Mercedes Alaya dice que la Junta de Andalucía creó “una red de clientelismo político”
La jueza Mercedes Alaya considera que la Junta de Andalucía habría creado “una red de clientelismo político” a través de la formación, según expone en los distintos autos de imputación de los distintos ex delegados de Empleo detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación Barrada por el presunto fraude en en cursos financiados por la administración. La titular de Instrucción número 6 de Sevilla pone de manifiesto que, desde la Consejería de Empleo, se impartían “órdenes” a las distintas delegaciones “para que no se controlaran el dinero” destinado a la formación, “creando de esta forma una red de clientelismo político”.
La jueza ha dejado en libertad con cargos en las últimas horas a los primeros ocho detenidos -son 16- que han comparecido, la última de ellas la hasta ahora delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Aurora Cosano, que se ha negado a declarar. Le ha imputado delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.
También han quedado en libertad con cargos la exdelegada de Empleo en Granada y actual directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Marina Martín Jiménez, cuyo abogado ha defendido su “absoluta inocencia”; la exdelegada de Empleo en Almería Francisca Pérez Laborda; y la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, María de la O Ustarán, para quien la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de más de seis millones de euros. Estas tres también se han acogido a su derecho a no declarar.
Hay que recordar que la instructora dejó en libertad con cargos la madrugada de este miércoles a las exdirectoras generales de Formación Profesional para el Empleo María José Lara -para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de más de un millón de euros- y María Teresa Florido; a la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete; y a la exdirectora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela. María Teresa Florido, para quien la fiscalía no pidió ningún tipo de medida cautelar, es cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda, también imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
Los ex altos cargos arrestados
Hasta 13 de los detenidos son altos cargos o ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los hasta ayer delegados provinciales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente, quienes fueron inmediatamente apartados de sus funciones tras conocerse sus detenciones.
En el marco de esta operación, los agentes de la Guardia Civil han detenido también al exdirector general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez, y al exdirector general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes. También hay detenidos siete exdelegados provinciales de Empleo, como son el de Sevilla, Antonio Rivas, también imputado en el caso ERE; Cádiz, Juan Bouza; Málaga, Juan Carlos Lomeña; Córdoba, Antonio Fernández; y las citadas de Almería, Jaén y Granada. En Málaga también se detuvo al exdirector gerente y a la presidenta de la UTE gestora de Ciomijas, mientras que en la provincia de Huelva fue detenida también la exdirectora gerente del consorcio Formades.
En un auto dictado el pasado 20 de enero, la jueza declaró el secreto de sumario parcial de las actuaciones ante la “gravedad” de los hechos y tras detectar distintas “bolsas de fraude” que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe). Posteriormente, en un auto dictado el pasado 13 de febrero, la instructora amplió el secreto de sumario tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las “distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma”.
