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El juez de las facturas falsas de UGT-A acepta la personación de la Junta de Andalucía

El juzgado notifica a las partes un CD con documentación entregada por las empresas registradas por la Guardia Civil

Manos Limpias y UPyD se habían opuesto por entender que no es una parte "perjudicada" en este caso

Exresponsable de compras de UGT, a disposición judicial por facturas falsas

Registro en el marco de la operación contra UGT-A.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha aceptado la personación de la Junta de Andalucía en la causa judicial donde se investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas, según han informado a Europa Press fuentes del caso. En este sentido, las mismas fuentes han precisado que el juez Juan Jesús García Vélez dictó una providencia el pasado día 18 de agosto, que ha sido notificado ahora a las partes, en la que tiene por personada a la Junta de Andalucía en el caso, algo a lo que se opusieron las acusaciones que ejercen UPyD y Manos Limpias.

UPyD se opuso a la personación de la Junta en calidad de "perjudicada" por entender que la administración autonómica "habría desempeñado un papel clave y activo en la trama delictiva que se investiga", por lo que "debieran ordenarse las imputaciones que correspondan de aquellas personas responsables de la gestión de los fondos presuntamente defraudados".

De su lado, Manos Limpias elevó un escrito al Juzgado en el que expresa su "oposición" a la personación de la Junta de Andalucía por considerar que la Administración autonómica es "cooperadora necesaria" del sindicato.

En el escrito, Manos Limpias solicitó al magistrado la "expulsión" del Gobierno andaluz del procedimiento por entender que "resulta más que evidente la participación dolosa de la Junta, y a través de sus más altos representantes, en los hechos criminales que se investigan".

Es más, en su opinión, la Junta de Andalucía "debería ser cuando menos imputada como cooperadora necesaria en la comisión de los graves hechos que se investigan", ya que considera que "resulta responsable al menos de una culpa 'in vigilando' y desde luego responsable civil subsidiario ante terceros perjudicados", entre los que cita a las "personas afectadas por los cursos" y al Fondo Social Europeo de la UE "al que se le han defraudado fondos, sin el más mínimo escrúpulo, con el consentimiento de la Junta de Andalucía".

El Gobierno andaluz anunció a través de un comunicado que solicitaría su personación como parte perjudicada en la causa, ya que "de la información disponible se desprende un posible menoscabo de la hacienda pública autonómica", apuntó entonces el Ejecutivo andaluz, que detalló que su personación en la causa persigue ejercer las acciones que procedan para la recuperación del dinero presuntamente defraudado.

De otro lado, y según las fuentes consultadas por Europa Press, el Juzgado ha notificado a las partes personadas en el procedimiento un CD en el que da traslado de la documentación aportada por las distintas empresas que fueron objeto de registros por parte de la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación 'Cirene' desarrollada el pasado mes de junio.

En esta causa hay un total de 16 imputados y todos ellos quedaron en libertad con cargos por presuntos delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en subvenciones tras ser detenidos por la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la denominada operación 'Cirene'.

Entre los imputados figuran el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda, que fuera responsable de las finanzas del sindicato; Dolores Sánchez, como responsable de compras de UGT-A, y María Charpín, que ocupó el puesto de secretaria de Gestión Económica.

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