la APDHA y otros colectivos se instó a la creación de órganos de participación y decisión como el Consejo Local de Inmigración, y de planes de Inmigración (Plan Municipal de Inmigración de Córdoba 2006-2010).

Fue entonces cuando pasó a ser un colectivo objeto de atención tenido en cuenta por su especificidad y singularidad cultural como etnia gitana, señala el informe, pero el caso es que los roms "siguen sufriendo pobreza extrema, discriminación y racismo, la incomprensión de la población, el olvido y acoso de las autoridades, la curiosidad o el morbo de los medios, que ofrecieron una imagen poco ajustada de la realidad que provocaron posiciones xenófobas".

Según el documento, la política económica de austeridad y recortes en la mayoría de prestaciones sociales (sanidad, educación, prestaciones y subsidios de desempleo, tasas en la justicia, subida de precios de bienes básicos, vivienda, servicios sociales, reforma de la administración local) han provocado "un empeoramiento de la situación social de la población en dificultad social en general, especialmente de las personas inmigrantes y del colectivo romá con una particular incidencia, afianzándose su situación de marginalidad y exclusión en una sociedad donde cada vez tienen menor cabida".

El empleo, "la asignatura pendiente"

En el documento se trata de constatar que, a pesar de llevar más de una década residiendo en Córdoba y ser un colectivo de un número muy reducido, aún "existen muchos obstáculos en su acceso y ejercicio de derechos sociales básicos como educación, sanidad, vivienda, empleo, protección social y también en materias de documentación e igualdad de trato".

Sobre el acceso a la educación, dice APDHA que cada vez más se va haciendo efectivo el acceso de los menores a la educación infantil y primaria, y muy poco a poco a la secundaria, aunque se mantienen situaciones en absentismo, fracaso o abandono escolar. Existe "acceso pleno" en la atención primaria de la salud, no habiendo constatado casos de exclusión sanitaria, aunque hay "trabas administrativas para gestionar las tarjetas de asistencia sanitaria, cuyos plazos de vigencia son mínimos".

El empleo es la asignatura pendiente, destaca el informe, ya que "no cuentan como colectivo de atención preferente por su pertenencia a minoría étnica o por estar en situación de exclusión social". Trabajan para la supervivencia, empleándose en ocupaciones marginales de la economía sumergida, como la recogida de residuos y la mendicidad, entre otras, y ajustan sus necesidades a los reducidos ingresos. A pesar de su experiencia, no trabajan en empresas de residuos o en iniciativas empresariales relacionadas con el sector, relata APDHA.

Otro problema es que no tienen acceso a una vivienda digna. Existe discriminación en su acceso a vivienda de alquiler y no existen iniciativas, medidas ni actuaciones de la administración pública que promuevan su acceso a la vivienda, denuncia el informe. Un 80% de la población reside en asentamientos, sin agua ni saneamientos, y el resto lo hace en vivienda de alquiler en condiciones de falta de habitabilidad.

En cuanto a la protección social, los recursos que movilizan los servicios sociales y las organizaciones sociales para atender su situación de extrema necesidad giran en torno a las necesidades básicas para la supervivencia, ayudas y prestaciones económicas y en especie (alimentos). "Los programas específicos son importantes, aunque insuficientes", concluye el informe, y "se requiere mayor financiación, planes integrales de intervención hacia el colectivo y urgen medidas de choque en coordinación interadministrativa con la participación de los agentes sociales".

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