La plataforma ciudadana por la liberación de Maloma pide cortar las ayudas al Sáhara
Ni un céntimo más hasta que no regresen. La plataforma ciudadana para la liberación de las mujeres secuestradas en el Sáhara ha elevado el tono y le ha lanzado al Gobierno español una dura exigencia: congelar las ayudas “de carácter no humanitario” mientras no se solucione el problema con las jóvenes retenidas contra su voluntad en los campamentos de refugiados saharuis de Tinduf (Argelia).
Más de mil personas han firmado una petición por change.org para que el Gobierno español “proceda a cortar todas las formas de apoyo, institucionales, económicas y financieras, al Sahara y al movimiento de Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui hasta que Maloma, Darya y Nahjiba puedan ejercer libremente su derecho a regresar inmediatamente a España, como es su deseo”.
En el aniversario del secuestro de Maloma Morales, ciudadana española de origen saharaui secuestrada por su familia biológica, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) emitió un duro comunicado contra la autoridad saharaui. HRW denunciaba a comienzos de diciembre que “hasta ahora (el Frente Polisario) no ha tenido ni la capacidad, ni la voluntad política para garantizar que esta mujer sea libre de elegir si quedarse o irse”. La organización pudo hablar con Darya y Nahjiba, que le confirmaron “su deseo de regresar inmediatamente a España”.
La plataforma para su liberación cree, por esa razón, que el Gobierno español está manteniendo, con las ayudas de carácter no humanitario, una situación “que convierte en víctimas a mujeres mayores de edad de origen saharaui residentes en España”. “Víctimas de una sociedad patriarcal, tribal y machista que ejerce un tipo de violencia y discriminación contra la mujer por razón de sexo, que las considera 'propiedad' del hombre de la familia y las obliga a vivir una vida que ellas no han elegido”, añaden.
Los promotores de la recogida de firmas recuerdan que hay medio centenar de mujeres retenidas contra su voluntad en los campamentos, según estimaciones propias a partir de testimonios de familias de acogida, y responsabilizan tanto al Frente Polisario, por no salvaguardar los derechos fundamentales de sus ciudadanas, como al Gobierno español, al que exigen que dé “un paso adelante, como se ha hecho en casos anteriores, y que proceda a cortar todas las formas de apoyo, institucionales, económicas y financieras, al Sahara y al movimiento de Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui hasta que Maloma, Darya y Nahjiba puedan ejercer libremente su derecho a regresar inmediatamente a España, como es su deseo”.
Caso Mayuba
La plataforma ciudadana hace referencia al caso de Mayuba, una ciudadana española de origen saharaui, que fue secuestrada hace dos años por su familia biológica en los campamentos saharauis. La Diputación de Valencia, que había enviado al Sáhara más de 100.000 euros durante cuatro años, decidió congelar las ayudas hasta que no se la liberara. La decisión política consiguió acelerar su liberación, fin que persigue ahora la recogida de firmas. Desde la diputación valenciana se expresaron entonces con dureza, alegando que “no entendemos la ilegalidad que supone que a Mayuba le hayan retirado el pasaporte y el teléfono móvil” y que “no podemos cooperar con ningún país que no respalda los derechos humanos”.
En el caso de Maloma, el colectivo ve que la seguridad de la ciudadana española corre peligro, ya que su caso se ha convertido en una “causa nacional” y miembros de su familia biológica y de la tribu a la que pertenecen han anunciado en las redes sociales que “ella no tiene capacidad para decidir, que sólo pueden hacerlo sus hermanos y que jamás volverá a España”. Aseguran que “son miles dispuestos a morir por ella” y amenazan: “Maloma o muerte”“.
Por su parte, las familias de acogida se reunieron a principios de mes con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para informarles de esta violación de derechos humanos en la excolonia española. Recibieron el apoyo de los diputados y, según fuentes consultadas por este diario, las familias están “esperanzadas al ver una voluntad política de abrir nuevas vías operativas para que todas las mujeres retenidas recuperen sus derechos a decidir libremente”.
